La inminente prescripción de un proceso judicial por presunto lavado de activos amenaza con dejar sin resolución uno de los expedientes más voluminosos y complejos de la justicia colombiana, en el que se vincula a Salvatore Mancuso, excomandante de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), y al clan de la fallecida empresaria Enilce López Romero, conocida como “La Gata”.
La Procuraduría General advierte que, tras más de una década de investigaciones y dilaciones, el caso podría cerrarse en cuestión de meses, lo que abriría la puerta a la impunidad en ausencia de una verdad judicial, según advirtió Cambio.
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El proceso, que se tramita en un juzgado de Cartagena, involucra no solo a Mancuso —actual gestor de paz del Gobierno de Gustavo Petro—, también a su exesposa Martha Elena Dereix, a cuatro familiares de “La Gata” y a ocho de sus antiguos empleados.
La Fiscalía imputó a Mancuso en 2015, cuando aún se encontraba preso en Estados Unidos, por los delitos de lavado de activos y concierto para delinquir agravado, en calidad de determinador. Según la acusación, entre 2000 y 2010, se habrían canalizado fondos provenientes de las AUC hacia empresas controladas por los López Romero, como Unicat, Aposmar, Aposucre, Uniproducciones, Uniapuestas y Seguridad 911.
Las demoras procesales que tienen el caso en riesgo de impunidad
Cambio puntualiza que el origen del expediente se remonta a un informe presentado en 2011 por Martin Kaplan, entonces asistente del director regional de la DEA en Cartagena, basado en los testimonios de Deivis y Leonardo Rojas Zabala, exescoltas del hijo mayor de “La Gata”, Jorge Luis Alfonso López. Los hermanos Rojas señalaron a Mancuso como responsable de entregar, a través de terceros, grandes sumas de dinero en efectivo para las estructuras de “La Gata”, a quien identificaron como su testaferro. Posteriormente, Mancuso denunció a ambos por falso testimonio.
Sin embargo, la Procuraduría insiste en la gravedad de las demoras procesales: el procurador judicial Óscar Mauricio Guerrero manifestó en una audiencia celebrada el 5 de agosto de 2025 lo siguiente: “En este proceso los términos nunca estuvieron suspendidos y tuvieron una inactividad procesal de cerca de cinco años. Bajo esa premisa, yo nuevamente alerto al despacho para que se tomen todas las medidas del caso para que este asunto se adelante con todas las garantías, pero también con la celeridad que lleva a que el caso sea analizado con premura”.
El Ministerio Público subraya que las solicitudes de sometimiento a la JEP, que fueron rechazadas, no suspendieron los términos de la investigación, lo que agrava el riesgo de prescripción. El fiscal 46 para el lavado de activos, Carlos Vieda Silva, reconoció en una audiencia del 31 de marzo que la imputación se realizó hace más de diez años y que el proceso se encuentra “empantanado”.
Por ejemplo, las audiencias del 19 y 5 de agosto de 2025 no pudieron realizarse por la ausencia de los abogados de Héctor Julio Alfonso Pastrana (exesposo de Enilse López), Carmelo Erazo Tous (exgerente de Aposmar) y Omar de la Cruz Perdomo (excontador). El abogado de este último renunció el 5 de agosto. El 9 de junio, la audiencia volvió a fracasar por la inasistencia de los abogados de Erazo Tous y Dereix.
El 31 de marzo de 2025, la ausencia de otros tres abogados impidió la diligencia. El 25 de febrero del mismo año, la sesión se suspendió por la falta de claridad sobre la situación de los procesados ante la JEP, una situación que se ha repetido durante todo el año. El defensor de Dereix, Jaime Paeres, atribuye parte de las fallas a la gestión del juez, señalando que varios abogados no han sido notificados de las diligencias.
El “montaje” que denuncia Mancuso en el caso por el que podría ser condenado
La acusación formal contra Mancuso y “La Gata” sostiene que ambos desplegaron una operación para “dar apariencia de legalidad, ocultar, encubrir, administrar e invertir sumas de dinero provenientes de actividades del narcotráfico y del concierto para delinquir”, según la Fiscalía. El expediente, que llevó a la captura de 14 personas en 2014, es considerado el punto de partida del proceso de extinción de dominio sobre la fortuna ilícita del clan López Romero, estimada en 500 millones de dólares.
El proceso ha estado marcado por denuncias de irregularidades: Mancuso remitió un escrito en mayo a Cambio en el que calificó el proceso por lavado de activos en su contra y contra su exesposa como “un absoluto montaje”. Sostiene que los hermanos Rojas han admitido ser “testigos de oídas”, lo que, a su juicio, desvirtúa sus declaraciones.
El exjefe paramilitar también denunció la falsificación de un informe de la DEA, que, según él, pasó de tres folios a más de diez páginas de manera fraudulenta, y la inclusión indebida del nombre de su exesposa en un informe contable.
El expediente, que podría acarrear una pena de hasta 30 años de prisión para Mancuso si es hallado culpable, se encuentra en una fase crítica. La Procuraduría mantiene sus alertas ante la posibilidad de que el caso prescriba sin que se haya esclarecido judicialmente, mientras la justicia colombiana enfrenta el riesgo de que uno de los procesos más emblemáticos de lavado de activos vinculados al paramilitarismo quede sin resolución.
Los implicados en el expediente
- José Julio Alfonso López (hijo menor de “La Gata”).
- Héctor Julio Alfonso Pastrana (exesposo de Enilse López).
- Arquímedes García (hermano).
- Jorge Luis Alfonso (hijo mayor).
- Aleida Salazar Sepúlveda (exempleada).
- Carmelo Erazo Tous (exgerente de Aposmar).
- Omar Perdomo Fonseca (excontador).
- Félix Manuel Díaz Bobadilla (extesorero de Uniapuestas).
- Lisandro López Pastrana (exgerente de la empresa).
- Marisol Moreno Cárdenas (excontadora).
- Marta Elena Dereix (exesposa de Mancuso).
- Omar Alberto Patiño Rondón (exrepresentante legal de Unicat).
- Armando Carbonó Daconte (exdirector de Uniproducciones).
- Raúl Montes Flores (exescolta).
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