Estudiantes reclaman al Gobierno Petro por retrasos y bloqueos en los pagos del programa Renta Joven

El programa Renta Joven, gestionado por el Departamento de Prosperidad Social (DPS), atraviesa un escenario de incertidumbre que ha despertado inconformidad en amplios sectores estudiantiles.

Lo que comenzó como un mecanismo de apoyo económico para estudiantes de bajos recursos hoy está en medio de cuestionamientos por la falta de pagos, el bloqueo de nuevas inscripciones y la posibilidad de que sea reemplazado por otras iniciativas.

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Creado en 2012 bajo el nombre de Jóvenes en Acción, este plan buscaba entregar un incentivo económico a quienes cursaban estudios técnicos, tecnológicos o universitarios en instituciones públicas. Los estudiantes del Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) recibían transferencias de 400.000 pesos cada dos meses, mientras que quienes estaban en universidades estatales accedían a 800.000 pesos semestrales más un bono adicional de 200.000 pesos si mantenían un promedio igual o superior a 4,0.

De acuerdo con la exdirectora del DPS Susana Correa, este subsidio era un respaldo significativo para jóvenes de familias vulnerables. Según explicó a Semana, los recursos permitían cubrir gastos de transporte, alimentación o materiales de estudio, contribuyendo también a reducir la deserción.

La promesa del actual Gobierno fue fortalecer la iniciativa, pero desde 2024 no se han admitido más beneficiarios. En ese momento se decidió cambiar el nombre a Renta Joven, manteniendo únicamente a quienes ya estaban registrados hasta 2023. Actualmente, la cobertura alcanza a unas 500.000 personas, de las cuales 270.067 continúan activas en 2025: más de 201.000 en el Sena y cerca de 69.000 en universidades públicas.

Sin embargo, según denuncias recogidas por Semana, los desembolsos presentan retrasos. Para quienes estudian en el Sena solo se han girado los montos de enero a mayo, quedando pendiente el pago correspondiente a junio y julio. En el caso de las universidades, únicamente se cumplió con la matrícula del primer semestre, dejando en suspenso al menos 800.000 pesos por cada estudiante, sin incluir el incentivo adicional por rendimiento académico.

Mauricio Rodríguez, actual director del DPS, explicó las limitaciones de la entidad. “No hay nuevas inscripciones porque hoy no tenemos plata que pueda cubrir a los actuales beneficiarios del programa hacia nuevos beneficiarios. Ahí hay una dificultad. Es un tema de responsabilidad fiscal nuestra”, declaró en diálogo con Semana.

Rodríguez atribuyó la crisis a la falta de recursos luego de que el Congreso no aprobara la ley de financiamiento presentada por el Ejecutivo. En sus palabras: “Si nosotros hubiésemos tenido los recursos de la ley de financiamiento que se ahogó en el Congreso sin discutirse, no estaríamos en estas discusiones, hubiéramos tenido los recursos para implementar el programa y ampliar la cobertura. Lamentablemente, no tuvimos ley de financiamiento. Si usted no tiene la fuente, no puede, irresponsablemente, ponerse a inscribir a más gente a la que no se les va a poder cumplir. El programa se puede mantener con los actuales beneficiarios”.

El descontento entre estudiantes se ha hecho evidente. Representantes universitarios expresaron en reunión con funcionarios del DPS: “Creo que es una propuesta muy al aire, que no está muy bien formulada, y que puede repercutir de una manera muy negativa para nuestras universidades; la propuesta de crear cooperativas es magnífica, pero esto no debe ser excluyente con el programa que se venía manejando, esto debe ser algo complementario al programa Renta Joven; es bastante ilógico (que) un Gobierno que se elige con los programas sociales, un Gobierno que se elige apostando a la educación, apostándole a la permanencia, esto es incoherencia”, señalaron en cita registrada por Semana.

La molestia se tradujo también en declaraciones de activistas estudiantiles. “El DPS ha sido una de las entidades donde más irrespetuosos han sido con nosotros. Es una propuesta vacía, banal”, afirmó uno de los voceros, citado por Semana.

Frente a las versiones sobre el eventual cierre del programa, Rodríguez aseguró que la iniciativa se mantiene hasta 2029, como lo indica la norma vigente. Según el funcionario, las cooperativas que se plantean no reemplazarían las transferencias sino que serían un complemento para fomentar el trabajo colectivo y la asociatividad. “La transferencia que se hace en Renta Joven no es suficiente para cubrir el conjunto de necesidades (…) lo que podemos hacer es inyectar apuestas productivas, apoyar con procesos productivos, para que esas asociaciones o cooperativas que puedan surgir de los estudiantes los puedan materializar y desarrollar sin afectar la transferencia”, explicó a Semana.

La falta de certezas también preocupa a autoridades regionales. El secretario de Educación de Antioquia, Mauricio Alviar, advirtió: “Lamentamos que se disminuya el impacto de cualquier programa que impulsa a los jóvenes a seguir con sus estudios universitarios porque ellos representan oportunidades para los jóvenes y para mejorar su calidad de vida”, dijo a Semana.

En el mismo sentido, Susana Correa advirtió sobre los riesgos de suspender los pagos: “Los jóvenes más pobres perderían una de las pocas herramientas de apoyo del Estado, profundizando las brechas frente a quienes sí pueden costear sus estudios. La falta de apoyo puede empujar a muchos jóvenes a la informalidad, al desempleo o, incluso, a contextos de riesgo social, debilitando las oportunidades de movilidad social”, afirmó en entrevista con Semana.

La continuidad de Renta Joven dependerá de nuevas fuentes de financiación y de las decisiones que tome el Congreso respecto a los recursos solicitados por el Ejecutivo. Por ahora, estudiantes y autoridades educativas insisten en que se honren los compromisos adquiridos y se garantice la estabilidad de este subsidio en los próximos años.