El jueves 4 de septiembre de 2025, el Juzgado 61 de Control de Garantías de Bogotá dictó medida de aseguramiento carcelaria contra Harold Daniel Barragán Ovalle, conocido por su alias de “Harold”, que es señalado como uno de los principales responsables en la planificación y ejecución del asesinato del dirigente político Miguel Uribe Turbay.
Barragán, involucrado directamente en el atentado ocurrido el 7 de junio, fue enviado a prisión tras una larga investigación que lo vinculó con varios delitos graves. En un acto que dejó más preguntas que respuestas, el acusado ofreció una breve disculpa al finalizar la audiencia, cuando la decisión de la medida fue tomada.
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En medio de la tensión y la expectación de la sociedad por los detalles del caso, Barragán dirigió unas palabras que parecieron carecer de la profundidad que requería la magnitud de los hechos. “De igual manera, pido una disculpa por lo causado”, expresó de manera casi desapegada, sin mayores detalles ni remordimientos aparentes, sobre su rol en la muerte de el exsenador, un crimen que sacudió al país.

El crimen contra Miguel Uribe Turbay
Miguel Uribe Turbay, que fue un prominente político y exprecandidato presidencial, fue asesinado el 7 de junio de 2025, cuando se encontraba en el parque El Golfito, en el barrio Modelia, al occidente de la capital. El atentado se produjo cuando el dirigente fue abordado por un menor sicario que abrió fuego en su contra, hiriéndolo dos veces en su cabeza y una bala lo hirió en su pierna izquierda, luego de dos meces de lucha médica, murió el 11 de agosto.
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Según las investigaciones, Barragán formó parte de una red criminal que operaba en Bogotá, en la que se coordinaban y ejecutaban atentados de esta naturaleza. Se detalló que el acusado había colaborado activamente en la organización del asesinato de Uribe, además de facilitar información sobre su rutina diaria a los sicarios responsables del crimen.
A través de interceptaciones telefónicas y monitoreos a dispositivos de comunicación, las autoridades confirmaron que Barragán participó en la planificación del asesinato, proporcionando detalles sobre los movimientos del político y otras cuestiones clave para llevar a cabo el ataque.

La investigación reveló que, días antes del atentado, Barragán utilizó un sistema de comunicación encriptado para hacer llegar a los sicarios información detallada sobre el paradero y las actividades cotidianas de Uribe. Este sistema de intercambio de datos, al utilizar por grupos criminales, permitió que los atacantes se aproximaran al objetivo sin ser detectados. Este aspecto fue clave en la confirmación de la participación del condenado en el crimen, que además fue identificado como uno de los hombres que inicialmente coordinó los movimientos de los sicarios.
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El proceso judicial y la solicitud de la defensa
Tras su captura, Barragán fue trasladado a las instalaciones de la Fiscalía, donde fue sometido a interrogatorios durante varias horas. Durante este proceso, la defensa solicitó que se le otorgara prisión domiciliaria, bajo el argumento de que el acusado no representaba un peligro para la sociedad y que su situación personal requería un trato especial debido a su salud; sin embargo, la Fiscalía, a través de sus representantes, presentó argumentos contundentes sobre la peligrosidad de Barragán y los gravísimos delitos que se le imputan.
“El crimen de Miguel Uribe no solo es un acto de violencia extrema, sino que refleja la organización de un grupo criminal capaz de planear y ejecutar asesinatos políticos en plena capital del país. La libertad de Barragán pondría en riesgo la seguridad de la sociedad y de los testigos clave en este proceso”, afirmó uno de los fiscales encargados del caso.
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La Fiscalía también destacó que Barragán fue parte de una estructura criminal que no solo ejecutó el asesinato, sino que utilizó a menores de edad para llevar a cabo tareas relacionadas con el crimen. De acuerdo con la investigación, estos menores fueron reclutados para realizar actividades como la vigilancia de la víctima y la preparación logística del atentado.
“Se trata de unos delitos de extrema gravedad”, dijo el fiscal. “Se han reunido los presupuestos para que no sea procedente la imposición de una detención domiciliaria. Por lo tanto, solicito respetuosamente que se confirme la decisión del juez de primera instancia, que ordenó la medida de aseguramiento en establecimiento de reclusión”, agregó.
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El Juzgado 61 de Control de Garantías respaldó la solicitud de la Fiscalía, y Barragán fue enviado a la cárcel La Modelo, en Bogotá, donde cumplirá la medida de aseguramiento mientras avanza el proceso judicial en su contra. La decisión fue tomada con base en la gravedad de los delitos cometidos y la posibilidad de que el hombre pudiera influir en el curso de las investigaciones o intentar evadir la justicia si se le permitiera la libertad.
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