El empresario Jorge Mattos busca conciliación con la Fiscalía: se aplazó la imputación por estafa y urbanización ilegal en lujoso edificio en Bogotá

La posibilidad de un acuerdo entre las partes ha cambiado el curso del proceso penal contra Jorge Mattos, empresario de alto perfil que enfrenta cargos por estafa, fraude procesal y urbanización ilegal, relacionados con la manipulación de un apartamento de lujo en el norte de Bogotá.

La audiencia de imputación, inicialmente prevista para el 3 de septiembre de 2025, se convirtió en una instancia de negociación tras la propuesta de la defensa de explorar fórmulas de conciliación con los copropietarios del edificio Neos Nogal.

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El origen del caso se remonta a abril de 2021, cuando los copropietarios del Edificio Neos Nogal, ubicado en la carrera séptima con calle 81, exigieron que Mattos respondiera por obras inconclusas y la conversión irregular de zonas comunes en dos apartamentos en el penthouse.

Según El Tiempo, estas irregularidades motivaron la denuncia formal que dio inicio a la investigación penal.

El inmueble, de ochocientos metros cuadrados y valorado en tres millones de dólares, había sido entregado al abogado Jaime Granados como parte del pago por la defensa de Carlos Mattos, hermano del acusado, en el proceso judicial por el pago de sobornos en el caso Hyundai. Posteriormente, la propiedad regresó a la familia Mattos.

Ante la imposibilidad de vender el apartamento, Jorge Mattos decidió dividirlo en dos unidades de cuatrocientos metros cuadrados cada una y amplió cada apartamento en cien metros cuadrados adicionales, apropiándose de áreas comunes sin la autorización de la asamblea de copropietarios.

Esta intervención afectó a residentes de alto perfil, entre ellos los hijos del expresidente Juan Manuel Santos, la expresidenta de la Corte Constitucional Gloria Ortiz y el abogado Julio César Ortiz.

La Superintendencia de Industria y Comercio inició una investigación y concluyó que las modificaciones realizadas “ponen en riesgo la salud e integridad de los habitantes y consumidores”, señalando problemas estructurales como escaleras sin fijación, vigas cortadas, acero expuesto y concreto defectuoso.

Como consecuencia, la empresa de Mattos fue sancionada con una multa de mil millones de pesos y se ordenó el embargo de varios bienes por incumplimiento de pagos.

La situación se complicó aún más por la relación familiar con Carlos Mattos, condenado por sobornar jueces y funcionarios para obtener beneficios judiciales en procesos relacionados con la multinacional Hyundai.

La Unidad Investigativa del Canal Caracol documentó que una camioneta Hyundai perteneciente a Neos Group, empresa de Jorge Mattos, fue utilizada para transportar a personas vinculadas a Carlos Mattos durante sus salidas de prisión, a pesar de que el vehículo estaba bajo embargo por orden de la Superintendencia de Sociedades.

El proceso penal que enfrenta Jorge Mattos podría derivar en penas de hasta doce años de prisión por estafa, doce años por fraude procesal y diez años y medio por urbanización ilegal.

Interceptaciones telefónicas citadas por W Radio revelan que Mattos participó activamente en estrategias para proteger los intereses familiares, incluyendo viajes junto a su hermano para reunirse con funcionarios judiciales.

Hasta ahora, aunque se le habían atribuido diversas conductas irregulares, Jorge Mattos no había enfrentado consecuencias legales directas.

La audiencia de imputación, aplazada dos semanas antes, se reanudó con la presencia de Mattos y su nuevo abogado, Santiago Trespalacios.

Según informó El Tiempo, el penalista explicó que existen denuncias recíprocas entre las partes, lo que abre la puerta a un diálogo para buscar soluciones.

“No es un plazo dilatorio, son unas cuantas semanas para poder solucionar las controversias”, declaró Trespalacios, quien indicó que ya ha contactado al representante legal de los copropietarios para acordar fórmulas de acercamiento y arreglo.

Por su parte, Jacques Simhon Rosenbaum, apoderado de los copropietarios, respaldó la solicitud y propuso un plazo de diez días para intentar alcanzar un acuerdo.

El fiscal del caso, Juan Manuel Rubio Ariza, manifestó que no tenía objeciones y se mostró dispuesto a retirar la imputación, siempre que los plazos para la negociación sean breves y definidos.

Los copropietarios fijaron el 17 de septiembre como fecha límite para lograr un entendimiento, advirtiendo que de no alcanzarse, el proceso de imputación continuará.

El juez aceptó la propuesta y estableció una revisión en dos semanas para determinar si se ha concretado algún acuerdo o si el proceso penal contra Jorge Mattos seguirá su curso.

El empresario, quien divide su residencia entre Estados Unidos y Colombia, busca así resolver el conflicto sin que se reanude de inmediato la imputación en su contra.