Funcionaria de la Registraduría y otras dos personas fueron capturadas por tráfico de migrantes

La Registraduría Nacional del Estado Civil, la Fiscalía General de la Nación y Migración Colombia lograron que las autoridades competentes capturaran a tres personas que presuntamente estarían involucradas en el tráfico de migrantes. De acuerdo con la autoridad electoral, una de las personas detenidas es una funcionaria de la Registraduría Municipal de Fundación, Magdalena.

La investigación adelantada hasta el momento indica que el caso está relacionado con presuntas anomalías en los trámites de registro civil e identificación de los ciudadanos. En consecuencia, los involucrados serán procesados por el delito de tráfico de migrantes agravado.

Este tipo penal está contemplado en el artículo 188 del Código Penal, que establece que cualquier persona que promueva, induzca, constriña, facilite, financie, colabore o participe en la entrada o salida de personas del país, sin el cumplimiento de requisitos, se enfrenta a una pena privativa de la libertad de entre 96 y 144 meses.

“Hacemos llamado contundente a todos los funcionarios públicos para que actúen con estricto apego a la ley, recordando que cualquier conducta irregular en procesos de registro civil o identificación compromete la transparencia institucional, afecta la confianza ciudadana y será objeto de las actuaciones correspondientes por parte de los entes de control”, indicó la Registraduría en X.

Funcionarios de la Registraduría integraban red de tráfico de migrantes

No es la primera vez que las autoridades descubren la participación de servidores públicos en redes criminales ligadas al tráfico de migrantes en Colombia.

En diciembre de 2025, la Fiscalía General de la Nación informó que tres personas fueron capturadas en Medellín y Planeta Rica (Córdoba) por ese delito. El operativo contó con la intervención de la Dijín de la Policía Nacional, la Fiscalía, el Servicio de Seguridad Diplomática de la Embajada de Estados Unidos (DSS), la Registraduría Nacional del Estado Civil y Migración Colombia.

El resultado fue la desarticulación de una organización de tráfico de migrantes dedicada a proporcionar identificaciones colombianas fraudulentas a ciudadanos dominicanos. En el entramado había funcionarios de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Las personas detenidas serían responsables de la expedición de registros civiles, cédulas y pasaportes en favor de ciudadanos extranjeros que buscaban movilizarse entre países de manera irregular. Entre los hallazgos de las autoridades también está el uso de rutas alternas por Ecuador, Perú y Brasil para evadir controles migratorios.

Según expuso la mayor Ruby Stella Ruiz, jefa del Grupo Investigativo contra los Delitos Sexuales y la Familia de la Dijín, “cobraban entre 3.000 y 5.000 dólares por cada trámite fraudulento”. Fue así como los beneficiarios de los documentos falsos lograron viajar a Estados Unidos, Francia y España.

Funcionario de Migración Colombia facilitaba el tráfico de migrantes

Por otro lado, en diciembre de 2025, la Procuraduría General de la Nación sancionó con destitución e inhabilidad general por 17 años y seis meses a un funcionario de Migración Colombia identificado como Didier Orlando Palacios Pinilla, tras determinar que indujo, facilitó y colaboró en el tráfico de migrantes mediante el uso indebido de sellos oficiales y la falsificación de documentos públicos.

Según el fallo de primera instancia del organismo de control e inspección, entre marzo y noviembre de 2023, Palacios Pinilla permitió de manera sostenida la salida irregular de ciudadanos ecuatorianos con destino a Panamá y Estados Unidos desde el Puesto de Control Migratorio Marítimo de la Regional Antioquia, donde estaba adscrito.

La Delegada Disciplinaria de Juzgamiento 1 atribuyó al funcionario una vulneración a los principios de primacía del interés general y moralidad administrativa, calificando la conducta como una falta disciplinaria gravísima cometida de manera dolosa. Además, la Procuraduría determinó que el acto, al pasar por alto el deber funcional, obstaculizó la misión institucional de la Unidad Administrativa Especial de Migración Colombia.