Denuncian ante la Fiscalía a los gerentes de la empresa de aseo Nepsa del Quindío por el “secuestro” de más de 37.000 usuarios

El 13 de mayo se confirmó que la Red de Veedurías presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación contra funcionarios y directivos de la empresa de aseo Nepsa del Quindío, a quienes acusan de impedir el traslado de operador para más de 37.000 personas en los municipios de Circasia y Quimbaya.

El proceso penal incluye cargos por fraude procesal, prevaricato y abuso de autoridad, mientras los locales denuncian que se mantienen las deficiencias en la prestación del servicio público de aseo.

La acción judicial es liderada por Pablo Bustos, presidente de la Red de Veedurías, y se fundamenta en denuncias de usuarios que aseguran sentirse “secuestrados” por el operador actual. De acuerdo con la organización, desde septiembre de 2025 se han presentado miles de solicitudes de cambio de operador y solo 562 han sido autorizadas por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, pero la empresa sigue sin ejecutar las desvinculaciones ordenadas.

El documento presentado ante la Fiscalía señala presuntas fallas estructurales en la recolección de residuos, con reportes de incumplimientos en frecuencias y horarios, deficiencias en el parque automotor y problemas en el mantenimiento de los vehículos; además, se mencionan episodios de contaminación ambiental por lixiviados y deficiencias en los servicios conocidos como Clus, que agrupan corte de césped, poda de árboles, lavado de áreas públicas y limpieza de zonas ribereñas.

Según la Red de Veedurías, miles de usuarios han solicitado la terminación de sus contratos cumpliendo con los requisitos legales y de pago, pero más del 95% de las solicitudes permanecen estancadas.

Cerca de 5.000 usuarios estarían en mora por devoluciones, ya que la documentación enviada por Nepsa del Quindío a la Superintendencia de Servicios Públicos habría sido incompleta. El organismo de control tampoco habría tomado los correctivos necesarios, lo que mantiene a los ciudadanos atados al operador actual.

El presidente de la Red de Veedurías, Pablo Bustos, afirmó que la situación ha desencadenado una de las crisis más graves en la historia reciente del servicio público de aseo en esta zona del país. Los municipios de Circasia y Quimbaya, considerados estratégicos para la región del Quindío, concentran la mayor parte de las quejas ciudadanas. Líderes locales y organizaciones han advertido que la crisis afecta la salud pública, el turismo, el medio ambiente y la confianza institucional.

El presidente de la Red de Veedurías señaló a Luis Fernando Echeverri Parra, Luisa Fernanda Caro Arias y María Alejandra Taborda Montoya, junto a otros directivos como posibles responsables de fraude procesal, prevaricato por omisión, por acción y abuso de autoridad por actos arbitrarios.

El proceso penal se complementa con la preparación de una acción de grupo que buscará reclamar indemnizaciones por los daños económicos, ambientales y sanitarios derivados de las presuntas fallas en la prestación del servicio y la obstrucción del derecho a escoger un nuevo operador.

La organización argumenta que los usuarios han cumplido con todos los requisitos legales, pero enfrentan obstáculos administrativos que les impiden ejercer su derecho a la libre elección.

En el video que fue publicado en las redes sociales de la Red de Veedurías, Pablo Bustos pidió la ayuda de las autoridades para poder garantizar que los usuarios afectados comiencen a recibir un servicio eficiente y no tener que seguir “secuestrados” por una compañía que lleva varios años sin cumplir con sus obligaciones y sigue operando a pesar de las denuncias.

“Este caso abre un nuevo capítulo en el debate nacional sobre la eficiencia, vigilancia y garantías de libre competencia en los servicios públicos domiciliarios, mientras miles de usuarios esperan respuestas de las autoridades judiciales y de control”.