Así funcionaría el cuerpo especial de tránsito que piensan crear en Bogotá para vigilar las ciclorrutas

La reciente aprobación de la normativa que permite la circulación de vehículos eléctricos livianos de hasta 1.000 W por las ciclorrutas de Bogotá desató un debate sobre la seguridad y el orden en la red de movilidad sostenible más extensa de Colombia.

En medio de la controversia, el vicepresidente del Concejo de Bogotá, Juan David Quintero, radicó el proyecto de acuerdo 746 de 2025, que busca crear un cuerpo especial de agentes de tránsito dedicado exclusivamente a la vigilancia y control de estas vías.

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La iniciativa pretende proteger a los usuarios más vulnerables y garantizar la integridad de quienes utilizan bicicletas y otros medios de transporte sostenibles.

“El fortalecimiento institucional para el control de las ciclorrutas no es una opción, es una necesidad urgente. Queremos una ciudad que proteja a quienes apuestan por la movilidad sostenible”, afirmó el concejal.

Una red ciclable en riesgo

Bogotá cuenta con cerca de setecientos kilómetros de ciclorrutas y un volumen diario de aproximadamente un millón de viajes en bicicleta.

Sin embargo, esta infraestructura enfrenta problemas crecientes por la invasión de peatones, bicitaxis, vendedores ambulantes, motos a combustión, ciclomotores, motos eléctricas y ciclistas que incumplen las normas de tránsito.

De acuerdo con cifras de la Secretaría de Movilidad, entre enero de 2020 y junio de 2025 se registraron 11.108 accidentes con bicicletas involucradas. Los siniestros dejaron 10.395 personas lesionadas y 411 fallecidos.

La Encuesta de Movilidad 2023 reveló además que la bicicleta representa el 7,3 % de los viajes diarios en la capital, con más de 886.000 desplazamientos, mientras que patinetas y motocarros suman 53.658 viajes.

La entrada en vigor de la ley que autoriza el uso de ciclorrutas por parte de patinetas eléctricas y vehículos similares aumentó la presión sobre las autoridades.

Aunque la Secretaría de Movilidad ha desplegado funcionarios de control, la capacidad operativa resulta insuficiente frente a la magnitud de la red ciclable, que hoy alcanza 661 kilómetros y proyecta llegar a 754 km en 2035.

El proyecto de Quintero

El acuerdo propone que la Administración Distrital implemente progresivamente un cuerpo especializado de agentes de tránsito distribuidos en puntos clave de la ciudad. Estos funcionarios tendrían facultades para vigilar, controlar y sancionar a quienes incumplan la normativa.

La propuesta también incluye lineamientos como la toma de decisiones con sustento técnico, la promoción del uso de la red entre niños, jóvenes, mujeres y personas con discapacidad, y el desarrollo de estrategias pedagógicas para educar a los actores viales.

Adicionalmente, la Alcaldía debería presentar cada 3 de junio, Día Mundial de la Bicicleta, un informe integral que evalúe el impacto de las medidas adoptadas.

La iniciativa se apoya en la Ley 769 de 2002 (Código Nacional de Tránsito Terrestre), la Ley 1811 de 2016 (incentivos para el uso de la bicicleta) y la Ley 2251 de 2022 (Ley Julián Esteban sobre seguridad vial), que reconocen el derecho a transitar con seguridad y la obligación del Estado de proteger a los actores más vulnerables.

Tensiones con el Gobierno Nacional

La regulación de los vehículos eléctricos livianos también ha generado fricciones entre el Gobierno Nacional y la administración distrital.

Mientras la ley sancionada por el presidente Gustavo Petro permite su circulación en ciclorrutas sin necesidad de Soat, licencia ni matrícula, la Alcaldía ha reforzado los controles para restringir el paso de ciclomotores, tricimotos y motos eléctricas.

“La reglamentación es clara: estos vehículos no pueden transitar ni por las ciclorrutas ni por los andenes. Además, deben utilizar siempre casco y portar documentos como la licencia de conducción, el Soat y la revisión técnico-mecánica”, señaló Claudia Díaz, secretaria de Movilidad.

Las sanciones por incumplir estas disposiciones oscilan entre $522.900 y $1.045.500. La ley fija además límites de velocidad de 25 km/h en ciclorrutas y 40 km/h en vías autorizadas. Aunque ya está en vigor, aún falta definir su reglamentación técnica, un proceso que se espera concluir en el plazo de un año.

El proyecto de acuerdo 746 de 2025 deberá ser discutido en la comisión de Gobierno y posteriormente en la plenaria del Concejo de Bogotá, donde los 44 cabildantes tendrán la última palabra.

Si es aprobado, la capital podría convertirse en referente de seguridad vial en Latinoamérica, priorizando la vida y la movilidad sostenible.