
El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, denunció un posible entrampamiento judicial en la investigación de la Fiscalía en su contra, tras un incidente que consideró inusual mientras compartía con sus hijos en un espacio deportivo en el municipio de Rionegro. El hecho se presentó después de que se conociera la orden de la Fiscalía General de la Nación de interceptar sus comunicaciones, dentro de una investigación que lo involucra en presuntos delitos cometidos cuando fue alcalde.
La defensa jurídica del mandatario, a cargo del abogado Luis Gabriel Chaves Ortiz, comunicó la versión oficial de lo sucedido al resaltar que tanto él como su defendido han mantenido una conducta de respeto frente al proceso penal y al trabajo de la Fiscalía General de la Nación.
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“Que el actual Gobernador de Antioquia ANDRÉS JULIÁN RENDÓN CARDONA y el suscrito defensor siempre han sido, respetuosos del debido proceso consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política y de las actividades que adelanta la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN en el proceso por los CAl de San Antonio de Pereira y Cuatro Esquinas del municipio de Rionegro - Antioquia bajo radicado: 050016000000202301023”, informó la defensa en un comunicado dirigido al público.
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La investigación se remonta a su gestión municipal y examina posibles irregularidades en la construcción de los CAI de San Antonio de Pereira y Cuatro Esquinas. En el proceso, se le atribuyen presuntos delitos de peculado y celebración indebida de contratos, debido a un supuesto detrimento patrimonial por la presunta no entrega formal de estas infraestructuras a la Policía Nacional.
No obstante, de acuerdo con la defensa, “los CAI de San Antonio de Pereira y Cuatro Esquinas del municipio de Rionegro -Antioquia se encuentran construidos a satisfacción y en favor de la comunidad, cumpliendo con todos los requisitos de ley para su construcción”.
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En el contexto de este proceso, la Fiscalía General de la Nación ordenó en 2025 interceptar las comunicaciones de Rendón. Según los antecedentes, dicha medida se adoptó durante setenta días, con la autorización de una fiscal delegada, para legalizar interceptaciones de conversaciones que se pretendían incorporar al expediente bajo el proceso radicado en 2019.
El acontecimiento que profundizó la inquietud de la defensa ocurrió cuando, en medio de esa investigación, Rendón fue interceptado en un espacio público por un individuo que también figura como indiciado en el proceso. De acuerdo con el relato, la situación ocurrió en la mañana del 30 de agosto de 2025: “Doy a conocer a la opinión pública que ayer treinta (30) de agosto de dos mil veinticinco (2025) en horas de la mañana, mientras el Gobernador de Antioquia departía de un espacio deportivo personal con su hijo, fue abordado por una persona que se encuentra indiciada en el proceso matriz y que es un posible testigo del proceso bajo radicado: 050016000000202301023. A lo que el Gobernador de Antioquia de manera directa le indicó que no tenían nada de qué hablar y le manifestó que cada uno debía defenderse en derecho”.
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Tras ese encuentro, Rendón informó rápidamente a su abogado defensor, quien anunció acciones jurídicas dentro de los márgenes legales y en igualdad de condiciones frente a la Fiscalía General de la Nación: “De manera inmediata, el Gobernador de Antioquia informó esa situación inesperada al suscrito defensor, de la cual ejerceremos todos los actos que en igualdad de armas tenemos con la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN”.

El comunicado expresa una preocupación particular sobre la transparencia en la recolección de pruebas y el desarrollo de la investigación, mencionando antecedentes que la defensa califica como persecución judicial: “Quiero creer como defensor que fue una extraña coincidencia y presumo la buena fe de quien lo abordó sin autorización previa, pero teniendo en cuenta los gravísimos antecedentes de persecución judicial que han ocurrido en el proceso por parte de la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, no puedo dejar de alertar a la opinión pública para que sean veedores de la transparencia del actuar de mi cliente en este proceso en caso tal de que lo ocurrido ayer sea un entrampamiento judicial”.
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En línea con la política de transparencia anunciada desde el inicio del procedimiento, la defensa de Andrés Julián Rendón reiteró su decisión de hacer públicos todos los hechos relevantes relacionados con el proceso. El comunicado declara: “Hago esta comunicación pública porque, como ha sido voluntad del Gobernador, todo lo relacionado con su proceso debe hacerse público y de cara a los Colombianos. Dejamos constancia de este hecho en aras de la transparencia y con actuar ajustado siempre a la ley”.

La declaración final del texto plantea abiertamente una pregunta sobre posibles seguimientos adicionales, más allá de las citadas interceptaciones: “Nos preguntamos: ¿además de chuzar al Gobernador ahora también le hacen seguimientos?”
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La acusación de entrampamiento judicial se da en medio de un proceso judicial cuya evolución será observada de cerca por la opinión pública. El equipo de defensa insistió en que presentará todas las acciones necesarias para garantizar el respeto al derecho de defensa y al debido proceso consagrado en la Constitución Política de Colombia.
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