Defensora del Pueblo advirtió riesgos por la suspensión de órdenes de captura de cabecillas de grupos armados: “No hay claridad ni acuerdos mínimos”

La defensora del Pueblo, Iris Marín, advirtió que la suspensión de órdenes de captura para facilitar el traslado de miembros de grupos armados a Zonas de Ubicación Temporal (ZUT) solo puede adoptarse si se cumplen rigurosos requisitos legales y con salvaguardas que garanticen los derechos de las víctimas.

Marín señaló que, aunque la ley otorga al Presidente la facultad de decretar estas zonas, la medida entraña serios riesgos para la protección de la población civil y la integridad del proceso de paz.

La representante de la Defensoría del Pueblo destacó que el presidente de la República puede solicitar la suspensión de órdenes de captura y de extradición de quienes se vayan a concentrar en las ZUT, siempre que la información aportada por los grupos armados sea recibida de buena fe y de acuerdo con listados oficiales.

Esta prerrogativa presidencial ha sido utilizada en Colombia desde 1998 bajo la ley de orden público en sucesivos gobiernos. No obstante, Marín recalcó que el ejercicio de esta facultad no es discrecional, sino reglado por condiciones constitucionales y legales.

En la última revisión jurídica, la defensora precisó que una decisión sobre ZUT requiere motivación suficiente sobre delimitaciones temporales, territoriales, personales y mecanismos de control y verificación. La implementación debería darse solo en estados avanzados del proceso de paz, lo que, según Marín, ocurre cuando el desarme, la desmovilización y la reintegración a la vida civil ya son viables, no meramente posibles en términos generales.

Iris Marín, como defensora del pueblo, expuso que los riesgos identificados en la política actual de ZUT incluyen la falta de claridad sobre garantías para las víctimas, la generación de expectativas en los grupos armados en un contexto de transición gubernamental y electoral, la persistencia de riesgos de seguridad para comunidades aledañas, y la insuficiente protección de los derechos de pueblos étnicos.

Al referirse al caso más reciente, mencionó que “hasta el momento se ha realizado la consulta previa en la zona de Mayamba, Nariño, en relación con la ZUT del Frente Comuneros del Sur, pero no así con otras que tienen presencia y están en lugares con comunidades étnicas”.

El riesgo de avanzar sin garantías para víctimas y comunidades

En su intervención, la defensora estableció que “el gobierno debe sustentar que estas medidas son efectivas para un desarme cercano y concreto, y no solo posible en un sentido general”, y sostuvo que la implementación de ZUT debe estar acompañada por información suficiente y verificable sobre los avances reales en cada proceso.

La funcionaria destacó que los grados de avance en la negociación y la verificación institucional varían según el grupo armado, entre ellos la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, el Clan del Golfo, Comuneros del Sur y el autodenominado Estado Mayor de los Bloques y el Frente. Esto exige “un análisis diferenciado”, explicó Marín en sus declaraciones al organismo.

Marín insistió en que la situación actual no garantiza plenamente los derechos de quienes han sido víctimas de estos grupos.

“En este momento no hay una claridad ni acuerdos mínimos sobre cómo se garantizarán los derechos de las víctimas de los hechos que han cometido estos grupos, sus derechos a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición”, expresó la funcionaria al plantear la urgencia de definir protocolos efectivos antes de avanzar en el proceso.

La Defensoría alertó también sobre la vulnerabilidad en la seguridad tanto de las comunidades cercanas a las ZUT como de los propios miembros armados que se concentren allí.

Según Marín, la concentración gradual implica que “unos miembros del grupo conservarán las armas fuera de la ZUT y, si se acuerdan protocolos concretos—porque no lo hay en todos los procesos—hay otros que no estarían armados allí”. Esta condición, advirtió, incrementa el riesgo en zonas de disputa territorial donde la supervisión y la protección institucional pueden ser insuficientes.

Por último, Marín enfatizó la necesidad de una consulta previa obligatoria con los pueblos étnicos potencialmente afectados por el establecimiento de nuevas ZUT. Mencionó que, salvo en Mayamba, Nariño, donde la consulta se realizó respecto al Frente Comuneros del Sur, en las demás zonas propuestas no se ha avanzado en ese proceso, lo que vulnera derechos fundamentales reconocidos en la legislación colombiana.

Para explicar el núcleo de su postura, Iris Marín afirmó: “La construcción de paz exige decisiones sometidas al Estado de derecho, controles institucionales efectivos y garantías verificables para la población civil”.

Llamó al presidente de la República a reevaluar la política de suspensión de órdenes de captura. Indicó que aún no están dadas las condiciones jurídicas ni se han mitigado los riesgos para las libertades democráticas en el marco del proceso de paz y del ciclo electoral en marcha.