De quién era el séptimo cuerpo encontrado en La Escombrera en Medellín: los paramilitares lo desaparecieron y lo asesinaron y la JEP entregó el cadáver a su familia

La entrega digna del cuerpo de la séptima víctima hallada en La Escombrera volvió a poner en el centro del debate nacional uno de los escenarios más emblemáticos de la búsqueda de desaparecidos en Medellín.

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) confirmó que los restos corresponden a un joven obrero de 23 años desaparecido en septiembre de 2002, en medio de la expansión del control paramilitar en la capital antioqueña.

El caso representa un nuevo avance en las labores forenses que adelanta la JEP en La Escombrera, considerada por organizaciones de víctimas como uno de los principales lugares de inhumación clandestina del conflicto armado urbano en Colombia.

La víctima, además, se convirtió en el primer caso documentado de una persona que no residía en la Comuna 13, lo que amplía las hipótesis sobre el alcance territorial de las estructuras paramilitares que operaban en Medellín a comienzos de los años 2000.

Según informó la JEP, el joven era padre de una niña de un año y desapareció en el sector oriental de Medellín, fuera de la zona históricamente asociada con La Escombrera.

La identificación fue posible tras análisis científicos realizados por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses y el trabajo articulado con el Grupo de Apoyo Técnico Forense (Gatef).

La Jurisdicción señaló que este hallazgo refuerza los testimonios de las mujeres buscadoras y de colectivos de víctimas que durante años insistieron en que La Escombrera habría sido utilizada como centro de ocultamiento de cuerpos por estructuras del Bloque Cacique Nutibara de las Autodefensas Unidas de Colombia.

Para la JEP, el hecho de que la víctima no perteneciera a la Comuna 13 evidencia que las dinámicas de desaparición forzada y control territorial se extendieron a otros sectores de la ciudad.

Las investigaciones se desarrollan en el marco del Subcaso Antioquia del Caso 08, expediente que indaga crímenes cometidos por integrantes de la fuerza pública en asociación con grupos paramilitares y terceros civiles durante el conflicto armado.

La JEP sostiene que los siete cuerpos encontrados hasta ahora en La Escombrera corresponden a personas desaparecidas entre junio y octubre de 2002, un periodo que concentra uno de los picos más altos de desapariciones forzadas registrados en Medellín.

El operativo forense ha implicado una intervención sin precedentes en esa zona de la ciudad. Desde el inicio de las excavaciones, los equipos especializados han removido más de 62.000 metros cúbicos de tierra e intervenido cerca de 6.912 metros cuadrados entre La Escombrera y La Arenera.

Estas labores, que se han extendido durante más de 20 meses, han permitido recuperar siete cuerpos y avanzar en la identificación de víctimas desaparecidas hace más de dos décadas.

La entrega del cuerpo se realizó de manera privada y digna, con acompañamiento institucional y de organizaciones de víctimas. La JEP destacó que estos procedimientos buscan no solo entregar respuestas a las familias, sino también garantizar el derecho a la verdad y contribuir al esclarecimiento de los patrones criminales que operaron durante el conflicto armado en Medellín.

Las organizaciones de víctimas han insistido en que el número de personas desaparecidas e inhumadas en La Escombrera podría ser mucho mayor.

Por esa razón, la Jurisdicción mantiene medidas cautelares sobre los terrenos intervenidos para impedir modificaciones que puedan afectar las búsquedas y preservar posibles evidencias forenses.

La JEP también reiteró la necesidad de ampliar las labores de búsqueda en la zona, ante la posibilidad de que existan más cuerpos enterrados clandestinamente. De acuerdo con la entidad, los recientes hallazgos fortalecen las hipótesis sobre el uso sistemático de La Escombrera como lugar de ocultamiento de víctimas durante la consolidación del control paramilitar en Medellín.

La entidad sostuvo que las búsquedas en La Escombrera seguirán siendo una prioridad dentro de los esfuerzos de justicia transicional para esclarecer uno de los capítulos más dolorosos del conflicto urbano en Medellín.