El 27 de agosto el periodista Daniel Coronell subió a su cuenta de X un video en el que se refiere a unas jornadas de análisis que se harán en el Departamento de Derecho Penal y Criminología sobre el caso del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Allí, serán los docentes Yesid Reyes, Juan David Bazzani, Luis Páez y William Torres Tópaga los encargados de abogar el tema desde diferentes aristas, tal y como se lee en la página de la Universidad Externado.
Coronell, que inicia su mensaje diciendo que respeta la libertad de cátedra y de expresión, asegura que considera necesario que, por lo mismo, los estudiantes y asistentes a las jornadas conozcan el perfil profesional de algunos de los ponentes.
“El profesor Yesid Reyes, a quien valoro y respeto muchísimo, había sido aproximado, antes de escribir, por gente allegada al expresidente Álvaro Uribe, e incluso invitado a conocerlo. Aún más: otro abogado, el doctor Mauricio Pava, que trabaja en la forma Pava Díaz Arana, en la cual Yesid Reyes figura como consultor, está sumando a la posibilidad de sumarse al equipo de asesoría del expresidente Álvaro Uribe con miras a la casación penal”, expresó.
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El periodista agregó:
“Otro de los opinadores, el doctor Juan David Bazzani, debería decir que es socio de oficia de la exvicefiscal María Paulina Riveros, que fue la segunda en la Fiscalía General de la Nación, cuando el fiscal Néstor Humberto Martínez, principal testigo de Uribe en su caso. Por lo demás, el doctor Bazzani es el abogado de la exvicefiscal Marta Mancera quien, junto con su jefe Francisco Barbosa, se empeñó en precluir el proceso contra Álvaro Uribe a través de dos fiscales que encontraron la negativa firme de dos juezas gracias a las cuales hay juicio y hay proceso hoy”.
Reacción de Petro
A través de su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro Urrego se refirió a la declaración de Coronell y recordó sus años de estudio en el Externado, donde se tituló como economista. Se mostró decepcionado con el espacio abierto a los mencionados oradores y se mostró en defensa de la sentencia proferida por la juez Sandra Liliana Heredia.
“Yo estudié economía en el Externado de Colombia, mi tía Elvinia, fue secretaria privada de los dos Hinestrozas y murió trabajando para ellos. Me entristece que la universidad liberal, de la que aprendí a ser librepensador ponga sus espacios al servicio de lo peor que he visto en el derecho colombiano, se pone a favor del ataque alevoso, que seudojuristas y prensa han hecho de la jueza Sandra Heredia. Ensuciaron la justicia, insultaron a una juez, para salvar a quien se acusa de masacres”, expresó.
Corte Suprema asumió el estudio de la tutela que dejó en libertad al expresidente Álvaro Uribe Vélez
El estudio de la tutela que permitió la libertad inmediata del expresidente Álvaro Uribe Vélez fue asumido por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, que analizará la validez de la decisión luego de la impugnación presentada por las víctimas involucradas en el proceso por manipulación de testigos.
Dentro de las próximas semanas, de acuerdo a los términos procesales, el alto tribunal deberá resolver en un plazo no mayor a 20 días si mantiene, modifica o revoca el fallo dictado por el Tribunal Superior de Bogotá, que cuestionó la legalidad de la detención domiciliaria impuesta contra el exmandatario.
La revisión de segunda instancia recae sobre una sala conformada por la presidenta de la Sala Penal, Myriam Ávila Roldán, el ex presidente de la Corte Suprema, Gerson Chaverra, y el magistrado Diego Eugenio Corredor Beltrán, este último designado como ponente de la decisión. Corredor será el encargado de presentar el proyecto de fallo que sus pares debatirán y votarán en sala plena.
Al haberse interpuesto el recurso de impugnación por parte de las víctimas tras la decisión del Tribunal Superior de Bogotá, la Corte Suprema asumió la competencia para revisar la tutela, abriéndose así distintos escenarios jurídicos. Si la Sala Penal confirma la sentencia previa ,Uribe Vélez permanecería en libertad mientras se tramita la apelación sobre la condena a 12 años de prisión domiciliaria. Una eventual modificación de la decisión podría conducir al establecimiento de nuevos lineamientos en torno a la aplicación de la detención preventiva y las garantías de debido proceso, en especial para casos de alto impacto público.
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