Petro ratificó entrega de 700.000 hectáreas de tierras a campesinos tras firma de ley estatutaria de jurisdicción agraria

El presidente Gustavo Petro publicó un nuevo mensaje en sus redes sociales en las horas de la tarde del sábado 28 de marzo de 2026 en el que confirmó la entrega de 700.000 hectáreas de tierras fértiles a familias campesinas, como parte de la reforma agraria impulsada por su Gobierno, tras la firma de la Ley Estatutaria del sistema de Jurisdicción Agraria durante un acto en el municipio de Cereté, en el departamento de Córdoba.

Según informó el jefe de Estado, la cantidad de tierra que sería entregada es un avance en la meta oficial de su administración, que es alcanzar 3.000.000 de hectáreas traspasadas al campesinado; pese a que le quedan solo unos meses en el cargo, en su mensaje escribió: “Cumplimos”. El mandatario también señaló que el departamento de Antioquia concentra la mayor cantidad de tierras distribuidas hasta la fecha.

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Durante el evento de promulgación de la ley, Petro se refirió al impacto de la medida en la vida rural, como una de las prioridades de su gobierno en cuanto a la redistribución de la tierra: “Hoy las bandas de nuevo tocan, hoy de nuevo se baila, hoy de nuevo hay sonrisas anchas en el rostro de la gente humilde”.

“La tierra tiene que quedar en manos campesinas antes que cualquier riesgo, porque es la obra de nuestro Gobierno y cada metro cuadrado que hoy tengamos ya adquirido debe pasar a una familia campesina para que pueda vivir cultivando bienes materiales, alimentos para la sociedad”, afirmó.

El presidente hizo además un llamado al Congreso de Colombia para que apruebe la ley ordinaria de jurisdicción agraria, en línea con la declaración unilateral de Estado entregada al Consejo de Seguridad de la ONU.

La firma de la ley en Cereté se produjo ante la presencia de ministros, autoridades locales y beneficiarios del programa. El avance en la entrega de tierras y la implementación de la jurisdicción agraria forman parte de los compromisos adquiridos por el gobierno con las comunidades rurales y las recomendaciones de organismos internacionales, como la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

El Gobierno prevé continuar con el proceso de adjudicación de tierras para familias campesinas en los próximos meses.

Así fue la firma de la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Agraria

La Ley Estatutaria de Jurisdicción Agraria comenzó a regir en Colombia luego de la sanción del presidente Gustavo Petro, el viernes 27 de marzo de 2026.

En el mismo evento, el mandatario formalizó la adjudicación de más de 3.000 hectáreas de tierra a más de 1.000 familias campesinas afectadas por la emergencia climática y anunció el inicio de la recuperación ambiental en la región del Bajo Sinú.

La nueva normativa, que modifica la Ley 270 de 1996 de administración de justicia, establece un nuevo contexto jurídico institucional para que los conflictos agrarios sean resueltos por jueces especializados, con un enfoque técnico y mayor cercanía a las comunidades rurales.

De acuerdo con lo expuesto por la Presidencia, la ley apunta a que los asuntos vinculados a la tierra, los derechos campesinos y los territorios rurales se atiendan de manera exclusiva. Entre los componentes incluidos figura la figura de los facilitadores agrarios y rurales, que orientarán gratuitamente a los ciudadanos sobre sus derechos y procesos legales, medida dirigida a reducir las barreras de acceso a la justicia en zonas con baja presencia institucional.

Durante su intervención, Petro destacó el alcance de la reforma agraria y su relación con la nueva jurisdicción. “No es poco lo que aquí estamos celebrando, es una manera de hacer la reforma agraria que junta el deseo de justicia social del campesinado sin tierra o con poca tierra del departamento de Córdoba”, manifestó el presidente.

Las más de 3.000 hectáreas adjudicadas fueron destinadas a organizaciones campesinas, asociaciones productivas y comunidades étnicas, incluyendo el Resguardo Indígena Zenú. Algunos de los predios, localizados en municipios como Planeta Rica, Sahagún, Buenavista, Montería, Cereté, San José de Uré y Puerto Libertador, habían estado en manos de estructuras vinculadas a exjefes paramilitares, según información oficial.