
El Gobierno colombiano presentó un borrador de decreto laboral que podría transformar la negociación colectiva en el país, al proponer un modelo unificado por sectores tanto para el sector privado como para los trabajadores oficiales. Esta iniciativa, que en la actualidad está en fase de comentarios, ya generó debate entre sindicatos y empresarios, que expresan inquietudes sobre el alcance y las consecuencias de la medida.
El documento, elaborado por el Ministerio de Trabajo, plantea modificar el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo (1072 de 2015) y establecer nuevos lineamientos para la negociación colectiva. El cambio central consiste en que, en lugar de que cada empresa negocie de manera individual con los sindicatos, las organizaciones sindicales de un mismo sector unificarían sus peticiones para todas las compañías del ramo.
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Dicho modelo, que se utiliza en Europa, Uruguay y Argentina, permitió ampliar la cobertura de los acuerdos colectivos y beneficiar a un mayor número de trabajadores.
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Reacciones de sindicatos y empresarios ante el decreto laboral
Sobre la propuesta, empresarios y representantes sindicales manifestaron reservas sobre el impacto que podría tener la negociación colectiva por sectores, en especial, en las pequeñas y medianas empresas (pymes), que no cuentan con la misma capacidad económica que las grandes compañías. El argumento de los empresarios, conocido por Blu Radio, señala que “no es lo mismo negociar salarios y beneficios con Ecopetrol que hacerlo con una empresa contratista del sector petrolero”, lo que evidencia la preocupación por la viabilidad de aplicar condiciones homogéneas en sectores con realidades tan dispares.
Desde el movimiento sindical, también se expresaron críticas. El presidente de la Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC), Jhon Jairo Caicedo, advirtió sobre el riesgo de que el nuevo modelo termine favoreciendo únicamente a los sindicatos de mayor tamaño.
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“Sin desconocer que el decreto en parte beneficia al crecimiento sindical. Lo que no compartimos, es que se vaya a beneficiar solamente una central sindical. Eso sí sería una catástrofe, porque pues ahí sí, ¿de qué democracia estaríamos hablando? Por Dios, si se sacan temas con preferencias sindicales”, expresó Caicedo al medio, mientras consulta a las bases de su organización antes de fijar una posición definitiva.

Limitación de la capacidad de los sindicatos
Por su parte, el abogado y activista Sebastián Galeano alertó sobre la posibilidad de que la negociación colectiva por sectores establezca condiciones mínimas que limiten la capacidad de los sindicatos de base o de empresa para negociar mejoras adicionales.
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“Mi preocupación es que en el segundo nivel, como sucede en Argentina, se fijan unas condiciones bastante mínimas de condiciones laborales, salarios y demás, que podrá impedir a los sindicatos de base o de empresa superar esos límites o techos que en el segundo nivel se acuerden con los respectivos empleadores”, explicó Galeano a Blu Radio.
Y agregó: “Casi que lo que yo pudiera negociar con los sindicatos de mi empresa, pues va a ser mínimo o va a quedar bastante reducido en la medida que los empleados les van a negar de que ya surtieron una negociación en segundo nivel”.
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Ratificación de convenios de la OIT y contexto laboral en Colombia
El modelo de negociación colectiva por sectores, que el Gobierno busca implementar mediante decreto tras la eliminación de un capítulo similar en la reciente reforma laboral, se inspira en experiencias internacionales donde se contribuyó a ampliar la cobertura de los acuerdos colectivos.
No obstante, la discusión en Colombia se ve marcada por el temor a que la medida reduzca la autonomía de los sindicatos de base y complique la situación de las pymes, preocupaciones que ya habían sido planteadas en el Congreso cuando se debatió la reforma.
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Reactivación de la mesa de negociación entre empresarios, Gobierno y trabajadores
De igual forma, a la discusión sobre el decreto, el Ministerio de Trabajo, encabezado por Antonio Sanguino, impulsó la reactivación de la mesa de negociación entre empresarios, Gobierno y trabajadores, con el objetivo de acelerar la ratificación de tres convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Dentro de ellos destaca el convenio 102, que establece normas mínimas de seguridad social y compromete a los países firmantes a ampliar la cobertura en salud, pensiones, seguros de desempleo, licencias de maternidad y protección por enfermedad laboral a al menos la mitad de los trabajadores.
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Además, el Gobierno busca avanzar en la ratificación de un convenio sobre condiciones mínimas para trabajadores y el convenio 187, orientado a fortalecer los sistemas de salud y seguridad en el trabajo, según detalló Blu Radio.
El trasfondo de las iniciativas se encuentra en la alta informalidad laboral que caracteriza al mercado colombiano. Según el Dane, más del 55% de los trabajadores en Colombia se encuentra en la informalidad, lo que significa que menos de la mitad cuenta con acceso a seguridad social o protección en situaciones como la vejez o la invalidez. Esta situación evidencia la necesidad de avanzar en reformas que amplíen la protección social y los derechos laborales para una mayor proporción de la fuerza laboral del país.
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