Un día después del atentado de un camión con explosivos contra la base Aérea Marco Fidel Suárez, que dejó seis personas muertas y 76 heridas, las autoridades nacionales y regionales entregaron las primeras conclusiones del Consejo de Seguridad extraordinario celebrado en Cali. El encuentro reunió al ministro de Defensa, Pedro Sánchez, a la gobernadora encargada del Valle del Cauca, María Cristina Lesmes, al alcalde de Cali, Alejandro Éder, así como a representantes del Ministerio del Interior y altos mandos de la fuerza pública.
La gobernadora encargada, María Cristina Lesmes, anunció un plan inmediato para fortalecer la inteligencia militar y adquirir nuevos equipos tecnológicos con el fin de anticipar y prevenir acciones terroristas. “Hoy les informo que vamos a tener 120.000 millones de pesos adicionales para la compra de equipo que permitan la protección de la comunidad y, sobre todo, las acciones anticipadas que eviten hechos como el de ayer, con 70 personas heridas y seis muertos en la ciudad de Cali, hecho que lamentamos profundamente”, señaló Lesmes.
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La mandataria confirmó además que el departamento decretará tres días de duelo en honor a las víctimas y sus familias. Explicó que estos ataques obedecen a retaliaciones por las operaciones militares y de policía en las montañas de Jamundí, zona estratégica para estructuras del narcotráfico.
Lesmes añadió que la Gobernación del Valle se reorganizará para acompañar con mayor fuerza el desarrollo social y económico, especialmente en comunidades vulnerables de Jamundí. “Seguiremos trabajando de forma conjunta y haremos una reorganización del Plan de Desarrollo para acompañar el desarrollo social y económico, específicamente de la comunidad de Jamundí. Sin embargo, necesitamos trabajar unidos, el Gobierno nacional, el Gobierno regional, la ciudad de Cali y las otras ciudades intermedias del departamento. Es muy importante el acompañamiento de la comunidad”, dijo la gobernadora encargada.
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También informó que el departamento ofreció 400 millones de pesos de recompensa por información que permita esclarecer lo sucedido y, sobre todo, anticipar nuevos ataques. El alcalde de Cali, Alejandro Éder, aseguró que su administración brindará apoyo inmediato a las familias afectadas por el atentado, tanto a las víctimas directas como a quienes sufrieron pérdidas materiales en sus viviendas y locales comerciales.

“A través de dependencias como las Secretarías de Desarrollo Económico, Gestión del Riesgo, Vivienda y con el apoyo del sector privado, vamos a gestionar recursos para atender a las familias afectadas”, precisó Éder al término del Consejo de Seguridad.
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El ministro Pedro Sánchez fue enfático en calificar el atentado como un acto terrorista de gran magnitud: “Esto es un atentado contra Colombia, contra la población civil. Esto no es un atentado contra el Valle ni contra los caleños, esto es un crimen de lesa humanidad que no prescribe en el tiempo ni mucho menos en ningún lugar. Aquí no solamente se siente dolor, sino también indignación y rechazo absoluto frente a este atentado criminal y terrorista que ejecutó la estructura narcotraficante y terrorista Jaime Martínez, que pertenece al cartel de alias Mordisco”.
El jefe de la cartera de Defensa explicó que la inteligencia será clave para prevenir futuros ataques. “La fortaleza para prevenir un acto terrorista es la inteligencia. Son complejos de neutralizar, pero posibles de anticipar”, dijo, al recordar que operaciones de gran impacto ya están en marcha en el Valle, Cauca y Nariño.
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Sánchez detalló los resultados de las principales operaciones en la región, entre ellas Cordillera, Perseo, Escudo del Norte, Coraza y la operación fluvial Némesis. Según el ministro, estas acciones permitieron reducir el homicidio en un 4,5%, las lesiones personales en un 6%, la extorsión en un 9% y el hurto en todas sus modalidades en un 30%.
Asimismo, se logró disminuir el desplazamiento forzado en un 74% y el reclutamiento de menores en un 61%. En cuanto al narcotráfico, se incautaron 78.000 kilogramos de cocaína, destruyendo además infraestructura para el procesamiento de droga y maquinaria usada en minería ilegal, con un incremento del 175% en incautaciones de equipos.
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El ministro advirtió, no obstante, que la ofensiva contra estas economías ilícitas generó reacciones violentas. “Esta afectación a los grupos criminales los ha llevado a un desespero para atacar con el arma más demencial que puede existir, que es el terrorismo. Lo triste es que lo están haciendo contra nuestra población, contra nuestros niños y campesinos, pero también reconozco que esto nos ha costado a la Fuerza Pública”.
El Consejo concluyó con el compromiso de blindar no solo a Cali, también a Jamundí, Buenaventura y Palmira, entendiendo que la seguridad de la capital vallecaucana depende de lo que ocurra en los municipios vecinos y en zonas rurales estratégicas.
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El Gobierno nacional y las autoridades locales coincidieron en que la estrategia debe ser integral, combinar operaciones militares y policiales con inversión social, sustitución de cultivos ilícitos y fortalecimiento económico en las comunidades más golpeadas por la violencia.
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