El caso del exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) Carlos Ramón González, continúa generando tensiones diplomáticas y políticas.
En medio de los señalamientos sobre la presunta cercanía del presidente Gustavo Petro con funcionarios de Nicaragua, el ministro del Interior, Armando Benedetti, salió en defensa del mandatario y negó que existan comunicaciones frecuentes entre el jefe de Estado y representantes diplomáticos de otros países.
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Benedetti cuestionó la narrativa mediática que sugiere una supuesta coordinación política entre Petro y el Gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua.
“El Gobierno de Nicaragua no es que sea tan amistoso con el Gobierno de Colombia como ustedes creen. Desde la época del M-19 no se la llevaba muy bien con Ortega, porque él siempre decía que debido al proceso de paz que había hecho el M-19, otros procesos revolucionarios habían llegado a la paz. Por lo tanto, desde esa época no son amigos, como para que ustedes crean que hay un interés del presidente de la República. Les puedo jurar que el presidente de la República no habla con absolutamente ningún embajador de forma cotidiana. Lo habrá hecho con el de Estados Unidos con el caso de los deportados, pero que el presidente esté hablando con embajadores para este tipo de temas, por favor, descártenlo”, afirmó.
Ante la pregunta sobre si fue el embajador colombiano en Nicaragua quien gestionó la solicitud para renovar la residencia de Carlos Ramón González, Benedetti respondió: “Es posible y eso puede ser una hipótesis que me imagino que las investigaciones son las que tienen que llegar a las conclusiones”.
Gobierno inició el trámite de extradición
El martes 19 de agosto, el ministro de Justicia, Luis Eduardo Montealegre, confirmó que existen “grandes probabilidades de que Carlos Ramón González sea extraditado a Colombia desde Nicaragua”.
El funcionario explicó que la solicitud está amparada en el tratado bilateral firmado el 25 de marzo de 1929 entre ambos países, el cual establece las condiciones para conceder o negar una extradición.
Según Montealegre, solo puede rechazarse si el delito es de carácter político, si la pena no corresponde a la contemplada en el acuerdo o si no se cumple el principio de doble incriminación: “Entonces, se reúnen todos los presupuestos necesarios de acuerdo al tratado de extradición para que Ramón González sea enviado a Colombia”.
El jefe de la cartera añadió que, aunque el proceso depende de las autoridades judiciales de Nicaragua, la Cancillería y la Embajada colombiana están haciendo seguimiento para que el trámite tenga prioridad. “Ya en este momento, el Gobierno nacional está muy atento a pedir agilidad y priorización en este caso”, sostuvo Montealegre.
En paralelo, el Ministerio de Justicia remitió a Interpol la orden de captura contra González, buscando la emisión de una circular roja. “En este momento Francia evalúa, la posibilidad de hacer eficaz inmediatamente esa orden”, explicó Montealegre, al precisar que la validación debe pasar primero por la sede central de Interpol en Lyon.
Contexto del caso
El caso adquirió mayor polémica cuando se conoció que la Embajada de Colombia en Nicaragua había gestionado, el 21 de mayo de 2025, la renovación de la residencia de Carlos Ramón González. El documento enviado al Ministerio de Migración y Extranjería de ese país señalaba: “Solicitamos apoyo del Ministerio de Migración y Extranjería para regularizar el estado migratorio, se renueve la residencia del compañero González, toda vez que esta misma está para vencer el próximo 14 de junio de 2025”.
La Dirección General Consular de Nicaragua autorizó la solicitud, lo que permitió al exfuncionario obtener una nueva cédula de residencia, a pesar de estar bajo investigación en Colombia por delitos de cohecho por dar u ofrecer, peculado por apropiación agravado en favor de terceros y lavado de activos.
Ante las críticas, la Cancillería colombiana aclaró que la solicitud no fue consultada ni aprobada por funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores, y anunció la apertura de investigaciones disciplinarias para establecer eventuales responsabilidades.
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