La tranquilidad del sector de San Diego, en pleno centro de Valledupar, se vio rota por la inesperada detención de un hombre que portaba un brazalete del Inpec, lo que generó preocupación entre la comunidad.
La captura fue llevada a cabo por uniformados de la Policía Metropolitana de la capital cesarense durante un operativo que dejó al descubierto no solo una aparente violación a las condiciones de libertad restringida, sino también una situación de fuga de presos combinada con presunto porte de estupefacientes.
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Así lo informó la institución de forma clara y precisa a través de sus redes sociales, dejando ver una actuación contundente y oportuna de sus unidades motorizadas.
El hombre, que tenía el brazalete electrónico del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), se encontraba fuera de los límites permitidos establecidos como parte de su régimen de libertad restringida.
Según lo señalado por la Policía Metropolitana, este ciudadano fue detenido no solo por quebrantar las medidas impuestas, sino además porque había una orden de captura vigente en su contra por el presunto delito de tráfico de estupefacientes.
A ello se sumó el hecho de que ese incumplimiento fue interpretado como una fuga de presos. En consecuencia, la acción de las autoridades permitió neutralizar dos situaciones irregulares de gran relevancia para el orden público.
Desde el punto de vista legal, la presencia del dispositivo electrónico del Inpec cumplía con su propósito de monitorear el cumplimiento de las restricciones impuestas al sindicado. Sin embargo, una falla evidente en su supervisión fue detectada: el hombre se desplazó fuera del perímetro determinado, lo cual constituye una infracción grave al sistema de control de interno, derivando en su pronta interceptación.
Una vez capturado, los uniformados lo informaron de sus derechos, lo condujeron hasta el sitio de detención correspondiente y lo pusieron a disposición de las autoridades competentes, con la prioridad de garantizar la transparencia y el debido proceso.
Y es que dichos casos representan una fuerte problemática que ha tenido, la mayoría de los casos, en Bucaramanga, una de las ciudades más afectadas por la inseguridad en todo el territorio nacional.
No es la primera vez que alguien con casa por cárcel es detenido fuera de sus sitios de reclusión
Por ejemplo, según cifras oficiales, más del 50% de las personas que deberían estar cumpliendo su condena mediante detención domiciliaria han sido recapturadas mientras cometían nuevos delitos en las calles de la capital santandereana, como robos, atracos y microtráfico.
El alcalde Jaime Andrés Beltrán calificó esta problemática como un “juego del gato y el ratón”, donde los condenados vuelven rápidamente a delinquir pese al beneficio otorgado.
En 2024, se identificaron 104 casos en Bucaramanga donde personas con prisión domiciliaria fueron detenidas en flagrancia. Uno de los casos más notorios fue el de alias Pichi (Óscar Camargo Ríos), un reconocido narcotraficante santandereano, asignado a detención domiciliaria en Medellín. El criminal reincidió constantemente, saliendo de su residencia e incluso desactivando su brazalete electrónico mientras se desplazaba libremente.
Así mismo, en Valledupar, también se reportaron incidentes similares. En julio de 2024, José Pérez —que cumplía condena por hurto calificado agravado bajo prisión domiciliaria— fue capturado en la vía pública mientras transitaba por el barrio El Porvenir. La policía lo retuvo por el delito de fuga de presos, reflejando la fragilidad del sistema de control en el departamento del Cesar, donde ese año ya se registraban unas 40 capturas de este tipo.
Casos en otras regiones también evidencian el alcance del problema. En Neiva, por ejemplo, un hombre apodado “Parra”, con medida de detención domiciliaria por tráfico de estupefacientes, fue detenido en la terminal de transporte mientras trataba de salir de la ciudad.
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