El viernes 5 de agosto, durante un Consejo de Ministros, el presidente Gustavo Petro sorprendió con una directriz sobre el Canal Uno. “El ministro [TIC] tiene la orden de empezar la licitación del Canal 1, una nueva forma de manejar la televisión, que no es del Gobierno, pero tampoco del potentado económico. Debe ser de la juventud, desde la gente, de la cultura, del arte, etcétera”, afirmó el mandatario.
La instrucción fue interpretada por sectores políticos y de medios de comunicación como un intento de “expropiación” y como un riesgo para la libertad de prensa y el pluralismo informativo. El Canal Uno es actualmente operado por Plural Comunicaciones, una alianza empresarial que ganó la licitación pública en 2017.
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Ante la declaración presidencial, Ramiro Avendaño, presidente del Canal 1, respondió con firmeza: “La concesión de Canal 1 está vigente hasta mayo del 2037 por ley de la República. Además, desconocemos las intenciones políticas detrás del matoneo sistemático con un medio libre y plural que defiende la democracia, la libertad de prensa y representa los intereses de todos los colombianos”.
Lo que dicen la ley y el contrato vigente
La historia de la concesión actual se remonta a 2016, cuando la Autoridad Nacional de Televisión (Antv) abrió el proceso licitatorio. En abril de 2017, el contrato fue adjudicado a Plural Comunicaciones, integrado por CM&, NTC, RTI y HMTV1. El oferente pagó $107.500 millones, una cifra que superó en un 9,6 % el valor base fijado por la Junta Nacional de Televisión.
Aunque inicialmente la adjudicación se planteó a 10 años, la expedición de la Ley 1978 de 2019 modificó las reglas. Dicha norma, en su artículo 12, estableció que “el permiso para el uso del espectro radioeléctrico tendrá un plazo definido inicial hasta de veinte (20) años”. En consecuencia, el contrato firmado el 30 de abril de 2017 quedó vigente por dos décadas, con vencimiento el 30 de abril de 2037.
Esto significa que la concesión no expira en 2027, como sugirió el presidente Petro, sino diez años después. La abogada Carolina Restrepo Cañavera interpretó la ley y explicó que no se trata de una prórroga automática ni de una decisión discrecional: es un contrato firmado con fecha y plazo definidos, con respaldo jurídico en las leyes 1341 de 2009 y 1978 de 2019.
Sobre la ausencia del contrato en el Secop, la jurista explicó que “no se encuentra allí porque no todo contrato estatal se rige por el Estatuto General de Contratación. Los contratos de concesión del espectro, como el de Canal 1, se celebran bajo un régimen especial y, por eso, no se publican en el Secop. Así de simple”.
La defensa del Canal 1 y el debate por el pluralismo informativo
Tras las declaraciones de Petro, Plural Comunicaciones emitió un comunicado en el que reiteró la legitimidad de la concesión y su rol en el ecosistema mediático. “Plural Comunicaciones, concesionario de Canal 1 de televisión, ratifica ante la opinión pública su absoluto cumplimiento de la ley y su inquebrantable compromiso con la libertad de prensa, la democracia, la pluralidad informativa, la enseñanza y recreación que cobijan a más de 17 millones de televidentes mensuales”, señala el texto.
El comunicado subrayó además que el canal se financia exclusivamente mediante publicidad, con acuerdos de contenidos con actores nacionales e internacionales como Univisión-Televisa, NBCU-Telemundo, Telepacífico, Teleantioquia, Caracol Radio y Telecaribe. Según la empresa, todos los convenios cumplen con la normativa vigente y reflejan pluralismo informativo.
El trasfondo de esta polémica no es menor: el Canal 1 es una señal abierta que compite en condiciones distintas a los grandes canales privados del país. Su existencia depende de una concesión que no solo está definida en el tiempo, sino que también fue obtenida bajo un proceso licitatorio con veeduría de la Procuraduría General de la Nación.
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