¿Paz Total o paz electoral?: tercer año del Gobierno Petro evidencia falta de estrategia y aumento de violencia

Colombia vive hoy una compleja “tormenta perfecta” en materia de seguridad, según un informe reciente de la Fundación Ideas para la Paz (FIP). Esta tormenta se configura por el aumento sostenido de la confrontación armada, la expansión y fragmentación de grupos ilegales, y la falta de consolidación de procesos de paz que permitan alivios humanitarios reales.

El país registra un aumento del 140% en ataques a la infraestructura, un 111% en combates contra la fuerza pública y un 68% en enfrentamientos entre grupos armados, cifras que evidencian un conflicto más atomizado y complejo.

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Además, mientras grupos como el Clan del Golfo adoptan una estrategia más centralizada y agresiva, la Fuerza Pública, aunque ha incrementado su ofensiva militar en un 111%, concentra sus operaciones en apenas cuatro departamentos, dejando otras zonas críticas sin atención efectiva.

Andrés Preciado, director de Conflicto y Seguridad de la FIP, explica que “aunque ambas buscan transformar el conflicto, operan por separado, sin dirección unificada ni visión territorial integrada”, refiriéndose a la falta de articulación entre la política de paz y la estrategia de seguridad. Este divorcio ha generado un escenario donde ni la fuerza pública estabiliza los territorios ni los procesos de paz avanzan con garantías.

A esto se suma la dificultad para mantener capacidades de inteligencia efectivas, debido a los cambios frecuentes en los oficiales de mando, afectando la continuidad de la planeación operativa, mientras que el aumento presupuestal del sector Defensa (5,5% entre 2022 y 2025) no se traduce en una mejora real, dada la rigidez del gasto y el aumento en los costos operativos.

Comunidades en el centro de la crisis humanitaria

El impacto de esta “tormenta” no es solo militar sino profundamente social y humanitario. La ofensiva militar intensificada no ha significado una mayor protección para la población civil, dado que no está acompañada de una estrategia integral de seguridad territorial ni mecanismos de articulación institucional efectivos.

El Comité Internacional de la Cruz Roja (Cicr) alerta que 2025 podría ser el año con mayor impacto humanitario en la última década. Los datos son alarmantes: desplazamientos masivos aumentaron un 22%, ataques a misiones médicas se dispararon en un 142%, el reclutamiento forzado subió 27%, y los secuestros 15%.

Aunque los homicidios de líderes sociales disminuyeron un 11%, la presión de actores armados sobre organizaciones sociales y juntas de acción comunal se intensifica, evidenciando una violencia que ha evolucionado hacia formas más sutiles de dominación, como la vigilancia constante y el control social.

Una política sin rumbo definido

La llamada “Paz Total”, presentada desde el inicio del gobierno como una apuesta innovadora, ha ido mutando en función de las urgencias políticas y los obstáculos prácticos. Según el análisis de la FIP, ha pasado de ser una propuesta de paz territorial, a una estrategia político-militar, luego a un enfoque en la paz urbana, y actualmente corre el riesgo de convertirse en una “paz electoral”.

Esta transformación no responde a una estrategia estructurada sino a ajustes reactivos frente a fracasos y bloqueos, lo que ha profundizado la incoherencia y debilitado la confianza en la política de paz. En palabras de Preciado, “Varias de nuestras alertas se han cumplido: expansión de grupos armados, falta de método, débil articulación institucional y una arquitectura estatal insuficiente”.

Actualmente, cinco de las nueve mesas de negociación siguen vigentes, incluyendo la negociación con el Estado Mayor de los Bloques y Frentes (Embf) y las bandas urbanas de Buenaventura y Valle de Aburrá. Sin embargo, en el caso de Buenaventura, declarado anteriormente “Laboratorio de la Paz”, la tregua entre grupos armados ha colapsado, dejando su futuro incierto.

Uno de los problemas centrales sigue siendo la ausencia de rutas legales claras para la situación jurídica de los negociadores, lo que afecta la entrega de armas, reintegración y el desarrollo de procesos efectivos y sostenibles.

Retos y escenarios para el último año de Gobierno

Con solo un año por delante, la política de paz y seguridad enfrenta tres grandes retos. Primero, evitar que el deterioro en seguridad y la crisis humanitaria se agraven aún más, lo que dejaría al próximo gobierno con una situación más crítica y pocos márgenes de acción.

Segundo, afrontar unas elecciones que podrían estar marcadas por la presión y manipulación territorial por parte de actores armados, más que por la cooptación directa de resultados.

Y tercero, manejar negociaciones que, aunque seguirán abiertas, probablemente solo generen avances simbólicos y temporales, más enfocados en crear una percepción de progreso que en cambios estructurales reales.