Así operaba Walter Francisco Martínez, hasta ahora el único capturado en el caso de Lili Pink y presunto encargado del lavado de activos

La captura de Walter Francisco Martínez Martínez, abogado y representante de siete empresas fachada, ha puesto en el centro de atención el presunto entramado de contrabando y lavado de activos que involucra a las tiendas Lili Pink y su casa matriz Fast Moda S.A.S.

La Fiscalía General de la Nación lo señala como operador fundamental de una red dedicada a la importación y comercialización irregular de mercancías provenientes de China y Panamá, que, mediante sociedades ficticias, movilizaba grandes sumas de dinero entre varios países.

Walter Francisco Martínez Martínez, hasta ahora el único detenido en el caso, es señalado de coordinar un esquema que empleaba siete empresas fachada para ingresar productos al territorio nacional y transferir luego los recursos a cuentas internacionales, ofreciendo así apariencia de legalidad a fondos de origen ilícito y posibilitando el blanqueo de capitales.

Las autoridades indican que estas operaciones afectaron el sector textil colombiano desde al menos 2014, conforme detallan el diario colombiano El Tiempo y la emisora Caracol Radio.

Estructura del esquema de contrabando y lavado de activos

La Fiscalía General de la Nación sostiene que Martínez Martínez encabezaba la recepción de mercancía originaria de China y Panamá.

Él representaba legalmente al menos siete empresas ficticias, utilizadas para introducir productos en Colombia mediante sociedades de papel. Posteriormente, la mercadería era puesta en circulación de manera irregular y las utilidades se transferían fuera del país para ocultar su verdadero origen, en lo que las autoridades describen como un proceso típico de lavado de activos.

Las tiendas Lili Pink operarían como fachada para otorgar legalidad aparente a los productos ingresados irregularmente.

Este esquema permitía que prendas sin los controles reglamentarios fueran distribuidas en gran escala a lo largo del país. La investigación mostró que la red recurría a complejas maniobras empresariales y comerciales, con la creación, modificación y cierre de sociedades únicamente para traspasar activos, lo que permitía evitar la asunción de obligaciones legales que pudieran comprometer el esquema.

Empresas y movimientos financieros bajo sospecha

Martínez Martínez aparece como representante legal de siete empresas fachada, todas bajo investigación por su papel en la importación irregular y por movimientos financieros señalados como inusuales.

Desde 2017, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) detectó operaciones atípicas en Pink Life S.A.S. y otras sociedades, aunque los directivos argumentaron ante la emisora Caracol Radio que todas las transacciones están debidamente justificadas y documentadas.

La práctica constante de crear y cerrar empresas, heredando únicamente cuentas por cobrar y no obligaciones, permitió que los movimientos de mercancías y dinero evadieran los controles normales del sistema fiscal y aduanero.

La Dian reportó posibles vínculos de funcionarios públicos, pues en registros de Pink Life S.A.S. se hallaron nombres que podrían estar implicados en devoluciones de dinero; sin embargo, la Fiscalía General de la Nación no ha confirmado investigaciones abiertas sobre estos funcionarios hasta la fecha.

Las autoridades subrayaron el crecimiento de Lili Pink, citando la apertura de más de 400 tiendas desde 2014, presuntamente impulsado por esta estructura. Este desarrollo comercial responde a una organización encaminada a mantener el flujo de recursos y mercancías fuera de los controles legales, empleando la expansión comercial como cobertura de legalidad.

Investigación y consecuencias legales para Martínez

La detención de Martínez Martínez se efectuó el 26 de abril en Barranquilla tras varios allanamientos, como parte de una serie de órdenes de captura previstas por la Fiscalía General de la Nación.

Durante las audiencias, la fiscal a cargo presentó catorce carpetas de pruebas y solicitó una medida de reclusión preventiva por riesgo de fuga y posible obstrucción a la justicia.

El detenido enfrenta cargos por asociación para delinquir, lavado de activos, contrabando y enriquecimiento ilícito, ninguno de los cuales aceptó.

La jueza de garantías ordenó su reclusión mientras resuelve solicitudes de la defensa, que argumentó falta de acceso completo al expediente. Tanto la Fiscalía General de la Nación como la Dian recalcan el potencial riesgo procesal que supondría su libertad, subrayando el papel central de Martínez Martínez en esta estructura investigada.

El proceso penal contempla la “pérdida de propiedad por sentencia judicial” sobre bienes y activos vinculados, incluyendo locales y recursos de Lili Pink y Fast Moda S.A.S., mientras avanzan las indagaciones para determinar la posible participación de otras personas asociadas al entramado financiero y comercial.

Los ingresos de la venta de mercancías eran transferidos al extranjero de manera encubierta, permitiendo que el esquema persistiera durante años pese a la vigilancia fiscal y los controles reforzados desde 2017.

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