El doloroso relato de una víctima más de los biopolímeros en Colombia: hasta tutelas ha radicado

En Colombia, el uso de los biopolímeros en las cirugías estéticas es una práctica que cada año afecta a cientos de mujeres en el país, por cuenta de las complicaciones que conlleva para la salud de las pacientes la inyección de estas sustancias. Esto a pesar de que su uso está prohibido desde 2023 y su uso y comercialización acarrea penas entre los dos y los 10 años de prisión y multas que oscilan entre los 150 y 250 salarios mínimos legales vigentes.

El testimonio de Luz Stella Alzate, narrado en Noticias Caracol, ilustra la tragedia común de quienes, en busca de belleza, son engañados, vulnerados por el sistema de salud y atrapados en interminables trámites legales y médicos para acceder a procedimientos de retiro de las sustancias nocivas.

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De acuerdo con el relato entregado a ese medio de comunicación, Luz Stella comenzó este doloroso recorrido a los 37 años, cuando acudió a una clínica estética en busca de una solución para los “huequitos” de acné en su rostro. Lo que le dijeron que era vitamina C resultó ser biopolímeros, sustancias prohibidas con efectos devastadores en el cuerpo humano. Inicialmente, Alzate no notó diferencias, pero paulatinamente su rostro empezó a inflamarse, sufrió dolores agudos y, lo más grave, perdió la visión temporalmente por la inflamación severa en sus ojos.

A los 60 años, Alzate había pasado más de 20 años sufriendo consecuencias físicas y emocionales. Ella misma describe con tristeza cómo el procedimiento “acabó totalmente” su rostro, generándole además dificultades para ver y múltiples incapacidades laborales. El diagnóstico de biopolímeros en la cara solo llegó después de años de incertidumbre médica y deterioro progresivo.

En su relato, Alzate narró que su calvario no provino solo de las complicaciones médicas, sino de la indiferencia por parte de su Entidad Promotora de Salud (EPS) y los profesionales de la salud. En reiteradas ocasiones, sus llamados por atención fueron ignorados por las entidades, lo que empeoró sus padecimientos y afectó más su salud.

Por otro lado, Luz Stella alegó que los tratamientos indicados por los médicos tratantes, en lugar de mejorar temporal o progresivamente sus dolencias, solo empeoraron su situación. Por ejemplo, las inyecciones administradas para desinflamar su rostro le provocaron cataratas en ambos ojos, complicando aún más su estado de salud y afectando notoriamente su calidad de vida.

Luz Stella señaló que conseguir un tratamiento adecuado ha sido prácticamente imposible, en su narración fue enfática en que ha tenido que recurrir a la radicación de derechos de petición y tutelas judiciales, que han fallado a su favor, para acceder a las cirugías de remoción de las sustancias y reconstrucción de los tejidos, procedimientos que, pese a que son meramente estéticos, son fundamentales para recuperar su calidad de vida.

El caso de Luz Stella Alzate se replica en cientos de colombianos, en su mayoría mujeres, que tras ser víctimas del engaño y del uso irresponsable de biopolímeros por parte de profesionales que se presumen calificados, quedan abandonadas por el sistema de salud.

Sin embargo, aunque jurídicamente existe protección, en la práctica el acceso efectivo al tratamiento depende de trabas burocráticas, demandas judiciales, a las que se tienen que someter los pacientes cuyos tratamientos dependen, en último lugar, de la voluntad de los profesionales de salud que no los estigmatiza.

Este drama nacional evidencia la urgencia de políticas de prevención, aumento de la capacitación médica, mejoras en la ruta de atención y verdaderas sanciones contra quienes ofrecen tratamientos peligrosos y no autorizados. También es imprescindible la garantía del acompañamiento psicológico y social, pues los daños trascienden lo físico para convertirse en una carga emocional de por vida.