Sentimientos de angustia e incertidumbre predominan entre las familias de los nueve contratistas de la Gobernación del Cauca, quienes permanecen en poder de disidencias de las Farc tras ser secuestrados en el área rural de López de Micay.
Han transcurrido casi cuarenta horas desde la retención, pero en las últimas horas se conocieron imágenes que confirman que las víctimas continúan con vida y aparentemente en buen estado de salud.
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“Ustedes nos han requerido que expliquemos puntualmente un proyecto de inhibidores de drones, con base en una necesidad que presentó la Fuerza Pública. Dentro de esa necesidad ellos han pedido que se les suministre este tipo de elementos, dentro del proyecto son tres unidades que se adquirieron por un valor de 4.000 millones de pesos”, se escucha decir a una mujer. Por la calidad del video, no se puede determinar si esas palabras fueron pronunciadas por una de las secuestradas o por una de las captoras
La grabación muestra a las siete mujeres y los dos hombres sentados en sillas dentro de una estructura de madera en plena selva, y constituye la primera prueba visual desde el secuestro perpetrado mientras el grupo se desplazaba por el río Micay rumbo a una misión humanitaria.
Estas personas serían; Eivar Alonso Guerrero Anaya, Sergio Andrés López Gómez, Angélica María Barona, Leydi Rocío Guengue, Paola Andrea Maca Chávez, Mónica Alexandra Bambague, Manuela Caicedo Arango, María Elizabeth López y Elizabeth Yangana.
La organización armada justificó esta retención alegando que los trabajadores entregaban e instalaban “equipos militares al Ejército Nacional, destinados a bloquear señales y derribar drones”, aparatos con capacidad de interferir señales de telefonía celular, conexiones wi-fi y operaciones de vehículos aéreos no tripulados.
Mientras las imágenes circulaban en medios y redes sociales, las familias de los secuestrados organizaron una vigilia en el parque Caldas de Popayán, capital departamental. Reunidos con velas, amigos y allegados exigieron la liberación de los trabajadores y garantías sobre su integridad física.
De acuerdo con Blu Radio, desde la confirmación de la retención la noche del jueves 17 de julio, las primeras indagaciones de organismos de seguridad indicaron que los responsables serían miembros de los frentes disidentes Carlos Patiño y Rafael Aguilera, que ostentan influencia en la zona sur del Cauca, especialmente en los municipios de Argelia, El Tambo y López de Micay.
En sus declaraciones a medios, voceros militares citados por El País de Cali afirmaron que ya contaban con información sobre la retención antes de que fuera confirmada por el grupo armado. “Ya teníamos información de esta retención masiva y ahora en la noche de este jueves 17 de julio ese mismo grupo armado terminó de corroborar la información que teníamos sobre la retención de estos nueve funcionarios, quienes estarían en poder de los integrantes de los dos frentes que delinquen en esa zona, que son los frentes Carlos Patiño y Rafael Aguilera”, señalaron fuentes de la Fuerza Pública.
Las disidencias publicaron un comunicado en el que mencionaron específicamente los nombres, funciones y equipos tecnológicos decomisados durante la retención.
Dichos equipos, cuyo valor supera los 4.000 millones de pesos (alrededor de USD 1 millón), formaban parte de un proyecto contratado para la protección de instalaciones estatales frente a amenazas como el uso de drones en acciones armadas.
La operación de secuestro no derivó en choques armados ni se produjo resistencia, según la versión oficial. Tampoco se reportaron pérdidas humanas o lesiones al momento del traslado de los funcionarios hacia la zona selvática, donde permanecen bajo vigilancia de los frentes armados.
El Comité Internacional de la Cruz Roja y la Defensoría del Pueblo han iniciado mediaciones ante las disidencias de las Farc con el objetivo de lograr la pronta liberación de los nueve trabajadores.
Hasta el momento, ningún organismo oficial ha anunciado una fecha para el inicio formal de las negociaciones, aunque autoridades regionales y nacionales han solicitado acciones inmediatas para conformar la comisión humanitaria correspondiente.
Las autoridades mantienen contacto continuo con las familias de las víctimas, a quienes brindan acompañamiento psicosocial.
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