
Empresas Públicas de Medellín (EPM) puso en pausa una de sus apuestas más ambiciosas en energías renovables, la construcción del parque eólico E200 en La Guajira. El proyecto, que prometía generar 200 megavatios, más de diez veces lo que producía el pionero Jepirachi, quedó, por ahora, en suspensión indefinida debido a obstáculos sociales y logísticos que complican su viabilidad.
“Lo vamos a guardar por el momento, lo tenemos parqueado”, confirmó John Maya Salazar, gerente general de EPM, en entrevista con El Tiempo referirse al futuro del E200. Aunque el proyecto ya cuenta con licencia ambiental y todos los permisos exigidos por las autoridades, la compañía no ve condiciones adecuadas para su construcción. El principal motivo fueron las crecientes dificultades para lograr acuerdos estables con las comunidades indígenas de la región.
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La situación no es nueva. Desde 2023, EPM también enfrenta complicaciones para desmontar Jepirachi, el primer parque eólico del país, ubicado en el municipio de Uribia. Ese proyecto, que comenzó operaciones en 2003 con una capacidad de 19,5 megavatios, fue desconectado de la red nacional en octubre 2023 al cumplir su vida útil de dos décadas. A pesar de que ya está inactivo, su retiro completo es imposible por persistentes desacuerdos con la comunidad wayuu y autoridades locales.
Las tensiones sociales afectaron no solo a EPM. Otros actores del sector también optaron por dar un paso atrás, según el medio antes mencionado. Celsia, por ejemplo, detuvo los proyectos Camelias y Acacia (330 megavatios), mientras que EDP Renewables hizo lo propio con Alpha y Beta (500 megavatios). El entusiasmo por aprovechar el potencial eólico de La Guajira se ha ido desinflando frente a una realidad compleja en el territorio.
Una de las principales barreras es la construcción de la línea de transmisión Colectora, infraestructura clave para conectar estos parques al sistema eléctrico nacional. Esta obra, a cargo del Grupo Energía Bogotá (GEB), debía estar operativa desde noviembre de 2022. Sin embargo, las 235 consultas previas requeridas con comunidades indígenas ralentizaron el proceso, al punto que las obras solo comenzaron hacia finales de 2024. Ahora, el nuevo cronograma estima su puesta en marcha para agosto de 2026.

John Maya es claro al respecto: “Cada vez se va haciendo más complejo y lo que habría que aportarles a estas comunidades, o por lo que eso implica en el tiempo, hace que estos proyectos sean inviables”. Para la empresa, los costos no se limitan a lo técnico y financiero, sino que incluyen un alto riesgo social que, bajo las condiciones actuales, frena cualquier decisión definitiva.
El gerente también señaló que aún hay mucho por revisar en términos de tecnología. Si en algún momento se retoma el proyecto, será necesario actualizar su diseño y estimar nuevamente los costos de construcción, pues las soluciones eólicas evolucionaron, volviéndose más eficientes y también más exigentes en infraestructura.
No obstante, EPM insiste en que no descarta del todo el E200. Mientras tanto, continúa cumpliendo con las obligaciones fiscales necesarias para mantener vivo el proyecto. “Nosotros seguimos pagando todos los impuestos que son necesarios para mantener vivo el proyecto, pero la decisión de construir el proyecto todavía no se ha tomado y creo que nos vamos a demorar un tiempo para tomarla”, afirmó Maya Salazar.

El intento fallido de prolongar la vida útil de Jepirachi es otra muestra de las limitaciones del contexto local, institucional y cultural. En 2023, la entonces ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, anunció “alianza público popular” con la comunidad wayuu para que el parque siguiera operando. Sin embargo, esa iniciativa tampoco prosperó por falta de acuerdos claros y sostenibles.
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