Fiscalía se tomó la sede de la Asociación de Municipios del Caribe en Barranquilla: habrían violado las leyes de contratación

Las primeras horas del miércoles 16 de julio estuvieron marcadas por la irrupción de organismos judiciales en la sede de la Asociación de Municipios del Caribe (Aremca), en Barranquilla.

El allanamiento, realizado por la Fiscalía delegada ante la Corte Suprema de Justicia con apoyo de la Dirección Especializada contra la Corrupción y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), tuvo como objetivo central recolectar material probatorio relacionado con supuestas irregularidades en múltiples contratos administrativos.

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El operativo formó parte de una serie de acciones orientadas a fortalecer la lucha contra la corrupción en entidades y asociaciones que gestionan recursos públicos municipales.

De acuerdo con la información preliminar conocida hasta el momento, el registro en las instalaciones de Aremca ocurrió en medio de varias investigaciones que lleva a cabo la Fiscalía General de la Nación. Las autoridades buscan establecer la existencia de delitos asociados a prácticas ilícitas en la contratación pública y, de ser el caso, identificar a los posibles responsables de irregularidades administrativas, financieras o penales.

Sin embargo, los hallazgos se mantienen reservados y el ente investigador informó que continuará reportando novedades sobre el procedimiento y sus hallazgos conforme avance la investigación.

Pero las pesquisas sobre Aremca no surgieron de manera espontánea. Tienen origen en una denuncia presentada por Andrés Idárraga Franco, Secretario de Transparencia del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, que alertó sobre graves anomalías en la adjudicación de contratos a esta asociación durante los años 2022 y 2023.

Según detalló Idárraga, en ese periodo se atribuyeron a la asociación al menos 43 proyectos financiados por el Sistema General de Regalías, con compromisos superiores a 286.000 millones de pesos, pese a que la entidad no cumplía con los requisitos legales exigidos como ejecutora de esos recursos.

Aremca, entidad que agrupa a municipios de toda la región Caribe, habría recibido fondos para proyectos distribuidos en departamentos como Arauca, Atlántico, San Andrés, Bolívar, Córdoba, Magdalena, Sucre y La Guajira.

La denuncia puntualiza que la suma comprometida alcanzó los 286.166 millones de pesos, con asignaciones específicas como 90.360 millones para Arauca y 78.004 millones para San Andrés.

El acto de adjudicar la gestión de estos fondos a una entidad que no está inscrita en el Registro de Esquemas Asociativos Territoriales (Reat) podría derivar, según el denunciante, en la nulidad del acto administrativo y responsabilidades disciplinarias, fiscales o penales para los funcionarios que omitieron la verificación de los requisitos esenciales.

La documentación allegada a la Procuraduría y la Fiscalía pone el foco en si existió la omisión de requisitos legales, lo que podría configurar delitos como contrato sin cumplimiento de requisitos legales y prevaricato por acción u omisión.

Además, el seguimiento a estos procesos busca determinar si los servidores públicos del Departamento Nacional de Planeación (DNP) a cargo de la supervisión también incurrieron en falta por no reportar ni investigar la carencia de acreditación de Aremca, lo cual podría comportar sanciones disciplinarias y fiscales.

En 2022, la representante a la Cámara Lina María Garrido Martín denunció que la entonces gobernadora encargada de Arauca, Indira Luz Barrios, habría gestionado la contratación de 24.000 millones de pesos provenientes del Sistema General de Regalías a través de Aremca, esquivando el proceso de licitación pública y a pesar de que la asociación carecía de capacidad financiera para ejecutar los proyectos.

Entre las obras comprometidas en ese periodo se mencionan la construcción de infraestructuras en veredas como La Yuca, El Muerto, El Torno, y otros sectores de Arauca, así como trabajos de redes de alcantarillado y mejoramiento de rellenos sanitarios en municipios como Tame.

Todas estas intervenciones estaban sujetas a la supervisión del DNP, que según la denuncia, omitió el deber de control y fiscalización sobre los requisitos de capacidad y legalidad de la asociación.