
Antes de su salida del Congreso el 18 de agosto del 2023, el expresidente Álvaro Uribe, entonces senador del Centro Democrático, presentó el borrador con el proyecto por medio del cual se reducía la jornada laboral semanal de manera gradual, sin disminuir el salario de los trabajadores, que al ser aprobado en junio del 2021, se convirtió en la Ley 2101.
En ella se establece que “la duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo debe ser de cuarenta y dos (42) horas a la semana, que podrán ser distribuidas, de común acuerdo, entre empleador y trabajador, en 5 o 6 días a la semana, garantizando siempre el día de descanso”.
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Con la aprobación del proyecto, desde el Centro Democrático celebraron que “los colombianos puedan aprovechar los espacios familiares, cumplir metas educativas y descansar para asumir la jornada laboral con más eficiencia. Adicionalmente, es una medida para crear un ambiente laboral más fraterno y de mejor calidad de vida”.
La primera reducción se efectuó el 15 de julio del 2023, cuando la jornada laboral de los colombianos pasó de 48 a 47 horas a la semana; un año más tarde, en la misma fecha, se redujo otra hora y, en el 2025, se pasó de las 46 a las 44 horas, como establecía el proyecto.
Otras dos horas deberán restarse en los siguientes años para que, en los primeros meses del 2027, los colombianos puedan disfrutar de una jornada de 42 horas, como la que imaginó el expresidente.

¿Qué otros detalles necesita saber sobre la reducción de horas laborales?
Mientras la reducción progresiva de la jornada laboral avanza, uno de los puntos que llama la atención es el nuevo cálculo del costo por hora trabajada. Tal y como muestran las cifras, en 2021 cada hora laboral de una persona con salario mínimo equivalía a 3.786 pesos, pero para 2025 ese valor aumenta a 6.355 pesos.
De acuerdo con la ley de reducción de la jornada, los empleadores no pueden bajo ninguna circunstancia fijar un número de horas semanales superior al autorizado por la ley. De requerirse un aumento temporal de la jornada, el empleador debe negociarlo con el trabajador y reconocer el pago de extras o recargos previstos en la legislación laboral.
Además, la normativa prohíbe que los horarios de descanso o almuerzo se amplíen, para obligar a los trabajadores a quedarse en la oficina en los mismos horarios. De ahí que deba ajustarse el reglamento interno y también sus contratos.

A partir del 15 de julio de 2025, toda jornada que supere las 44 horas semanales debe abonarse como tiempo extra, con los recargos y beneficios que establece la regulación vigente. Cualquier tarea ejecutada por encima de dicho límite semanal se considera extraordinaria y exige su remuneración especial. Con este ajuste, las empresas están obligadas a reorganizar la administración de personal y cumplir los mecanismos para calcular y pagar las horas extraordinarias correctamente.
Inicialmente, surgieron dudas entre empleadores y trabajadores sobre el impacto financiero de la medida. Sin embargo, la aplicación de la regulación muestra que los ingresos mensuales y las prestaciones sociales no sufrieron reducción alguna. El propósito de la ley, parte de mejorar la calidad de vida: permite a los empleados dedicar más tiempo a su entorno personal, ocio y actividades familiares, además de favorecer el desarrollo de hábitos saludables y fortalecer su bienestar físico y psicológico.
La reducción de la carga horaria con salario proporcional se traduce automáticamente en un mayor valor por hora trabajada. De manera que la medida no solo protege el ingreso del trabajador, sino que eleva el precio de cada hora en la oficina. Este resultado se deriva de una fórmula simple: al trabajar menos horas sin disminuir el salario nominal, el cociente del ingreso mensual sobre el número de horas da un valor unitario superior.
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