Defensa de Diego Cadena, abogado de Álvaro Uribe, pidió al juez que lo declare inocente: negó sobornos y acusó al paramilitar alias Víctor de cambiar su versión

Durante la etapa final del juicio contra el exabogado del expresidente Álvaro Uribe, el penalista Iván Cancino afirmó que no existen pruebas de que Diego Cadena haya entregado sobornos a testigos en el caso que enfrenta por fraude procesal y soborno en actuación penal.

“Ha sido el mayor honor de mi vida ser el abogado del presidente Uribe”, escribió Cadena al renunciar a rendir declaración en la audiencia de este viernes 11 de julio.

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Cancino negó que su cliente haya intentado manipular el testimonio de Juan Guillermo Monsalve y reiteró que tampoco ofreció dinero al exparamilitar Carlos Enrique Vélez, alias Víctor, con el objetivo de que se retractara de señalamientos en contra del senador Iván Cepeda.

La Fiscalía General, la Procuraduría y los representantes de víctimas, como el propio Cepeda y Deyanira Gómez, pidieron condena, mientras que la defensa solicitó la absolución.

Uno de los puntos más debatidos fue la consignación de $2 millones, realizada por Cadena para cubrir una cuenta hospitalaria relacionada con el hijastro de Vélez.

Para la Fiscalía, ese pago sería prueba de un soborno; sin embargo, Cancino argumentó que se trató de un acto humanitario, impulsado por lo que denominó “el síndrome del salvador”.

Según el abogado, existía un niño enfermo, y hay suficientes pruebas que lo corroboran, como mensajes de Vélez pidiendo ayuda y testimonios de personas cercanas como María Elena y Rodolfo.

“¿Yo puedo pagar un soborno para pagar una cuenta de hospital? Claro que sí, eso también sería soborno. Pero todo lo que le he dicho tumba esa teoría”, señaló Cancino, y agregó: “Lo que demuestra, con el perdón de mi cliente, es que se mete en un mundo que no conocía, que se las da con el síndrome del salvador para obtener una satisfacción personal de ayudar a la gente”.

El penalista sostuvo que la defensa comprobó la existencia del menor y su estado de salud a través de testimonios, chats y una línea de tiempo coherente, a diferencia de la acusación, que —según dijo— no profundizó en verificar los hechos.

“La defensa sí hizo el deber y usted lo puede corroborar. En el momento en que aparece la consignación de los 2 millones de pesos, la defensa corroboró“, explicó.

Cancino también fue enfático en cuestionar la credibilidad de Vélez, quien, según dijo, ha cambiado su relato en múltiples ocasiones. “De cero pasa a 60, de 60 a 200, de 200 a 800 millones, a 5 millones y a otra cantidad de cosas”, relató ante el juez tercero de conocimiento de Bogotá.

Añadió que Vélez llegó incluso a firmar una carta sin saber su contenido ni la fecha, y que esa carta repetía lo que ya había expresado meses antes de conocer a Cadena.

También criticó la lógica de la acusación. “Entonces en 15 minutos viene y me ofrece 200 millones, me trae una carta que yo no leo, me pide que mienta y nosotros le tenemos que creer a Vélez… Eso es absolutamente carente de lógica, no jurídica, de lógica elemental”, argumentó.

La defensa insistió en que Cadena solo verificaba información que le llegaba a Uribe, visitando cárceles donde varios internos habrían manifestado interés en retractarse.

También subrayó que alias Víctor no fue citado como testigo, a pesar de que su testimonio fue clave para la acusación.

“¿Cómo se va a condenar a una persona por un soborno donde el mismo señor da cuatro versiones en este proceso?”, concluyó Cancino. “Tenemos absolutamente claro que el señor Vélez miente”.

El próximo 28 de julio, Colombia conocerá el fallo judicial contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, en un proceso que podría marcar un antes y un después en la historia reciente del país.

Uribe, primer exmandatario en enfrentar un juicio penal, es acusado de soborno a testigos y fraude procesal en un caso originado en 2012, tras una denuncia que él mismo interpuso contra el senador Iván Cepeda, pero que terminó volviéndose en su contra.

La jueza 44 de conocimiento deberá decidir entre la condena, como piden la Fiscalía y las víctimas, o la absolución, respaldada por la Procuraduría y la defensa.

En caso de ser hallado culpable, Uribe, de 73 años, podría enfrentar hasta 12 años de prisión, además de multas e inhabilitación.

Sin embargo, por su edad y la ausencia de antecedentes penales, es probable que se le imponga detención domiciliaria, aunque la Fiscalía podría solicitar reclusión intramural debido a la gravedad de los hechos.