La actriz y presentadora vallecaucana Margarita Rosa de Francisco no ha ocultado en los últimos años su apoyo al gobierno del presidente Gustavo Petro.
La actriz ha defendido la reforma a la salud y hasta ha apoyado la posibilidad de que Carolina Corcho, exministra de Salud, sea candidata presidencial.
Unos de los pronunciamientos recientes fue el 7 de julio, cuando se refirió a las declaraciones del presidente sobre deudas de las EPS que, según el mandatario, no va a asumir el Estado, pues se trata de deudas privadas.
“La deuda de las EPS no es pública, es privada. Devuelvan la plata, delincuentes de lesa humanidad”, escribió de Francisco en su cuento de X.
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Ángela María Orozco, exministra de Transporte (gobierno Iván Duque) le respondió a De Francisco, desestimando su postura y su comentario, afirmado que las ideologías políticas pueden afectar cognitivamente a las personas: “De verdad la ideología embrutece”.
El origen del post de Margarita Rosa de Francisco en contra de las EPS
En medio de un creciente debate sobre la sostenibilidad financiera del sistema de salud en Colombia, el presidente Petro, vía X, dijo que no asumirá como propia la deuda acumulada por las Entidades Promotoras de Salud (EPS) con clínicas, hospitales y otros actores del sistema. La posición oficial del Ejecutivo responde a informaciones recientes que sugerían que la administración del presidente Gustavo Petro contemplaba reconocer dicha cartera como una obligación estatal.
“La deuda con la red hospitalaria es privada, porque las EPS son privadas o controladas por privados, nunca será reconocida, como deuda pública por el gobierno, sería un robo total al erario.La deuda privada de las EPS a la red hospitalaria debe ser pagada con el patrimonio de sus dueños privados, que siempre las controlaron”, señaló Petro.
El pronunciamiento se dio luego de la publicación de un informe de la Contraloría General de la República, el cual reveló que las EPS adeudan cerca de 32,9 billones de pesos por servicios prestados en el sistema de salud. Esta cifra refleja, según el órgano de control fiscal, una creciente inestabilidad del modelo de aseguramiento vigente, además de riesgos significativos para la viabilidad operativa de muchas de estas entidades.
El informe técnico de la Contraloría, que analiza la situación financiera de las EPS activas en el país, identificó que solo 6 de las 29 EPS actualmente operativas cumplen con los tres criterios exigidos por la normativa para su habilitación financiera: capital mínimo, patrimonio adecuado e inversión en reservas técnicas. Estas seis entidades representan apenas el 10,92% de la población afiliada. El restante 89,08% de usuarios está adscrito a EPS que no alcanzan uno o más de estos indicadores.
De las 16 EPS que presentan mayores dificultades de liquidez, la Contraloría advierte que su capacidad para cumplir con obligaciones inmediatas está comprometida. Adicionalmente, el informe señala que las EPS que han sido intervenidas por la Superintendencia Nacional de Salud no cumplen con los requerimientos mínimos de solvencia estipulados en la regulación vigente. Este panorama ha sido interpretado por el órgano de control como una señal de alarma sobre la sostenibilidad del modelo actual.
Frente a la posibilidad de que el Estado colombiano reconociera estas obligaciones como deuda pública, la Presidencia de la República fue enfática en rechazar dicha interpretación. A través de canales oficiales, la Casa de Nariño reiteró que las EPS son entidades privadas o con control mayoritario de actores privados, y por tanto, sus compromisos financieros no corresponden al Tesoro Público.
Según el enfoque del Ejecutivo, las deudas actuales serían el resultado de una lógica estructural que permitió a agentes privados operar con recursos públicos sin generar proporcionalmente mejoras en los servicios para los afiliados. Esta visión ha sido reiterada por distintos voceros del gobierno como argumento para justificar la necesidad de una transformación profunda del sistema de salud.
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