El Congreso de la República dio luz verde, en su cuarto debate, a un proyecto de ley orientado a combatir el hambre y reducir el desperdicio de alimentos en Colombia. La iniciativa, propuesta por el senador Jorge Benedetti, de Cambio Radical, y respaldada por múltiples partidos, introduce la creación del Fondo para la Lucha contra el Hambre y el Desperdicio de Alimentos, con el objetivo de coordinar y potenciar la gestión de recursos públicos y privados para atacar la inseguridad alimentaria.

Datos oficiales presentados por el congresista indican que, cada año, en Colombia se pierden más de nueve millones de toneladas de comida, al mismo tiempo que el 30% de los ciudadanos enfrenta dificultades para alimentarse y el 11,5% vive en situación de pobreza extrema.

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“No podemos seguir siendo un país donde se botan millones de toneladas de alimentos, mientras niños se acuestan sin cenar. Esta ley es un compromiso con la dignidad humana y la justicia social”, afirmó el legislador.

En ese sentido, la iniciativa que se tramita en el Congreso de la República apunta a modificar este panorama mediante mecanismos como el fortalecimiento de sistemas de donación y la imposición de sanciones a quienes desechen alimentos aptos para el consumo. También involucra la implementación de procesos para aprovechar los productos incautados por el Estado, evitando su destrucción y promoviendo su entrega a personas que los requieran.

“No puede haber justicia social mientras haya hambre. Esta ley es una herramienta para saldar esa deuda histórica con los más vulnerables”, precisó.

El proyecto de ley obliga al Gobierno a actualizar cada cinco años tanto la política de seguridad alimentaria como la Encuesta Nacional de la Situación Nutricional, que no ha sido actualizada desde 2019.

También promueve la creación de rutas que faciliten el contacto entre productores, comercializadores y comunidades en situación de vulnerabilidad, mejorando así la distribución de excedentes alimentarios. Tras su aprobación legislativa, el texto queda a la espera de la sanción presidencial.

“Es un paso que es decisivo para unificar recursos, articular políticos y garantizar el derecho a la alimentación de todos los colombianos (…). Hoy, más que aprobar un proyecto, damos un paso grande y firme en la erradicación del hambre en Colombia”, concluyó el congresista.

En marzo de 2025, expertos en nutrición y seguridad alimentaria de América Latina y el Caribe debatieron sobre los principales desafíos que enfrenta la región en la lucha contra el hambre. Durante el encuentro llevado a cabo en Bogotá, indicaron que la meta de eliminar el hambre antes de 2030, planteada por los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, se encuentra aún lejana y que los progresos logrados se han visto revertidos.

Uno de los puntos centrales del encuentro fue el creciente riesgo de desnutrición crónica entre la infancia colombiana. Cifras presentadas por la Fundación Éxito estiman que alrededor de un millón de niños y niñas en el país podrían verse afectados por esta enfermedad en los próximos años. Ante este panorama, Diana Pineda, directora de la organización, aseguró que se debe fortalecer la articulación entre distintos sectores para dar respuesta a la malnutrición y mejorar la atención de los grupos más vulnerables.

El foro también expuso la carencia de datos recientes sobre nutrición en Colombia por la falta de actualización de la Encuesta Nacional de Situación Nutricional. Esta falta de información contrasta con la práctica de naciones vecinas como Perú y Ecuador, que publican información anual sobre el tema, lo cual limita la capacidad de reacción y la formulación de políticas en Colombia. “La inseguridad alimentaria y la malnutrición son un problema que requiere de toda nuestra atención”, dijo Pineda en el evento.