El atentado sufrido por el precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay el sábado 7 de junio de 2025, en el barrio Modelia ha desatado una ola de críticas hacia la Unidad Nacional de Protección (UNP) por la presunta insuficiencia en el esquema de seguridad del senador.
Un adolescente de 15 años disparó a Uribe dejándolo gravemente herido y requiriendo una craniectomía descompresiva.
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En medio de la polémica, el director de la UNP, Augusto Rodríguez, salió al paso de los cuestionamientos y aseguró que no renunciará ni dejará el cargo hasta que el presidente Gustavo Petro se lo solicite, mientras el abogado de Uribe anunció acciones legales en la mañana del 9 de junio.
La versión de la UNP: un esquema mixto y falta de coordinación
Augusto Rodríguez, director de la UNP, abordó las preocupaciones sobre la seguridad del precandidato en una atención a medios.
Según Rodríguez, el esquema de Uribe Turbay es “mixto”, compuesto por “tres personas de la Unidad Nacional de Protección y cuatro personas de la Policía Nacional”.
Por tal motivo, afirmó que el coordinador del esquema es un “vicecomisario” de la Policía, que es el encargado de “orientar y disponer” la protección.
Rodríguez señaló que “lamentablemente hubo situaciones coincidentes” el día del atentado que afectaron la operatividad del esquema.
Detalló que el senador terminó su jornada laboral a las 3:00 a. m., lo que implicó que el personal de seguridad regresara a sus hogares.
El equipo de la UNP, específicamente, tuvo que volver a las 2:00 p. m. para recoger a Uribe en un punto de la ciudad y trasladarlo al lugar del evento.
Sin embargo, el director enfatizó que esta actividad en la localidad de Fontibón “no había sido avisada ni coordinada con las dos entidades de protección”; por lo que esta omisión, según Rodríguez, pudo haber comprometido la eficacia del esquema de seguridad.
Denuncia penal contra el director de la UNP
La situación para Augusto Rodríguez se agravó con el anuncio del abogado de Miguel Uribe Turbay, Víctor Mosquera, que informó sobre la presentación de una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación contra el director de la UNP por presunta omisión de sus funciones.
Mosquera declaró a los medios que se habían presentado hasta 23 solicitudes para reforzar la seguridad de Miguel Uribe desde que anunció su precandidatura presidencial, siendo la última solicitud del 5 de junio.
El jurista argumentó que estas peticiones detallaban la necesidad de una protección adecuada para un candidato presidencial.
El abogado precisó que la propia UNP había advertido en 2023 sobre los riesgos que enfrentaba Miguel Uribe Turbay; sin embargo, Mosquera criticó que, tras el anuncio de su aspiración presidencial no se realizó un nuevo estudio para reevaluar y ajustar la seguridad del precandidato.
“Esto es muy grave porque tenemos que identificar si fue por omisión que se presentaron estos hechos, desde el 5 de junio se sabía que al precandidato tenían que reforzarle su seguridad”, sentenció Mosquera desde las afueras de la Fundación Santa Fe.
Según el abogado, las respuestas de la UNP a sus peticiones reiteraban que Uribe “no representaba un riesgo” y que no podían “colaborarle con sus desplazamientos”.
Esta postura de la UNP es precisamente el centro de la denuncia por presunta omisión, por lo que Augusto Rodríguez, al ser cuestionado si dejaría el cargo, aseguró que: ”Yo renuncio cuando el presidente me lo diga y yo creo que hemos cumplido".
Estado de salud de Miguel Uribe Turbay
El último reporte médico de la Clínica Fundación Santa Fe de Bogotá, emitido la mañana del 9 de junio de 2025, indicó que el senador y precandidato Miguel Uribe Turbay “continúa en estado crítico y ha tenido escasa respuesta a las intervenciones y manejos médicos realizados”.
Su situación “reviste la máxima gravedad” y el pronóstico sigue siendo “reservado”, dado que Uribe fue sometido a una craniectomía descompresiva tras recibir dos impactos de bala en la cabeza.
Al respecto, su esposa manifestó que “Miguel sigue luchando fuertemente por su vida” y pidió que sigan en oración.
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