Cuánto quedarán ganando los policías en Colombia tras aumento del 7% aprobado para el 2025

Uniformados de la Policía se verán beneficiados en el 2025, con el aumento de un 7% en su salario que autorizó el Gobierno nacional, tras una serie de charlas en las que participaron los directivos de las centrales sindicales y representantes del Ministerio del Tarabajo.

La Presidencia informó que con “el acuerdo al que llegaron negociadores del Gobierno nacional y organizaciones sindicales, el incremento salarial tendrá retroactividad desde enero del presente año”.

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Además, se sabe que “para 2026 el aumento corresponderá al Índice de Precios al Consumidor (IPC) causado en 2025, más 1,9 %, y regirá a partir del 1° de enero de ese año”.

Un beneficio que se suma a la prima especial del 16,5%, que reciben desde el 2023 los uniformados en el cargo de general o coronel, como un incentivo por el compromiso que adquieren.

El salario de otros miembros en la institución se calcula con respecto al del máximo rango, que es el de general, para garantizar la equidad y jerarquía.

Los generales, de acuerdo con la Rtvc, perciben un aproximado de 30 millones de pesos mensuales; los coroneles, 15,7 millones de pesos mensuales; los mayores, 4,4 millones de pesos mensuales; los susbtenientes, 2,8 millones de pesos mensuales, y los patrulleros, 2,4 millones de pesos mensuales. A esto tendrá que sumarse el 7% y el IPC + un 1,9% en el 2026.

¿Cómo calcular el aumento del 70% a los trabajadores del sector público en el 2025?

El Gobierno de Colombia y los sindicatos del sector público han alcanzado un acuerdo que establece un incremento salarial del 7% para los empleados públicos, aplicable de manera retroactiva desde el 1 de enero de 2025. Esta medida beneficiará a más de 1.250.000 servidores públicos en todo el país, quienes verán reflejado este ajuste en sus ingresos una vez se implemente en las nóminas. El aumento se calculó sumando 1,8 puntos porcentuales al Índice de Precios al Consumidor (IPC) del año anterior, que se ubicó en 5,2%.

El pago retroactivo correspondiente a este incremento deberá cubrir el periodo comprendido entre enero de 2025 y el momento en que el nuevo salario sea efectivamente aplicado. Aunque el porcentaje de aumento ya está definido, el monto exacto del retroactivo dependerá del salario base de cada empleado y del tiempo transcurrido hasta la implementación. Por ejemplo, un trabajador con un salario mensual de $3.500.000 recibiría un aumento mensual de $245.000. Si el retroactivo se paga en julio, el monto acumulado sería de aproximadamente $1.470.000, correspondiente a los seis meses de retraso.

El Departamento Administrativo de la Función Pública (Dafp) ha solicitado a las entidades públicas que realicen el pago del retroactivo en un plazo razonable, con el objetivo de evitar conflictos laborales. Aunque no se ha establecido una fecha específica para el desembolso, las autoridades han enfatizado la importancia de garantizar que los empleados reciban los montos adeudados sin demoras significativas.

Además del incremento salarial del 7% para 2025, el acuerdo incluye un ajuste adicional para 2026. Este aumento será equivalente al IPC de ese año más 1,9 puntos porcentuales, lo que refleja un compromiso continuo entre el Gobierno y los sindicatos para mejorar las condiciones laborales de los empleados públicos. Este acuerdo forma parte de las negociaciones nacionales del sector público, cuyo objetivo es garantizar mejores condiciones salariales y laborales para los trabajadores estatales.

El concepto de pago retroactivo, en este contexto, se refiere a un desembolso que se realiza después de la fecha en que debería haberse efectuado, con el propósito de compensar una deuda o un pago incompleto. En este caso, el retroactivo cubrirá la diferencia salarial acumulada desde el inicio del año hasta la implementación del nuevo salario en las nóminas.

Este ajuste salarial y su correspondiente retroactivo representan un avance significativo en las negociaciones entre el Gobierno y los sindicatos. Según publicó el medio, este acuerdo refleja un esfuerzo por atender las demandas de los trabajadores del sector público y garantizar una compensación acorde con las condiciones económicas actuales.