Comisión de Acusaciones inició la investigación por presunta adicción de Petro: fueron designados congresistas que liderarán el caso

La Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes dio un paso crucial en la tramitación de la denuncia presentada por el exministro de Justicia Wilson Ruiz contra el presidente Gustavo Petro.

El proceso surge a raíz de la polémica carta pública del excanciller Álvaro Leyva, en la que cuestiona la salud física y mental del jefe de Estado.

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La denuncia podría convertirse en un nuevo frente de conflicto para el presidente Petro, ya que una de las primeras medidas que podría decretar la Comisión sería la realización de exámenes médicos y psicológicos al mandatario para verificar la veracidad de las acusaciones.

El exministro Wilson Ruiz, promotor de la denuncia, celebró la apertura formal de la investigación. En un video difundido en redes sociales, aseguró: “Colombianos, gran noticia, ya era hora de que alguien pusiera la cara y hablara con la verdad. Quiero informarles que la Comisión de Acusaciones de la Cámara ha tomado una decisión histórica y trascendental, abrir investigación formal contra el presidente Gustavo Petro, tras la denuncia que presenté basada en la explosiva carta del excanciller Álvaro Leiva. Leiva lo dijo sin rodeos, el presidente podría tener problemas de adicción, desequilibrios mentales y además un comportamiento que raya en los delirantes“.

Los congresistas designados para investigar el caso son: Carlos Cuenca, de Cambio Radical; Olga Lucía Velásquez, de la Alianza Verde y cercana a la Casa de Nariño; y Wadith Manzur, del Partido Conservador. Cuenca es el único de los tres que se identifica como opositor al Gobierno.

Pero Ruiz fue más allá en sus críticas, al afirmar: “Petro tiene que dar la cara, Petro tiene que someterse necesariamente a los exámenes y además tiene que responder por cada irregularidad, porque no es solo una sospecha, es una larga lista de escándalos, improvisaciones, manejos oscuros y conductas que avergüenzan a nuestra nación. Basta ya de que el poder se use como escudo para la impunidad... Presidente, ahora le toca responder, porque Colombia no es un experimento ideológico ni un capricho personal, es una república y aquí las leyes se respetan”.

La carta que detonó el escándalo

El detonante del proceso fue una carta pública escrita por Álvaro Leyva Durán, excanciller del actual gobierno y recientemente inhabilitado por diez años por su participación en el proceso de licitación de pasaportes. En la misiva, Leyva expresa su desilusión con la administración de Gustavo Petro y narra una serie de episodios que, según él, evidencian un comportamiento inadecuado por parte del presidente.

Entre los pasajes más polémicos, Leyva recuerda un viaje a Francia: “La ocasión en la que usted se desapareció dos días en París durante una visita oficial. Como si la inteligencia francesa fuera incompetente por no haber conocido su paradero”.

Además, agrega que los episodios de los que fue testigo aún le producen “desazón y desconcierto”.

Solicitud de evaluación médica de Petro

Con base en estos antecedentes, Wilson Ruiz presentó una solicitud formal ante la Comisión de Acusaciones para que se adelante una investigación a fondo sobre el estado de salud mental y física del presidente. En su documento, el exministro indicó: “De la manera más atenta me permito solicitar a esa dignidad, se adelanten todas las averiguaciones pertinentes con el fin de aclarar las denuncias realizadas en las últimas horas por el excanciller Doctor Álvaro Leyva Durán, mediante una misiva pública enviada al Dr. Gustavo Petro Urrego, en la cual lo señala de consumir sustancias alucinógenas durante un viaje oficial a Francia”.

Y añadió: “Señalamiento muy grave que contrarían la dignidad que hoy ostenta el doctor Gustavo Petro Urrego, como presidente de la República y que dejan sumida a Colombia en la incertidumbre de la capacidad o no del primer mandatario para dirigir esta nación”.

Aunque por ahora se trata de una fase preliminar de investigación, la gravedad de las acusaciones y la tensión política que rodea al caso han despertado un intenso debate público. Para que un juicio político prospere, se requeriría una investigación rigurosa y el cumplimiento de un estricto procedimiento legislativo.

La composición del grupo investigador es clave: mientras Cuenca podría ejercer presión desde la oposición, la cercanía de Velásquez al Gobierno y la línea moderada de Manzur pueden equilibrar o dividir los criterios de análisis.