Paloma Valencia lanzó duros cuestionamientos a Iván Velásquez por el “Proyecto Fortaleza” tras anuncio de Cepeda de crear sistema anticorrupción

El anuncio del candidato presidencial Iván Cepeda sobre la eventual designación del exministro de Defensa y actual embajador en la Santa Sede, Iván Velásquez, como jefe de un Sistema Nacional Anticorrupción en un eventual gobierno suyo, desató una nueva controversia política en Colombia.

La propuesta abrió un debate sobre el alcance del cargo diplomático de Velásquez y reactivó cuestionamientos de la oposición sobre su gestión en el Ministerio de Defensa, particularmente en el denominado “Proyecto Fortaleza”.

La senadora y candidata presidencial del Centro Democrático, Paloma Valencia, volvió a poner ‘el tema sobre la mesa’ con una publicación en su cuenta de X, en la que pidió explicaciones sobre decisiones contractuales tomadas durante la ejecución del proyecto.

Valencia escribió: “Ya que Iván Cepeda anunció a Iván Velásquez como flamante jefe del Sistema Nacional Anticorrupción, sería bueno que le aclarara al País lo que hizo en MinDefensa con el ‘Proyecto Fortaleza’”.

La congresista centró sus cuestionamientos en el manejo del contrato y en un presunto giro anticipado de recursos públicos, al señalar: “¿Por qué su Ministerio modificó el contrato para autorizar el giro anticipado de $195.000 millones al contratista por concepto de utilidad anticipada, sin pegar un solo ladrillo?”.

En otro tramo de su publicación, Valencia cuestionó la estructura de supervisión del proyecto y su impacto en la ejecución: “¿Es cierto que el ‘Proyecto Fortaleza’ tuvo más de cinco supervisores en tres años, con lo cual fue imposible que el proyecto avanzara?”.

La candidata también planteó dudas sobre la estabilidad administrativa del contrato y sugirió posibles efectos internos en su desarrollo: “¿El constante cambio de supervisores obedeció a una estrategia para sabotear el ‘Proyecto Fortaleza’ desde el interior de MinDefensa?”.

Finalmente, Valencia advirtió sobre un posible impacto económico asociado a la devolución de los recursos, en medio de la variación del dólar: “¿Es cierto que si el contratista devuelve en estos momentos los recursos a MinDefensa se podrían perder aproximadamente $50.000 millones por la diferencia en el precio del dólar?”.

Las preguntas de la senadora reactivaron el debate sobre el manejo del Proyecto Fortaleza, un contrato del sector Defensa que, según las versiones citadas en la discusión política, implicó el desembolso anticipado de recursos a un contratista extranjero sin que las obras hubieran iniciado.

En su interpretación, el giro de aproximadamente $195.375 millones habría sido realizado a una firma canadiense, lo que equivaldría a cerca de USD 40 millones según la tasa de cambio de finales de 2022 e inicios de 2023.

De acuerdo con esa misma línea de cuestionamientos, la variación del dólar frente al peso colombiano generaría un diferencial significativo si esos recursos fueran devueltos en la actualidad, lo que ha sido señalado por Valencia como un posible impacto fiscal cercano a los $50.000 millones.

El debate político se intensificó tras el anuncio de Cepeda, quién presentó a Velásquez durante un acto en el Hotel Ópera, en el centro de Bogotá, como pieza clave de su propuesta para crear un Sistema Nacional Anticorrupción.

Esta iniciativa sería una de las apuestas centrales de su eventual gobierno y que su implementación requeriría la presentación de un proyecto de ley con mensaje de urgencia en el Congreso.

Según esa misma información, el esquema propuesto por Cepeda buscaría transformar el enfoque tradicional de lucha contra la corrupción, pasando de investigaciones aisladas a la identificación de redes y estructuras complejas.

El candidato habría planteado la creación de una instancia de alto nivel dentro del Ejecutivo encargada de coordinar ese sistema.

Sin embargo, la discusión también ha girado hacia la situación administrativa de Iván Velásquez, quien actualmente se desempeña como embajador de Colombia ante la Santa Sede.

De acuerdo con esas versiones, para integrarse formalmente a un proyecto electoral, Velásquez debería renunciar a su cargo diplomático, ya que los funcionarios en servicio exterior están sujetos a restricciones constitucionales que les impiden participar en actividades proselitistas.

Incluso, algunas fuentes señalaron al medio El Colombiano, aunque su cargo es de libre nombramiento y remoción, las limitaciones en materia de participación política siguen vigentes.

En medio de la controversia, Cepeda ha defendido su propuesta como una reforma estructural del sistema anticorrupción, argumentando que busca dejar atrás la lógica de casos individuales para enfocarse en redes criminales y estructuras organizadas dentro del Estado y el sector privado.