Congresistas de ocho partidos políticos alcanzaron un consenso en la Comisión Cuarta del Senado para avanzar en la elaboración de una única ponencia del proyecto de reforma laboral en Colombia. Según diversas declaraciones, el texto unificado refleja un 70% de las inquietudes expresadas con anterioridad por la Cámara de Representantes y busca equilibrar intereses entre trabajadores, empresarios y sindicatos. Este desarrollo se enmarca en el esfuerzo por redefinir las condiciones laborales en el país.
Dentro de los acuerdos alcanzados destaca un cambio clave en la remuneración de horas extras, que ahora comenzarán a pagarse desde las 7:00 p. m. La modificación incluye ajustes específicos para sectores como restaurantes y micro, pequeñas y medianas empresas (MiPymes), con la intención de garantizar la sostenibilidad económica de estas últimas mientras se protege a los trabajadores.
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Sobre la medida, los senadores ponentes, entre los que están Aida Avella (Pacto Histórico), John Roldán (Partido Liberal), Carlos Meisel (Centro Democrático), Juan Merheg (Partido Conservador), Carlos Jiménez (Cambio Radical), Richard Fuelantala (Aico), Angélica Lozano (Alianza Verde) y Juan Lemos (La U), argumentaron que se busca un punto de equilibrio entre las demandas laborales y la viabilidad financiera de las empresas.
Otro aspecto relevante es la modificación gradual del recargo dominical, que incrementará hasta alcanzar el 100% en 2027. Según el acuerdo, el aumento se implementará en fases, y comenzará con un recargo del 80% cuando la ley sea sancionada y suba al 90% en 2026 y culmine con la plena compensación en 2027. El planteamiento fue diseñado con el objetivo de contrarrestar el impacto financiero en los intercambios mientras se mejora de forma paulatina el ingreso de los trabajadores.
Diferencias en puntos clave de la reforma laboral
No obstante, aún hay diferencias sobre puntos clave que podrían retrasar la finalización del documento. Entre ellos se encuentran las condiciones para los aprendices del Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena), los contratos a término fijo, el límite de horas extras semanales y los beneficios destinados a las madres comunitarias. Este último punto enfrenta complicaciones, ya que no cuenta con un aval fiscal en la propuesta actual, lo que podría generar barreras adicionales para su adopción.
Los senadores intensificaron el ritmo de trabajo para cumplir con el cronograma establecido y radicar la ponencia final en la tarde del jueves 22 de mayo. En conversación con Noticias RCN, el senador Carlos Meisel, del partido Centro Democrático, destacó la importancia de aprobar una reforma que beneficie a diferentes sectores de la sociedad.
Según él, “el país está esperando una reforma laboral, pero para sacarla tenemos que intentar causarle bien a todo el mundo, al trabajador, al pequeñito, al mediano y, por supuesto, tampoco acabar al grande”.
El proceso continúa generando expectativas sobre el impacto que podría tener en el ámbito laboral nacional, ya que el proyecto busca consolidar los derechos de los trabajadores sin comprometer la competitividad de los trabajadores. Aunque los principales consensos representan un avance, los temas pendientes siguen siendo un desafío para lograr un acuerdo integral en el corto plazo.
Reforma laboral preocupa a las pequeñas empresas
El sector empresarial será uno de los más afectados por la reforma laboral. A esto se refirió el presidente de la Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, Rodolfo Corra, durante la reciente Cumbre de Bienestar y Talento Humano 2025, organizada por Semana.
Al respecto, el dirigente gremial indicó que las microempresas representan el 95% del ecosistema empresarial en Colombia. A pesar de su peso en la economía, enfrentan las mismas cargas regulatorias que las grandes compañías.
“Las microempresas conforman el 95% del tejido empresarial del país y, a pesar de eso, el régimen tributario y laboral es el mismo para empresas mucho más grandes; así es imposible generar empleo”, precisó. La igualdad en el régimen, argumentó, desalienta las contrataciones formales y ahoga las posibilidades de crecimiento sostenible.
Barreras estructurales para las pequeñas y medianas empresas
De igual manera, el presidente de Acopi destacó que las pymes enfrentan diversas barreras estructurales que les impiden prosperar. El acceso a créditos formales y tecnología es especialmente problemático: muchos empresarios han recurrido a alianzas en el sector privado para superar estas dificultades ante la limitada ayuda estatal.
“Hemos tenido que hacer alianzas privadas, porque al Gobierno se le olvidó tenderle la mano a las pymes del país”, enfatizó Correa.
El impacto fiscal sobre las pymes es particularmente severo. En la actualidad, anotó el dirigente, el 65% de los ingresos brutos de estas empresas se destinan únicamente al cumplimiento de pagos estatales. Esto, según el presidente de Acopi, crea un entorno desalentador para quienes inician o sostienen emprendimientos: “Eso desestimula a cualquier microempresario. Es como tener un socio que no hace nada. No está garantizando ni siquiera la seguridad, entonces, ¿cuál es el rol del Estado frente a las empresas? ¿Solo cobrar dividendos sin garantizar nada?”.
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