Una protesta, que se desarrolló el lunes 19 de mayo de 2025, tenía como objetivo rechazar el feminicidio de Sirley López, estudiante de Literatura de la sede Palmira, ocurrido el 8 de mayo.
Los manifestantes se encontraban sobre la calle 13, entre las carreras 98 y 100, cuando se registraron los incidentes. Según el Subsecretario de Movilidad de Cali, Jorge Moreno, el primer atropello ocurrió alrededor de las 3:30 p. m., cuando un automóvil Chevrolet negro, de placas JPL 151, embistió a cuatro estudiantes tras aprovechar el paso permitido a otro vehículo que transportaba menores de edad.
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El Comité Estudiantil Regional de Derechos Humanos denunció que el conductor del Chevrolet aceleró deliberadamente contra los manifestantes, calificando el acto como potencialmente fatal.
La situación se tornó aún más crítica a las 4:45 p. m., cuando la camioneta Kia Sportage gris oscuro, modelo 2022, irrumpió en la manifestación. Según el Comité Estudiantil, el vehículo ignoró las señales de alto de los manifestantes y arrolló a uno de ellos, causándole lesiones graves. Videos difundidos en redes sociales muestran el momento en que el vehículo acelera bruscamente, mientras un joven queda aferrado al capó en un intento desesperado por detenerlo. Otros manifestantes lanzaron objetos para frenar la huida, pero el conductor continuó su recorrido hacia el barrio Ciudad Jardín, en el que generó caos en la zona.
Responsable del accidente
El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos Valle del Cauca, junto con otras organizaciones estudiantiles, identificó al propietario del vehículo como Gregory Allan Hagen, que, según registros, reside en el condominio Portal del Alférez, en el barrio Ciudad Jardín. La denuncia fue presentada ante la Fiscalía General de la Nación, que deberá investigar los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes.
De acuerdo con El Tiempo, el abogado penalista Francisco Bernate explicó que este tipo de actos podrían configurarse como tentativa de homicidio agravado, un delito que conlleva penas de entre 17 y 33 años de prisión. Según Bernate, el uso de un vehículo como arma para causar daño deliberado demuestra una intención clara de asumir el riesgo de matar. “No se trató de un accidente, sino de una agresión directa y voluntaria”, afirmó.
“Este comportamiento de deliberadamente arrollar a una persona con un vehículo es una tentativa dolosa de homicidio agravada por el estado de indefensión de los estudiantes”, puntualizó.
Mensaje de rechazo por parte de la institución
La Universidad del Valle emitió un comunicado en el que condenó los actos de violencia y exigió una investigación urgente por parte de las autoridades. Además, reiteró su compromiso con el respeto al derecho a la protesta pacífica y expresó su solidaridad con los estudiantes afectados. Mientras tanto, la comunidad universitaria y organizaciones de derechos humanos continúan exigiendo justicia para las víctimas de estos hechos.
Además, el Comité Estudiantil Regional de Derechos Humanos denunció que, pese a realizar múltiples llamados a los servicios de emergencia, la Secretaría de Salud, bomberos y autoridades de tránsito, ninguna institución respondió a tiempo. En el comunicado detallaron que una hora después del primer atropello, no se había recibido atención médica ni se había registrado la presencia de las autoridades en el lugar. Los estudiantes heridos fueron finalmente trasladados a una clínica, donde recibieron atención médica.
Finalmente, el comité también hizo un llamado a la Alcaldía de Cali y a la Secretaría de Seguridad y Justicia para garantizar el derecho a la movilización pacífica y activar rutas de protección efectivas para los manifestantes. Hasta el momento, las autoridades locales no han emitido un pronunciamiento oficial sobre los hechos ni sobre las medidas que se tomarán para prevenir incidentes similares en el futuro.
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