Pacientes acudirán a la Corte IDH por fallas en salud: “vivimos un drama humanitario en el Gobierno del cambio”

En particular, documentan testimonios que evidencian demoras prolongadas en la autorización de servicios vitales, como terapias y procedimientos para enfermedades graves

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Fotografía de archivo Corte IDH | EFE/ Jeffrey Arguedas
Fotografía de archivo Corte IDH | EFE/ Jeffrey Arguedas

Las organizaciones que representan a los usuarios del sistema de salud en Colombia preparan una acción internacional para denunciar lo que consideran una crisis persistente en la garantía del derecho fundamental a la atención médica.

Según confirmó Pacientes Colombia, se está elaborando una demanda que será radicada ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).

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Pacientes esperan para saber si sus medicamentos están disponibles - crédito Iván Valencia/Bloomberg
Pacientes esperan para saber si sus medicamentos están disponibles - crédito Iván Valencia/Bloomberg

El colectivo, que integra la iniciativa “Todos por la Salud”, señaló que está recogiendo múltiples casos de personas afiliadas que han enfrentado dificultades serias para acceder a tratamientos médicos.

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En particular, documentan testimonios que evidencian demoras prolongadas en la autorización de servicios vitales, como terapias y procedimientos para enfermedades graves.

Uno de los ejemplos que será presentado ante la Corte IDH es el de una mujer diagnosticada con cáncer, afiliada a la Nueva EPS.

La paciente habría tenido que esperar hasta dos meses para recibir autorización para iniciar quimioterapia, situación que fue tomada como evidencia de la afectación que enfrentan miles de colombianos dentro del sistema actual.

La vocería de esta acción jurídica internacional está a cargo de Denis Silva Sedano, representante de Pacientes Colombia. En su declaración, afirmó: “Este caso es el de millones de colombianos que hoy vivimos un drama humanitario y donde somos víctimas del Gobierno del cambio. Es una situación utópica”.

El proceso busca que la Corte Interamericana analice las condiciones actuales del sistema de salud colombiano y determine si el Estado ha incumplido con los compromisos que le impone la Convención Americana sobre Derechos Humanos, particularmente en lo relacionado con la protección del derecho a la vida, la integridad personal y la salud.

Además de la demanda internacional, las organizaciones han solicitado a la Corte Constitucional que tome nuevas medidas frente al incumplimiento de sentencias previas que han ordenado mejoras en el sistema. Piden que se declare un estado de cosas institucional, lo cual implicaría el reconocimiento de una situación estructural de vulneración de derechos que requiere acciones urgentes de las autoridades.

El llamado también incluye una petición de desacato frente a fallos judiciales que, según las organizaciones, no han sido acatados por los entes del Estado responsables de garantizar el funcionamiento adecuado del sistema de salud. Consideran que las órdenes emitidas por la justicia no han tenido el impacto esperado para mejorar el acceso de los pacientes.

Esta nueva estrategia legal internacional surge en un contexto en el que una porción mayoritaria de la población colombiana se encuentra afiliada a entidades prestadoras de salud bajo intervención o vigilancia estatal. De acuerdo con datos recientes, cerca del 60 % de los usuarios están vinculados a EPS que se encuentran bajo algún tipo de control del Gobierno.

Los voceros del movimiento “Todos por la Salud” indicaron que buscan también generar un espacio de diálogo con el Ejecutivo, con el propósito de encontrar salidas concretas a las dificultades que enfrenta el sistema.

En los últimos meses, los reportes de fallas en la prestación de servicios, interrupciones de tratamientos y demoras en la entrega de medicamentos han sido motivo de numerosas quejas por parte de los usuarios.

En paralelo, diversos sectores han venido proponiendo alternativas para enfrentar la situación actual. Gremios del sector, asociaciones de pacientes, expertos en políticas públicas y entes de control han manifestado su preocupación por los efectos que tiene la actual coyuntura sobre las poblaciones más vulnerables.

En ese sentido, la estrategia que adelanta Pacientes Colombia incluye tanto la acción internacional como la búsqueda de mecanismos internos para hacer seguimiento a la implementación de decisiones judiciales y promover espacios de articulación entre actores del sistema.

La presentación de la demanda ante la Corte IDH implicará, además, la entrega de un conjunto de pruebas y testimonios que reflejan las dificultades reales que enfrentan las personas para acceder a servicios de salud oportunos.

Se prevé que el expediente contenga casos emblemáticos, como el de la paciente oncológica, junto con informes técnicos que respalden los argumentos de vulneración.

Los promotores de esta acción esperan que el pronunciamiento de la Corte Interamericana contribuya a generar presión para que el Estado colombiano adopte medidas urgentes y estructurales que garanticen el acceso efectivo a la atención médica.

Pacientes esperan en fila fuera de una farmacia en Bogotá, de donde muchos se van con las manos vacías - crédito Iván Valencia/Bloomberg
Pacientes esperan en fila fuera de una farmacia en Bogotá, de donde muchos se van con las manos vacías - crédito Iván Valencia/Bloomberg

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Según han explicado, su intención es que este proceso se convierta en un instrumento de incidencia para transformar la situación que viven millones de ciudadanos.

Hasta el momento, no se ha conocido una posición oficial del Gobierno Nacional frente al anuncio de esta demanda. No obstante, el tema del sistema de salud ha sido objeto de amplios debates en el Congreso y en medios de comunicación, especialmente por las discusiones en torno a la reforma propuesta por el Ejecutivo y el estado financiero de las EPS.

La iniciativa de acudir a una instancia internacional amplía el alcance de la discusión y busca que organismos multilaterales también examinen el cumplimiento del Estado colombiano en relación con los compromisos adquiridos en materia de derechos humanos.

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