
Esta semana inicia el debate de la reforma pensional en la Corte Constitucional, expediente que tiene a cargo el magistrado Jorge Ibáñez, presidente del alto tribunal, y que nació por la demanda que interpuso la senadora y precandidata presidencial del Centro Democrático Paloma Valencia.
Según W Radio y Semana, la ponencia de fallo, radicada el 15 de mayo de 2025, pide tumbar la reforma pensional del gobierno del presidente Gustavo Petro.
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Así las cosas, el jueves 22 de mayo se discutirá el punto 10 y 11 de la ley pensional, que iba a entrar en vigencia el primero de julio de 2025. Asimismo, el 29 de mayo se dará inicio a la discusión para definir si la iniciativa del Gobierno Petro será declarada inexequible o exequible.
La ponencia del magistrado Ibáñez argumenta que la ley 2381 debería ser declarada “inexequible totalmente” por vicios de trámite que se habría presentado en el Congreso, según informó los citados medios de comunicación.
Además, Blu Radio informó que en el despacho del magistrado y presidente de la Corte Constitucional ya cuenta con las pruebas que él mismo solicitó sobre el caso de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

La primera ponencia en contra, firmada por el presidente de la Corte, fue descartada por un error de procedimiento. La Secretaría del tribunal continuó con el trámite de la demanda sin esperar a que se resolviera el impedimento presentado por la magistrada Diana Fajardo.
Los nueve magistrados de la Sala Plena deberán determinar si declaran exequible o inexequible la reforma pensional, que ha pasado por varias discusiones en la Corte Constitucional.
Qué dice la Procuraduría
La Procuraduría General de la Nación solicitó a la Corte Constitucional que declare exequible la reforma, argumentando que no se presentaron irregularidades en su trámite legislativo.
De acuerdo con un concepto emitido el martes 22 de abril por el procurador Gregorio Eljach, el Ministerio Público considera que la ley 2381 de 2024, conocida como reforma pensional, fue aprobada sin vicios de procedimiento en el Congreso.
En el documento, Eljach expresó que “en su itinerario legislativo no se presentaron irregularidades de trámite con entidad de vicios de constitucionalidad”. Esta solicitud busca garantizar la legalidad de la reforma y evitar interpretaciones que puedan afectar su implementación.

El concepto remitido por la Procuraduría no sólo solicita la declaración de exequibilidad de la reforma, sino que hace énfasis en el artículo 84.5 de la norma.
Según el Ministerio Público, es necesario que este artículo quede blindado contra cualquier interpretación regresiva que pueda afectar los derechos adquiridos por los ciudadanos.
Además, el documento advierte que, aunque la reforma aún no ha entrado en vigor, ya ha comenzado a generar efectos prácticos en el sistema de pensiones.
El procurador Eljach señaló que los movimientos financieros hacia Colpensiones y el fondo de estabilización del Banco de la República son prueba de que la reforma está teniendo un impacto anticipado. Asimismo, destacó que los fondos privados se están preparando para recibir a millones de nuevos afiliados, lo que subraya la necesidad de garantizar la seguridad jurídica y la confianza legítima en el sistema.
Pronunciamiento de Gustavo Petro
El presidente Gustavo Petro cuestionó a quienes podrían hundir la reforma pensional por las dudas que se han generado por la supuesta corrupción que se pudo presentar en la iniciativa del Gobierno.
Los cuestionamientos surgieron luego de que la ex alta consejera para las Regiones Sandra Ortiz confesara ante la Fiscalía General de la Nación que los 3.000 millones de pesos que presuntamente le entregó al congresista Iván Name era para agilizar la elección de Vladimir Fernández como magistrado de la Corte Constitucional y apoyar las reformas, entre ellas la pensional.
Al respecto, el jefe de Estado comenzó su cuestionamiento con la siguiente pregunta en su cuenta de X: “¿Quieren hundir la reforma pensional con mentiras?”.
Según Petro, no es digno para el país utilizar a Iván Name, expresidente del Senado, para tumbar la iniciativa, a la cual ya se expidió el Decreto 0514 de 2025, que reglamenta y organiza las normas del nuevo sistema contemplado en la norma.

“Usar al investigado por corrupción Ivan Name, acérrimo enemigo de la reforma pensional para quitarle el bono pensional a tres millones de viejos y quitarle la garantía de pensión al conjunto de la población, su derecho a la vejez digna, solo para mantener el prurito de un sistema financiero insostenible, que durante décadas, no ha dado sino ganancias bancarias, no es digno de Colombia”, aseveró el presidente Petro.
El mandatario colombiano cuestionó nuevamente a la prensa, asegurando que la “realidad es contraria”.
“La prensa de los dueños de los fondos privados, dice que la reforma a sus fondos se compró, pero la realidad es la contraria ¿Iván Name la engavetó siete meses en el Senado de la República para hundirla? De los 20 congresistas investigados, 16 votaron ‘no’ o se abstuvieron”, indicó Petro.
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