Una delegación de congresistas colombianos pertenecientes a la bancada de oposición radicó una carta en la embajada de Estados Unidos dirigida al secretario de Estado, Marco Rubio. El documento expresa su preocupación por el nombramiento del coronel Carlos Feria —involucrado en el caso de Marelbys Meza— como agregado policial en la sede diplomática de Colombia en Washington D. C., decisión que consideran incompatible con los principios de respeto a los derechos humanos y la integridad institucional.
La carta, firmada por nueve legisladores del Centro Democrático, encabezada por el representante José Jaime Uscátegui, se enfoca en las circunstancias judiciales que rodean al coronel Feria, que actualmente enfrenta un proceso penal en Colombia.
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El policía fue imputado por la Fiscalía General de la Nación por constreñimiento ilegal, abuso de función pública y peculado por uso, cargos relacionados con presuntas violaciones de los derechos fundamentales de Marelbys Meza, exempleada de Laura Sarabia, canciller de Colombia, cuando se desempeñaba como jefa de gabinete. Según las investigaciones, la mujer habría sido sometida sin orden judicial a procedimientos irregulares dentro de la Casa de Nariño, como la realización de una prueba de polígrafo.
En el comunicado dirigido al funcionario estadounidense, los congresistas resaltan que la designación diplomática de Feria podría implicar una evasión de sus compromisos judiciales en Colombia.
“Consideramos que el otorgamiento de una posición diplomática en territorio estadounidense a un funcionario en medio de una investigación por violación de derechos humanos es altamente cuestionable. Este nombramiento podría interpretarse como una forma de evasión de responsabilidades judiciales y de legitimación institucional de posibles prácticas abusivas”, indicó el representante Uscátegui, vocero de la solicitud, en un comunicado.
Además del documento principal, los firmantes adjuntaron un informe detallado que, bajo el título Pitufopolítica: el crimen organizado se apodera a gran escala de Colombia y es una amenaza para el hemisferio occidental, presenta un panorama crítico sobre el estado institucional colombiano.
Dicho informe, elaborado por el equipo del representante Uscátegui, sostiene que en Colombia se están consolidando redes de protección e impunidad entre altos funcionarios del Estado involucrados en actos de corrupción, vínculos con el narcotráfico y violaciones sistemáticas a los derechos humanos.
Los firmantes de la comunicación incluyen a los senadores María Fernanda Cabal y Andrés Guerra, así como a los representantes a la Cámara Juan Espinal, Christian Garcés, Jhon Jairo Berrio, Yulieth Sánchez, Hugo Danilo Lozano y el propio José Jaime Uscátegui.
“Solicitamos respetuosamente que se revise la validez diplomática de la designación del coronel Feria y se tomen las medidas necesarias para garantizar que los principios de justicia, transparencia y respeto por los derechos humanos sean preservados”, afirmaron los legisladores en su carta.
Los congresistas reiteraron que su intención es proteger el buen nombre de las instituciones democráticas y evitar que figuras implicadas en presuntos abusos sean beneficiadas con cargos que puedan derivar en inmunidad o en la imposibilidad de ser requeridas judicialmente.
“El respeto a las víctimas y a la legalidad debe primar sobre cualquier interés burocrático o político”, se lee en el texto dirigido a las autoridades norteamericanas.
De qué se trata el caso contra el coronel Carlos Feria
El proceso judicial contra el coronel Carlos Feria, ex jefe de seguridad de la Presidencia, avanza en la jurisdicción ordinaria tras ser imputado por la Fiscalía General de la Nación por su presunta participación en la práctica irregular de una prueba de polígrafo a Marelbys Meza, exniñera del hijo de Laura Sarabia.
La imputación incluye los delitos de peculado por uso, abuso de función pública y constreñimiento ilegal. Durante la audiencia, Feria y otros dos uniformados implicados se declararon inocentes, por lo que enfrentarán un juicio formal.
La defensa del coronel intentó trasladar el caso, argumentando que los hechos estaban relacionados con actos de servicio; sin embargo, la jueza 79 de garantías de Bogotá determinó que el proceso debía continuar en la justicia ordinaria, al considerar que no se trataba de funciones propias del servicio.
Posteriormente, el Tribunal Superior de Bogotá anuló la acusación contra Feria, señalando que la jueza de primera instancia cometió un error al no permitir la interposición de recursos por parte de la defensa y continuar con la audiencia sin resolver el conflicto de jurisdicción planteado.
El alto tribunal indicó que la actuación de la jueza fue incorrecta y que el proceso debía suspenderse hasta que la Corte Constitucional resolviera el conflicto de competencias entre la justicia ordinaria y la penal. Mientras tanto, la Corte aún no ha emitido un fallo definitivo sobre la jurisdicción competente para llevar el caso.
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