Abogada que entuteló a Gustavo Petro pidió al tribunal declarar al Presidente en desacato

María Cristina Cuéllar, abogada del Valle del Cauca, solicitó al Consejo de Estado abrir un incidente de desacato contra el presidente Gustavo Petro y el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre).

La petición surge tras una reciente alocución presidencial sobre la fiebre amarilla, transmitida en cadena nacional, que según Cuéllar violó un fallo judicial que restringe el uso de los canales de televisión abierta para fines políticos.

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La jurista asegura que la transmisión no se limitó a informar sobre la situación sanitaria, sino que incluyó críticas a un fallo judicial previo, ataques a los medios de comunicación y a gremios económicos, así como la promoción de una consulta popular y movilizaciones ciudadanas.

Para Cuéllar, este acto constituye “propaganda política” y un “desafío abierto a la justicia”, según medios como RCN Radio y Blu Radio.

El fallo, emitido el pasado 11 de abril, prohíbe al Ejecutivo usar los medios de televisión abierta para transmitir consejos de ministros y actividades políticas, buscando proteger el derecho a la información y garantizar el equilibrio informativo.

Cuéllar sostiene que el mandatario desconoció esta orden apenas diez días después, excediendo los límites legales para las alocuciones institucionales, que por norma deben centrarse en asuntos de urgencia nacional.

Entre las medidas solicitadas por la abogada se incluyen permitir a los canales privados desvincularse de futuras alocuciones que no cumplan los parámetros legales, y aplicar sanciones como multas o arrestos a los funcionarios responsables de desacato.

Cuéllar advierte que este episodio refleja una conducta reiterada del Ejecutivo de incumplir fallos judiciales, lo que, a su juicio, pone en riesgo el equilibrio institucional del país.

Según el medio El Nuevo Siglo, la solicitud se basa en los artículos 27 y 52 del Decreto 2591 de 1991, que facultan a los beneficiarios de una tutela a exigir su cumplimiento y contemplan sanciones en caso de desacato.

La abogada enfatizó que imponer medidas correctivas es esencial para garantizar el respeto por las decisiones judiciales y proteger los derechos fundamentales de la ciudadanía.

En paralelo al incidente de desacato planteado por Cuéllar, el Gobierno de Gustavo Petro también ha enfrentado controversias con la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) por el manejo de los mensajes institucionales.

El pasado 24 de abril, la Presidencia presentó a la CRC una solicitud para emitir en televisión abierta un mensaje que mezclaba la convocatoria a las marchas del Día Internacional del Trabajo con información pedagógica sobre la consulta popular impulsada por el Ejecutivo.

La CRC rechazó inicialmente la solicitud por considerar que no cumplía con los criterios normativos aplicables a este tipo de espacios, que deben limitarse a fines institucionales y no pueden ser usados para promover iniciativas políticas que aún no cuentan con aprobación del Congreso.

Ante esta negativa, la CRC recomendó al Gobierno dividir el contenido en dos piezas separadas, diferenciando claramente la información institucional de cualquier llamado a la movilización social.

Solo después de este ajuste, la Presidencia obtuvo el visto bueno para emitir los mensajes en televisión abierta, específicamente el relacionado con el Día del Trabajo, mientras que la consulta popular será abordada en un espacio aparte, centrado en aspectos pedagógicos.

La decisión de la CRC no estuvo exenta de polémica. El presidente Petro reaccionó con dureza, calificando la negativa inicial como un acto de censura y sugiriendo incluso que el organismo podría estar incurriendo en prevaricato.

Según Petro, la promoción de la consulta popular es parte del derecho constitucional a la participación democrática y no debería ser limitada por interpretaciones restrictivas de los órganos reguladores.

Desde la CRC, el comisionado Sadi Contreras Fuset defendió públicamente la decisión, explicando que la normativa vigente prohíbe expresamente el uso de espacios institucionales para promover iniciativas políticas que todavía no han sido tramitadas en el Congreso.

Además, advirtió que hacer llamados públicos para apoyar o rechazar propuestas de carácter político excede los fines informativos permitidos en la comunicación oficial.