La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU) expresó su rechazo categórico hacia los recientes ataques perpetrados contra miembros de la Policía Nacional y el Ejército Nacional de Colombia, atribuidos a grupos armados ilegales como el Clan del Golfo y el Ejército de Liberación Nacional (ELN).
En un comunicado publicado en la red social X, la organización internacional se refirió a estos actos violentos que se desarrollan en el denominado plan pistola, efectuado por el primer grupo criminal mencionado y que han dejado un saldo de más de 30 militares y policías asesinados, así como varios heridos durante el mes de abril.
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“Condenamos ataques dirigidos a la policía que dejan al menos 14 policías asesinados y varios heridos. Reiteramos la obligación de grupos armados no estatales de respetar los Derechos Humanos y el #DIH (...) Nos solidarizamos con familias de las víctimas”, expresó la ONU en el comunicado.
Además, la organización manifestó su solidaridad con las familias de las víctimas, subrayando la necesidad de proteger a los miembros de las fuerzas de seguridad y garantizar el respeto a las normas internacionales en contextos de conflicto.
Por último, la ONU Derechos Humanos insistió en la importancia de que todas las partes involucradas en el conflicto respeten las normas del DIH, que prohíben los ataques deliberados contra personas que no participan directamente en las hostilidades, incluidos los agentes de seguridad.
Este llamado se suma a las reiteradas exhortaciones de la comunidad internacional para que los actores armados ilegales cesen sus actividades violentas y se comprometan con procesos de diálogo y desmovilización.
Ofensiva total de las Fuerzas Militares por plan pistola del Clan del Golfo
Después de que se registraran varios ataques contra la fuerza pública y la población civil en diferentes regiones del país, el presidente Gustavo Petro una ofensiva total contra los negocios ilícitos y los bienes del Clan del Golfo, señalado como responsable de cometer el denominado plan pistola.
En su cuenta de X, el mandatario expresó que su decisión obedece tras los recientes crímenes cometidos por dicho grupo armado, entre ellos, el asesinato del líder sindical y militante del movimiento político Colombia Humana, Walberto Quintero Medina.
“Walberto Quintero fue líder sindical y militante de Colombia Humana, ha sido asesinado por el Clan del Golfo. La ofensiva contra los negocios ilícitos del Clan y sus bienes debe ser total. Yo no admito el chantaje”, escribió el jefe de Estado en sus redes sociales.
Además, el presidente aseguró que la fuerza pública “no retrocederá” ante el “asesinato sistemático” del Ejército Gaitanista de Colombia (EGC). “Nosotros no vamos a retroceder, arreciaríamos la ofensiva contra el clan. No tienen escapatoria, o abandonan la actividad ilícita y se reciclan en el proceso de prosperidad de las regiones bajo la ley y la democracia, o se construye la alianza mundial para destruir el Clan del Golfo. Llegaremos hasta sus aliados en Dubai”, comentó el jefe de Estado.
Posterior a ello, el director General de la Policía Nacional, brigadier general Carlos Fernando Triana, anunció nuevas medidas destinadas a proteger a los uniformados de las acciones criminales del Clan del Golfo en el país. Entre las medidas se destaca que los policías porten sus armas de dotación incluso en sus hogares, con el objetivo de garantizar su defensa en caso de ser atacados.
“Esas medidas implican la seguridad operativa, la seguridad operacional. El uso del arma de fuego implica defender su vida, a partir de la amenaza permanente del Clan del Golfo que se manifiesta con estos hechos”, explicó el alto oficial en entrevista con Noticias Caracol.
Del mismo modo, se incluye el trabajo conjunto entre los uniformados con la ciudadanía, con la finalidad de que las denuncias puedan avanzar en las investigaciones para ubicar y detener a los señalados de alterar el orden público en el territorio nacional.
Por su parte, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, reiteró que el Gobierno ha ofrecido recompensas económicas para facilitar la captura de los responsables. En rueda de prensa, el jefe de cartera recalcó que se han destinado 200 millones de pesos para quienes brinden información que conduzca a la detención de los perpetradores, y 20 millones de pesos por datos que permitan prevenir futuros ataques.
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