El investigador y analista de comunicaciones del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) Óscar Álvarez fue interrogado en el juicio oral que se adelanta contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, por haber sido la persona que recibió la instrucción de interceptar una línea telefónica, que terminó siendo la del procesado.
En el contrainterrogatorio, llevado a cabo por el abogado Jaime Granados, que representa al exmandatario en el proceso penal, el testigo afirmó que nunca se le indicó que debía escuchar las conversaciones del hoy acusado. Según detalló, la instrucción que recibió fue la de interceptar el teléfono del exrepresentante a la Cámara Nilton Córdoba Manyoma.
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“En la contextualización de la orden de trabajo y todo lo pertinente me dijeron que los números que iba a escuchar eran del señor, como lo voy a leer en este momento, Nilton Córdoba Manyoma”, detalló el funcionario en la audiencia.
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No obstante, cuando hizo la primera escucha (12 de marzo de 2018), notó que la voz no correspondía al exrepresentante, sino al expresidente Álvaro Uribe. “Obviamente, me doy cuenta de que no es esa persona”, aclaró. Por eso, se comunicó con el magistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia Iván Cortés, vía telefónica y personalmente (14 de marzo), e informó sobre sus hallazgos.
El magistrado le solicitó redactar un informe sobre lo sucedido, el cual entregó para que quedara la constancia de lo ocurrido. Pero, según la defensa del exmandatario y el mismo procesado, las interceptaciones a su línea telefónica continuaron.
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Lo que se esperaba ante la anomalía es que se cancelara la intercepción de la línea del expresidente. Sin embargo, de acuerdo el funcionario, desconoce cuándo se hizo la cancelación de las escuchas. “No tendría a por qué saberlo, doctor Granados”, precisó, indicando que su labor se limitó a exponer la irregularidad; la desconexión de la línea no era su competencia.

El abogado del expresidente explicó que las grabaciones continuaron, pese a la diligencia que tuvo el investigador de notificar el hallazgo. Los audios de las llamadas escuchadas fueron presentados por la Fiscalía en la audiencia, pese a que las interceptaciones pudieron ser “ilegales”.
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Álvaro Uribe se refirió a las declaraciones del investigador, cuestionando el hecho de que sus conversaciones fueran escuchadas y divulgadas, pese a que el objetivo de las interceptaciones no era él, sino el excongresista, que entonces estaba siendo investigado por el cartel de la toga.
“El investigador Óscar Álvarez confirma que el 12 de marzo de 2018 hizo la primera escucha, de inmediato se dio cuenta de que había un error, que era mi voz. Que informó verbalmente al magistrado auxiliar de la Corte y que a las 8 de la mañana del día 14 de marzo fue a la Corte y dio información personal. Mi pregunta es: ¿y cuál es la razón para que me hubieran mantenido interceptado ilegalmente?”, escribió el expresidente.
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En la audiencia, el abogado Jaime Granados solicitó a la jueza Sandra Liliana Heredia abstenerse de incorporar como pruebas los audios que surgieron de las interceptaciones, hasta que no culmine el debate sobre la legalidad de las escuchas.
“Ha sido enfática la defensa, desde el comienzo, en postular de que ha sido obtenida esta evidencia con violación a las garantías de mi cliente y hoy hemos visto, además, varias manifestaciones en ese sentido”, argumentó.
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La jueza negó su solicitud explicando que la incorporación de pruebas no está supeditada a la discusión sobre la legalidad de las mismas. Según aclaró, en el momento de valoración de las pruebas deberá pronunciarse sobre su legalidad o ilegalidad, antes no. Pues, el análisis no debe adelantarlo todavía.
“Tampoco puedo oponerme a la incorporación en este momento o supeditarla a que usted realice o no un interrogatorio directo del testigo (Óscar Álvarez)”, añadió la jueza.
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