Tribunal Superior de Bogotá admitió tutela por transmisión de video porno en juicio contra Álvaro Uribe

Un incidente insólito ocurrido durante el juicio contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez derivó en la admisión de una tutela contra el Juzgado 44 Penal del Circuito de Bogotá. Según informó el Tribunal Superior de Bogotá, el recurso fue interpuesto por el abogado Germán Calderón España, que argumentó que se vulneraron los derechos fundamentales de un menor de edad al transmitirse imágenes pornográficas durante una audiencia judicial. Este hecho tuvo lugar el 7 de marzo en el complejo judicial de Paloquemao, en Bogotá, en el proceso que se adelanta contra el exmandatario por presuntos delitos de soborno y fraude procesal.

El Tribunal explicó que inicialmente la tutela había sido rechazada por falta de claridad en la representación del accionante. Sin embargo, Calderón España subsanó esta falencia al acreditar que actuaba en nombre de su hijo que presenció la audiencia en la que se proyectó un video porno. En su decisión, el Tribunal señaló: “El 17 de marzo, el accionante acreditó que actuaba en representación de su hijo, el menor de iniciales D. M. C. R., quien presenció la referida audiencia, por lo que al haberse subsanado la falencia, se asume el conocimiento del asunto en contra del Juzgado 44 Penal del Circuito de Bogotá”.

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El incidente que motivó la tutela ocurrió durante la declaración de la investigadora del CTI, Mireya López, que presentaba pruebas extraídas del teléfono celular del abogado Juan José Salazar, socio del exdefensor de Uribe, Diego Cadena. En lugar de los archivos relacionados con el caso, se proyectaron dos videos que no tenían conexión alguna con el proceso judicial. El primero mostraba a una persona de baja estatura bailando con una botella de licor al ritmo de una canción popular, mientras que el segundo contenía imágenes explícitas de una modelo en un video pornográfico.

La situación generó incomodidad en la sala, especialmente para el expresidente Uribe y su abogado auxiliar, Juan Felipe Amaya, que optaron por no pronunciarse al respecto. La fiscal primera delegada ante la Corte Suprema, Marlene Orjuela, ofreció disculpas por lo sucedido y explicó que no se había previsto que los archivos presentados incluyeran dicho contenido. “Su señoría, qué pena. Es que queríamos mostrar todo lo que mandó el doctor (Diego Cadena) y no hubo previsión que la cuestión era esa”, expresó la fiscal entre risas.

El abogado Germán Calderón España fundamentó su tutela en la presunta violación de los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes, específicamente el derecho a la intimidad personal y familiar. Según detalló el Tribunal Superior de Bogotá, la admisión de la tutela busca garantizar el ejercicio del derecho de defensa y permitir que las partes involucradas presenten las pruebas y argumentos que consideren pertinentes. “A efecto de garantizar el ejercicio del derecho de defensa, por secretaría comuníquese esta decisión a las entidades y personas demandadas y vinculadas, remítaseles copia de la demanda para que manifiesten lo que estimen pertinente y aporten las pruebas que consideren necesarias”, indicó el Tribunal en su resolución.

Contexto del juicio contra Álvaro Uribe

El juicio contra Álvaro Uribe Vélez, líder del partido Centro Democrático, se desarrolla en el marco de acusaciones por soborno en actuación penal y fraude procesal. Durante la audiencia del 7 de marzo, la Fiscalía presentó pruebas que incluían conversaciones de WhatsApp y registros de giros económicos relacionados con el abogado Diego Cadena y su socio Juan José Salazar. Entre las evidencias destacadas se encuentra una fotocopia de la agenda de Carlos Enrique Vélez, alias Víctor, en la que se documentan transferencias de dinero a diversas personas, incluyendo a Cadena.

En audiencias previas, el ente acusador también presentó videos de reuniones entre Cadena y el exparamilitar Juan Guillermo Monsalve, realizadas en la cárcel La Picota en febrero de 2018. Según la hipótesis de la Fiscalía, estas visitas no habrían sido solicitadas por Monsalve, sino gestionadas por Enrique Pardo Hasche, compañero de celda del exparamilitar, con el presunto objetivo de persuadirlo para que se retractara de sus declaraciones que vinculan a Uribe con la creación del Bloque Metro de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).