Debate ambiental en Bogotá: qué dice la polémica resolución sobre la sabana que enfrenta al Gobierno, el alcalde Galán y los gremios

El Ministerio de Ambiente de Colombia ha generado una intensa controversia con la publicación de un borrador de resolución que busca establecer lineamientos para el ordenamiento ambiental de la Sabana de Bogotá.

La iniciativa, que apunta a la protección de ecosistemas estratégicos y al desarrollo sostenible, ha sido criticada por autoridades locales, sectores económicos y gremios de la construcción, quienes advierten sobre un posible impacto negativo en proyectos de infraestructura y urbanización.

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La propuesta del Ministerio de Ambiente establece una serie de lineamientos para la planificación territorial en la Sabana de Bogotá, con énfasis en la protección de humedales, la regulación del uso del suelo y la delimitación de áreas de conservación. Según el Ministerio, entre sus principales objetivos se encuentran:

• La preservación y restauración de ecosistemas estratégicos como bosques secos y humedales.
• La regulación de la expansión urbana para priorizar el aprovechamiento de suelos ya urbanizados.
• La implementación de límites al uso del agua y criterios ambientales estrictos para futuras infraestructuras.
• La articulación de políticas entre la Nación, la Alcaldía de Bogotá y las gobernaciones de Cundinamarca y Meta.

El Ministerio argumenta que la resolución se basa en el interés nacional de proteger la Sabana, reconocido en la Ley 99 de 1993, y en la necesidad de garantizar la seguridad hídrica y ambiental de la región en el contexto del cambio climático.

La exministra de Ambiente, Susana Muhamad, defendió la medida asegurando, en diálogos con el programa Hora 20 de Caracol Radio, que “es una resolución que busca el ordenamiento alrededor del agua, adaptar la Sabana de Bogotá al cambio climático, recordando que este es un territorio declarado de interés nacional por la Ley 99 de 1993″.

El anuncio ha sido recibido con fuertes críticas por parte de la Alcaldía de Bogotá, el Concejo de la ciudad, la Gobernación de Cundinamarca y gremios del sector de la construcción. El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, ha calificado la resolución como una violación de la autonomía territorial y una amenaza para la viabilidad de proyectos de movilidad e infraestructura.

Según Galán, la medida afectaría obras clave como la ampliación de la Autopista Norte, la vía Suba-Cota, la Avenida Boyacá, el Regiotram de Occidente y del Norte, y el sistema de cable aéreo de La Calera. “La resolución afecta la posibilidad de avanzar en proyectos como el Ptar Canoas e incluso el desarrollo de las tres líneas del Metro de Bogotá, con los patio-talleres en el occidente de la ciudad, que quedarían en el limbo”, señaló el alcalde a medios nacionales.

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, uno de los principales opositores de la iniciativa, se mostró crítico afirmando que la resolución impulsa restricciones que podrían detener obras cruciales para la región. Según Galán, esto incluiría la ampliación de la Autopista Norte, la Avenida Longitudinal de Occidente (A.L.O.), y los proyectos de infraestructura como el metro de Bogotá.

El gobernador de Cundinamarca, Jorge Rey, también ha manifestado su desacuerdo, advirtiendo que la resolución restringiría el crecimiento urbano y económico de los municipios de la Sabana, afectando la oferta de vivienda y limitando el desarrollo agroindustrial en una región que provee el 40% de la demanda alimentaria de Bogotá.

“Nos pone un reto gigante de ponernos a pensar qué va a pasar después de esos 10 años, qué va a pasar a mediano y largo plazo, porque no tendríamos en dónde vivir”, afirmó Rey, en conversaciones con El Tiempo.

Por su parte, la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol) ha señalado que la norma podría bloquear 60 planes parciales en casi 3.000 hectáreas de suelo urbanizable, lo que equivaldría a la suspensión de la construcción de 360.000 viviendas en Bogotá y sus alrededores.

Camacol ha solicitado a la Procuraduría General vigilar el proceso de consulta pública y ha advertido sobre los efectos económicos y sociales de la medida. “Desde Camacol respaldamos las acciones anunciadas por el alcalde Galán para defender el ordenamiento de la ciudad y garantizar el acceso a la vivienda y el bienestar de los bogotanos”, declaró Guillermo Herrera, presidente ejecutivo del gremio.

Expertos en derecho administrativo y ambiental han cuestionado la legalidad de la resolución. Algunos argumentan que el Ministerio de Ambiente está invadiendo competencias de las autoridades locales al imponer restricciones en el uso del suelo, lo que podría ser inconstitucional. Brigitte Baptiste, rectora de la Universidad EAN, señaló que “la Nación no puede ordenar el territorio de los municipios por decreto”.

Por otro lado, Manuel Rodríguez, exministro de Ambiente, respaldó la resolución, argumentando que responde a un mandato legal de larga data y que su implementación es necesaria para evitar un colapso ambiental en la región. “Uno de los mayores legados ambientales de este gobierno puede ser justamente esta resolución, porque da una guía para el resto del país”, afirmó Rodríguez para Caracol Radio.

La concejal de Bogotá Sandra Forero, del Centro Democrático, criticó la medida asegurando que “es una resolución que está llena de imprecisiones” y que genera incertidumbre sobre la cartografía utilizada para definir las zonas de protección. Según Forero, “hay 138 barrios de Bogotá que quedan en el limbo porque están en áreas que ahora son señaladas como humedales, lo que afecta directamente a más de 600.000 personas”.

Rodrigo Pombo, abogado especialista en derecho administrativo, advirtió que la resolución podría vulnerar principios constitucionales como la participación ciudadana y la autonomía territorial. “El uso del suelo es una competencia exclusiva de los municipios y distritos, y solo ellos pueden reglamentarlo en detalle. Esta resolución puede representar una invasión de competencias”, explicó al medio radial mencionado.

El Ministerio de Ambiente ha abierto un período de consulta pública para recibir comentarios sobre el borrador de la resolución. Aunque inicialmente se estableció un plazo de 15 días, la exministra Susana Muhamad indicó que este período podría extenderse para garantizar una discusión amplia y participativa.

“Nosotros ponemos 15 días porque hay que poner un tiempo, pero esto no impide que podamos expandir el tiempo necesario para que ya sobre un texto que salió al tiempo para todos los actores, ahora podamos dar la discusión con todos los sectores”, aseguró en los micrófonos de Caracol Radio.

Sin embargo, ante la falta de consenso y la amenaza de demandas ante el Consejo de Estado, el futuro de la resolución sigue siendo incierto. Mientras la alcaldía de Bogotá y la gobernación de Cundinamarca insisten en que se retire o se modifique el documento, desde el Ministerio de Ambiente se defiende la necesidad de establecer criterios ambientales más estrictos para evitar el deterioro de los ecosistemas en la Sabana de Bogotá.