Vicky Dávila señaló a Gustavo Petro de usar transmisiones televisivas para hacer campaña presidencial: “Eso sí, con la plata de los impuestos”

La transmisión del Consejo de Ministros en la noche del 3 de marzo sigue generando reacciones políticas en todo el país, esta vez, por parte de uno de los precandidatos presidenciales que espera enfrentarse en las urnas con quien sea el sucesor del proyecto de Gustavo Petro.

Ese fue el caso de la periodista Vicky Dávila, que usó su cuenta de X para advertir a sus seguidores de lo que considera una “estrategia” del actual presidente para ganar puntos de cara a las próximas elecciones presidenciales de 2026.

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Según indicó la precandidata presidencial, Petro estaría escogiendo el horario prime a propósito, para difundir su mensaje en todo el territorio nacional bajo la figura de alocución presidencial.

“Ojo!!! Petro lo que hizo en vivo en el horario estelar de la televisión fue dar instrucciones para que su proyecto político destructivo permanezca y siga apoderándose de Colombia”, comentó Dávila.

Asimismo, la también periodista reprochó al jefe de Estado por usar los recursos públicos para, presuntamente, hacer campaña electoral y tomar ventaja sobre sus contrincantes.

“Su orden fue “ganar” las elecciones de 2026. Eso sí, con la plata de los impuestos de los colombianos. Tengan eso claro, con esa plata es que están haciendo la campaña”, concluyó Vicky Dávila.

Desde otros sectores políticos también criticaron la decisión del mandatario de transmitir los encuentros oficiales con el gabinete del Gobierno. La senadora María Fernanda Cabal presentó una acción de cumplimiento contra el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), argumentando que las transmisiones televisadas del Consejo de Ministros realizadas por el gobierno del presidente Gustavo Petro violan la Ley 63 de 1923, que establece la reserva de estas sesiones.

La acción legal fue radicada el martes 4 de marzo ante el Juzgado Administrativo de Bogotá, con el objetivo de que la Justicia ordene detener estas emisiones y prohíba su repetición en el futuro.

La congresista del partido Centro Democrático había anunciado previamente su intención de tomar medidas legales, incluso antes de que se transmitiera el segundo Consejo de Ministros del actual Gobierno.

Según el documento presentado, Cabal considera que estas transmisiones no solo infringen la normativa vigente, sino que también vulneran principios fundamentales de la democracia. En sus declaraciones, la senadora enfatizó que la ley es clara al exigir la confidencialidad de las deliberaciones en este tipo de reuniones gubernamentales.

“La norma es taxativa: las deliberaciones del Consejo de Ministros deben ser absolutamente reservadas”, afirmó Cabal, quien además calificó las transmisiones como una práctica que excede los límites legales.

En un comunicado difundido en sus redes sociales, la senadora expresó: “Esto no es una dictadura y Petro no puede hacer lo que le viene en gana con sus ‘alocuciones’ interminables. Aquí ni Petro ni sus funcionarios están por encima de la Constitución y la Ley”.

Tras conocerse la acción legal, el presidente Gustavo Petro fue el primero en pronunciarse públicamente. En un mensaje breve, pero contundente, el mandatario acusó a la senadora de estar en contra de los principios democráticos y de intentar restringir el acceso de la ciudadanía a información relevante sobre las decisiones gubernamentales.

“Odian la democracia y la transparencia”, señaló Petro en respuesta a las críticas de Cabal.

El mandatario ha defendido la práctica de transmitir las sesiones del Consejo de Ministros como un ejercicio de transparencia y rendición de cuentas hacia la población. Sin embargo, esta postura ha generado un debate sobre los límites entre la transparencia gubernamental y el cumplimiento de las leyes que regulan la confidencialidad de ciertos espacios de deliberación política.

La Ley 63 de 1923, citada por Cabal en su acción de cumplimiento, establece que las sesiones del Consejo de Ministros deben ser estrictamente reservadas. Este marco legal busca garantizar que las discusiones internas del Ejecutivo se desarrollen sin presiones externas y con plena libertad para analizar temas sensibles.