Tras quejas de usuarios, EPS Sanitas anuncia plan de choque para mejorar su red de servicios en 90 días

EPS Sanitas ha puesto en marcha un plan de acción con una duración de 90 días, enfocado en mejorar la prestación de sus servicios, optimizar su red de atención y fortalecer su estabilidad financiera, de acuerdo con información obtenida por la Revista Semana.

Esta estrategia, que se ejecutará entre febrero y abril de 2025, busca dar respuesta a las necesidades de sus 5,8 millones de afiliados, bajo la supervisión de la Superintendencia Nacional de Salud.

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Desde la intervención de la EPS en abril de 2024, la compañía ha enfrentado diversos desafíos, incluyendo un aumento en las quejas y problemas en la entrega de servicios médicos. Por ello, esta nueva fase de trabajo tiene como prioridad consolidar avances y mitigar los riesgos que puedan afectar a los usuarios.

“Al cierre de 2024 culminamos el diagnóstico de la EPS. Este fue el punto de partida para formular medidas urgentes que nos permitirán evaluar y operativizar acciones con impacto en la salud de nuestros afiliados”, afirmó Kemer Ramírez Cárdenas, agente especial interventor.

Entre las principales iniciativas está la optimización en la distribución de medicamentos, fortaleciendo acuerdos con proveedores para garantizar el acceso oportuno, especialmente a tratamientos de alto costo. También se reforzará el seguimiento a solicitudes de atención médica y tiempos de respuesta, con el objetivo de minimizar retrasos en los tratamientos.

Adicionalmente, la EPS trabajará en la evaluación de su red de prestadores de salud, asegurando que los usuarios reciban atención sin interrupciones en todas las regiones. Dentro de este proceso, se dará prioridad a pacientes con enfermedades crónicas como afecciones cardiovasculares, renales y VIH, quienes requieren un seguimiento continuo.

En el marco de este plan, se implementará una estrategia de visitas a distintas regiones del país, enfocándose en aquellas zonas con mayores dificultades para el acceso a los servicios. A través de alianzas con la red hospitalaria pública, se espera mejorar la atención en municipios apartados y garantizar una cobertura más eficiente.

Otro punto clave será la sostenibilidad financiera de la entidad. Para ello, se fortalecerán mecanismos de recaudo, conciliación de cartera y renegociación de contratos con descuentos, además de establecer incentivos por cumplimiento de metas. También se trabajará en nuevos modelos de contratación con prestadores de salud y en la depuración de cuentas pendientes.

Como parte de las medidas para reducir gastos administrativos, se aplicará un ajuste del 1 %, con el propósito de destinar esos recursos al pago de servicios de salud. De igual forma, el 92 % de los ingresos se enfocará en cubrir obligaciones con la red prestadora.

Por otro lado, con el fin de evitar acciones de tutela que puedan afectar la operación, el plan prioriza mejoras en la prestación del servicio, el transporte de pacientes y la entrega de medicamentos.

Durante estos 90 días, EPS Sanitas realizará un seguimiento riguroso a la implementación de estas estrategias, asegurando que cada medida adoptada genere un impacto positivo en la atención de sus afiliados y en la estabilidad de la entidad.

Dueños de EPS Sanitas demandaron al Estado colombiano por decisión del Gobierno Petro

No paran las tensiones en el sistema de salud en Colombia, tras las recientes decisiones que ha tomado el Gobierno nacional y la Superintendencia de Salud, que ha afectado directamente a millones de pacientes afiliados a las principales EPS del país.

De hecho, nueve meses después de que el Ejecutivo tomara la decisión de tomar control sobre la EPS Sanitas, las empresas españolas Natanor XXI y Centauro Capital, propietarias de la promotora, presentaron una demanda arbitral contra el Estado colombiano.

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Incluso, en las últimas horas, la Agencia de Defensa Jurídica del Estado (Andje) recibió la notificación de la acción legal que fue radicada el lunes 21 de enero ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), organismo del Banco Mundial, y que busca una compensación de 1.200 millones de dólares, equivalentes a unos 5.2 billones de pesos.

Las compañías alegan que la intervención de la EPS, ordenada en abril de 2024 por el Gobierno del presidente Gustavo Petro, constituye una “expropiación indirecta” de sus inversiones.

De acuerdo con la demanda, las empresas controladas por el magnate vasco Joseba Grajales argumentan que la intervención vulneró el acuerdo entre el Reino de España y la República de Colombia para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones, firmado en 2005.

En su demanda, las firmas calificaron la medida como “arbitraria” y “discriminatoria”, asegurando que esta no solo afectó sus derechos como inversionistas, sino que también violó estándares internacionales que protegen sus intereses.

La intervención de la EPS Sanitas fue ordenada por el entonces superintendente de Salud Luis Carlos Leal en un momento en el que el Gobierno nacional cuestionaba la veracidad de los estados financieros de varias Empresas Promotoras de Salud (EPS).

Según las autoridades, la medida buscaba evitar un colapso financiero de la entidad y garantizar la atención de miles de afiliados. Sin embargo, los propietarios de Sanitas consideran que esta decisión no solo fue injustificada, sino que también les impidió disfrutar plenamente de sus inversiones.

Para enfrentar este litigio internacional, las empresas españolas han contratado a la prestigiosa firma Debevoise & Plimpton, con sede en Nueva York. Según detalló El Tiempo, este equipo legal cuenta con la reciente incorporación de Nicholas Folly, exsubdirector de la división penal de la oficina del fiscal de Estados Unidos en Manhattan y funcionario de la administración del expresidente Joe Biden.

Asimismo, la defensa de los inversionistas en Colombia está a cargo de la firma Rincón Castro Abogados, con sede en Bogotá, especializada en la resolución de controversias internacionales.