Los 10 sucesos que marcaron la agenda política en Colombia en 2024: Petro es el principal protagonista de un año que movió sus cimientos

El huracán mediático que sacudió los cimientos de su Gobierno, hizo del 2024 un año tormentoso para el presidente de la República, Gustavo Petro. En medio de escándalos de corrupción, el fracaso en el trámite de sus reformas en el Congreso y las ambigüedades de sus posturas, en especial con el régimen de Venezuela, el jefe de Estado intentó conservar, sin éxito, el apoyo popular, que, a juzgar por el balance de las diferentes mediciones, es menor, así él insista en desconocer sus repercusiones.

El devenir en materia política, sin lugar a duda, giró en torno a su figura y su particular forma de entender la actualidad del país, en contraste con la férrea oposición que desde diferentes sectores afronta su Gobierno. A partir de entonces, se fue gestando un ambiente de crispación creciente, en el que el primer mandatario esbozó, una y otra vez, y a su antojo, la teoría de que se gestaba un golpe de Estado en su contra.

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Y es que Petro, cada vez más atrincherado en sus banderas, y lejos de atender el llamado que él mismo hacía para establecer un acuerdo nacional, apeló a un discurso más agresivo para presionar, de algún modo, tanto al Congreso como a las Cortes. Al mismo tiempo, han sido blanco de sus ataques los medios de comunicación, pese a que organizaciones como la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) le llamaron la atención.

Es por ello por lo que en Infobae Colombia preparamos un resumen de los 10 hechos que concentraron la atención de los colombianos en el año que termina y que sirven de termómetro con miras al 2025: en el que se empezarán a ‘cocinarse’ las posibilidades de los que aspiran a sucederlo en el cargo, aunque en paralelo los esfuerzos del mandatario estén alineados en conformar una fuerza única con la que pueda hacer contrapeso en la contienda y garantice la continuidad de su proyecto político, cuestionado por sus bajos niveles de ejecución.

1. El escándalo de la Ungrd: el Gobierno del Cambio en entredicho

En el orden de acontecimientos que desencadenaron una fuerte crisis en el Ejecutivo, el escándalo propiciado por el megacaso de corrupción al interior de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), ocupa el primer lugar. No solo puso en entredicho la honorabilidad de la actual administración, que se vendió ante los colombianos como el ‘cambio’, sino que tiene a algunos de sus exfuncionarios en la mira de la justicia.

Fue gracias a la prensa que quedó al descubierto, a principios de febrero, el sobrecosto en la adquisición de 40 carrotanques para el suministro de agua en La Guajira. La manera en la que el costo en la compra de estos vehículos fue, según se comprobó por la Fiscalía, aumentado en cerca de $14.163 millones, causó escozor, pues se habría hecho para satisfacer acuerdos que habrían sido orquestados desde las altas esferas del poder.

Y, desde entonces, se registraron una serie de acontecimientos que pusieron de manifiesto ante el país, que involucran no solo a altos exmiembros del Gobierno, sino también a un grupo de congresistas, en una red de proporciones aún insospechadas, pero que podrían convertirlo en el caso de desfalco estatal más grande no solo en la era Petro, sino en las últimas dos décadas. En una entidad a la que se le reasignaron en 2023 1,4 billones de pesos en su presupuesto, provenientes de otras dependencias, entre ellas la Dian.

Los testimonios del exdirector y exsubdirector del manejo del riesgo de la Ungrd, Olmedo López y Sneyder Pinilla, en el que se refirieron a la manera en la que no solo se habrían pagado millonarias coimas a los expresidentes del Senado y la Cámara Iván Name Vásquez y Andrés Calle Aguas, también se habrían direccionado contratos de la entidad a cambio de votos en el legislativo; en específico, en la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público (Cicp).

Estas denuncias, al final, determinaron la salida de varios de los personajes que hacían parte del Gobierno, como la exalta consejera para las Regiones Sandra Ortiz, que tiene detención domiciliaria; el exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia Carlos Ramón González y, la más reciente, la del exministro de Hacienda Ricardo Bonilla. Mientras que el exministro del Interior Luis Fernando Velasco también ha sido involucrado en este proceso.

2. Gustavo Petro, en la mira del CNE: la formulación de cargos que desató la ira del presidente

Pero así como su gestión al frente de la entidad encargada de atender las emergencias en el país está bajo la lupa de los órganos de investigación judicial, el primer mandatario de los colombianos también afronta las pesquisas que, sobre su campaña, hace el Consejo Nacional Electoral (CNE): ente que el 8 de octubre encontró méritos para formular cargos contra él, en su condición de candidato, y de los miembros de su equipo de finanzas, en pro de determinar si hubo una violación de topes, por el orden de los 5.355 millones de pesos.

Aunque el gobernante, en diferentes pronunciamientos, ha querido deslegitimar la función legal que le compete al organismo, y desacreditar no solo la labor de investigación de los magistrados Álvaro Hernán Prada y Benjamín Ortiz, el caso avanza en el órgano electoral. El primero de ellos, Prada, ahora oficia como presidente del CNE ante la sorpresiva renuncia del magistrado César Lorduy.

Las presuntas irregularidades en los reportes de la primera y segunda vuelta, en los aportes recibidos por diferentes organizaciones, entre ellas la Federación Colombiana de Educadores (Fecode) y la Unión Sindical Obrera (USO), al igual que la aparente omisión de los pagos hechos a testigos electorales y al transporte aéreo usado en la campaña, a través de la firma Sociedad Aérea de Ibagué (Sadi), tendrían en la mira a Petro.

En este caso, el Consejo de Estado enfatizó en que el CNE sí es un órgano competente para investigar la campaña Petro Presidente, que a la par está siendo investigada en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes: corporación en la que reposan señalamientos sobre lo que sería, al parecer, las dudosas fuentes de financiación de la aspiración, a raíz de las revelaciones que hizo, en su momento, Nicolás Petro Burgos: hijo mayor del gobernante, y que afronta un juicio por lavado de activos y enriquecimiento ilícito.

3. El doble discurso de Gustavo Petro sobre situación en Venezuela: al final reconoció al régimen

Las elecciones presidenciales acontecidas el 28 de julio en Venezuela, tuvieron un significativo impacto en la forma en la que el Gobierno nacional asumió sus relaciones bilaterales con un régimen cada vez más discutido. Las evidencias sobre un fraude en los comicios, puestas sobre la mesa por los sectores de oposición, liderados por María Corina Machado y el aspirante Edmundo González, fueron prácticamente desestimadas por el Ejecutivo: que desatendió los urgentes llamados hechos desde el propio Congreso para abstenerse de reconocer al dictador Nicolás Maduro como el triunfador de dicha jornada.

Su silencio de casi cuatro días tras efectuarse la contienda electoral, parecía dar aviso de la forma en la que Petro manejaría un asunto en el que tenía, a todas luces, comprometidos sus intereses. Solo fue por la presión mediática que se animó a establecer un canal de diálogo para acercarse al régimen, con Brasil y México como aliados, aunque a la postre dicha iniciativa no tuvo éxito alguno; y, posteriormente, de forma más vehemente, exigió a las autoridades del país vecino mostrar las actas de votación, en una petición que tampoco tuvo efecto.

Fue cuestión de meses para que el primer mandatario pasara del “Si no hay presentación de actas, no hay reconocimiento al Gobierno de Venezuela”, al “Yo veré si voy o no”, en relación con su eventual presencia en el acto de posesión de Maduro: que sin importar “Dios ni ley” pretende instalar, el 10 de enero de 2025, un nuevo periodo en su cuestionado gobierno, que se extenderá en principio hasta 2031.

Petro, al final, le dio su aval a la dictadura, pues confirmó –en efecto– que tendrá representación diplomática en esta ceremonia, sin importar las graves denuncias sobre la violación de derechos humanos al otro lado de la frontera, pues se registraron múltiples detenciones de personajes contrarios al oficialismo.

4. Las grandes reformas siguen sin andar en el Congreso, que también le dio la ‘estocada’ al presupuesto del 2025

Como era de esperarse, en el legislativo el presidente de la República se jugó una buena parte de su capital en el presente periodo, con el trámite de las reformas que aún quiere impulsar. Entre ellas, las reformas laborales y de la salud; aunque, de forma paralela, insistió en que otras iniciativas, entre ellas enfocadas a llevar a cabo modificaciones profundas en las reglas del ejercicio político y, también, a conseguir recursos para solventar el hueco fiscal que registró en la vigencia que termina

Sin embargo, fueron más las derrotas que las victorias del Ejecutivo en los recintos del Congreso. Entre ellas, una de la que todavía hace eco el mandatario, con sus constantes mensajes: la llamada ley de financiamiento, que inicialmente tenía el propósito, con su aprobación, de recaudar 11,8 billones de pesos, pero finalmente bajó sus pretensiones a $9,8 billones; la cual fue entendida por sus críticos como una reforma tributaria más.

Una de las causas de este duro revés fue que no se redujera el monto del presupuesto diseñado para la vigencia del 2025, como lo advirtió el presidente del Congreso, Efraín Cepeda, lo que llevó a que este tampoco fuera aprobado por las comisiones económicas. Y generó un escenario en cierto modo inédito: que este concepto tuviera que fijarse mediante decreto, tal y como quedó definido el 18 de diciembre, por un monto de $523 billones, sin financiación que lo soporte.

En lo que respecta a la reforma a la salud, tras el hundimiento en la anterior legislatura, específicamente en marzo de 2024, cuando la mayoría de los integrantes Comisión Séptima del Senado votaron por su archivo, avanza a paso lento en la Cámara de Representantes en su segundo debate; con menos artículos que la anterior proposición (59) y la intención de que esta vez sí vea la luz en el órgano legislativo.

Asimismo, la laboral está a la espera de discutirse en la misma comisión Séptima, en su tercer debate y tras superar su tránsito por la Cámara, con 88 artículos que harían significativos cambios al régimen actual; entre ellos, en el pago de horas extras desde las 7:00 p. m., el aumento de la remuneración en los días de descanso y, en los jóvenes, la laborización del contrato de aprendizaje, entre otros.

En medio de este sendero de espinas para el Gobierno, proyectos de menor calado pero con fines más simbólicos vieron la luz, entre ellos la prohibición de las corridas de toros en Colombia; la ley que se opone al matrimonio infantil en el territorio nacional, con el lema ‘son niñas, no esposas’; y la aprobación de la Mesada 14 para los pensionados de la fuerza Pública.

5. El presidente, con fiscal, contralor y procurador ‘aliados’: así fueron sus elecciones

Contrario a sus reformas en el cuerpo legislativo, el jefe de Estado ha contado con éxito en la elección de los tres titulares de los órganos de control: la fiscal General, Luz Adriana Camargo; el contralor General, Carlos Hernán Rodríguez; y, la más reciente, la del procurador General, Gregorio Eljach Pacheco. En los tres casos, Petro parece haberse ‘salido con la suya’, pues logró que llegaran a estas entidades.

En el caso de Camargo, es válido destacar que el primer mandatario propuso ante la Corte Suprema de Justicia, desde septiembre de 2023, una terna integrada por mujeres, con perfiles afines a lo que esperaba él del nuevo periodo al frente del ente acusador e investigador. Y tras una dilatada discusión, en la que el presidente, incluso, presionó para que se llevara a cabo, y no se extendiera el periodo de intirenidad de Martha Mancera, el 12 de marzo de 2024 se conoció a la nueva titular.

Desde los sectores de oposición, como el Centro Democrático, han hecho énfasis en la manera en que, con la nueva administración en la Fiscalía, algunos de los procesos que salpicaban al gobernante, se han ralentizdo: uno de ellos, el de Nicolás Petro Burgos, hijo mayor del presidente, por los punibles anteriormente descritos; además de otros que involucran a funcionarios y exfuncionarios de su Gobierno.

A su vez, en la Contraloría, Petro salió victorioso con la ‘reelección’ de Rodríguez como el titular de esta entidad de control fiscal, con una votación histórica en el Conreso (265 votos); aunque venía de ser inhabilitado por presuntas irregularidades en su escogencia inicial, según definió la Sección Quinta del Consejo de Estado. El 12 de junio de 2024, se consumó esta especie de reintegro del contralor, que, entre otras, ha estado del lado del Gobierno en destapar, según él, las “ollas de corrupción” en el sector salud.

Y, por último, el mandatario se jugó sus cartas para la escogencia del jefe del Ministerio Público y, en una puja que parecía perdida ante dos de los ternados cercanos en el pasado al exvicepresidente Germán Vargas Lleras, como el excongresista Germán Varón Cotrino (Corte Suprema) y el exministro Luis Felipe Henao (Consejo de Estado), apeló a un hombre que lograra consensos: el exsecretario general del Congreso, Eljach Pacheco.

El resultado de la jornada celebrada el 2 de octubre fue concluyente: con 95 sufragios de 103 en el Senado, el guajiro logró aglutinar a las diferentes colectividades, con la promesa de guardar independencia frente a su nominador. No obstante, el hecho de que haya sido Petro el que lo postuló y su postura favorable hacia el control de convencionalidad de las sentencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) en cuanto a los funcionarios elegidos por voto popular, al igual que la del presidente, lo tienen bajo la lupa de los sectores contrarios al Ejecutivo.

6. Gustavo Petro y la pelea con las cortes: magistrados pidieron respeto por la independencia

En un escenario que causó controversia, uno de los errores -si se plantea así- del presidente, fue la de casar pelea con las altas cortes, pues no solo hizo público sus desencuentros con órganos como la Corte Suprema y el Consejo de Estado, e incluso con magistrados de la Corte Constitucional, sino que además lanzó fuertes calificativos contra algunos de los togados, sus orígenes y posturas.

A los miembros del Consejo de Estado, el mismo ente que avaló las competencias del Consejo Nacional Electoral (CNE) de investigar la campaña a la presidencia en 2022, los acusó, en diferentes oportunidades, de avalar la intentona de un supuesto golpe de Estado en su contra. La última de ellas, el 17 de diciembre, cuando volvió a apuntar hacia el tribunal, que en respuesta salió a rechazar tales pronunciamientos, y los calificó de “graves, sistemáticos e irrespetuosos”.

Por su parte, contra la Corte Suprema, ente contra el cual ya hacía duros señalamientos durante la escogencia de la fiscal General, es recordada su andanada del 30 de agosto, cuando se refirió al color de piel de su presidente, el magistrado Gerson Chaverra, al que le recordó su filiación conservadora, pero cuestionó que, por su origen étnico, pudiera tener posiciones contrarias al progresismo.

Y es que en un devenir, en ese ‘tira y afloje’ con las dependencias del poder judicial, el jefe de Estado también se despachó contra la Corte Constitucional, a la que amenazó con marchas si se atrevía, según él, a declarar inexequible la única de las tres reformas que, con pupitrazos de por medio, avanzó con relativo éxito por el legislativo: la pensional, que de acuerdo con sus críticos tuvo vicios de trámite.

A diferencia de cuando fue congresista y alcalde de Bogotá, en la que tenía admiración por las determinaciones de las cortes, por evitar una segunda reelección de Álvaro Uribe Vélez; encausar los juicios por parapolítica, que dejó al Congreso sin el 30% de sus integrantes, y el respaldo en su momento a su permanencia como mandatario distrital, la relación ha sido distante.

Recordado es el episodio vivido en Quibdó (Chocó), cuando dejó plantados a los togados de la Corte Suprema, alegando un dolor personal: la partida de su hija, Antonella Petro, al extranjero, y protagonizó un icónico momento de la “silla vacía”; o cuando no asistió al encuentro de la Judicatura en San Andrés.

7. Vicky Dávila y los candidatos que se lanzaron al agua de cara al 2026

A sabiendas de que con las 12 campanadas del reloj se pondrá fin al 2024, y aún así restará un año y cinco meses para convocar a los colombianos, la contienda política con miras a los esperados comicios está cada vez más interesante. Y todo por la aparición en escena de una de las que promete dar de qué hablar en la lucha por el primer cargo de la nación: la periodista Victoria Eugenia Dávila.

Si bien fue objeto de duros señalamientos de índole ético, pues empezó a calentar su anhelo de presentarse a las urnas a la par de sus funciones como directora de un medio de comunicación, que además reveló poderosos escándalos que salpicaron al actual Gobierno, el 16 de noviembre se decantó: oficializo su renuncia y se lanzó a la arena, al menos de forma oficial, lo que la disparó en las diferentes mediciones.

En el Centro Democrático, por su parte, a la ya cantada aspiración de la senadora María Fernanda Cabal -que terminó el 2023 con el importante anuncio- se han sumado otros aspirantes, como sus colegas Miguel Uribe, Paola Holguín, Paloma Valencia y Andrés Guerra. Todavía ninguno de ellos sería capaz de pelearle, en un eventual escenario de consulta de la derecha, a Dávila, que partiría con amplia ventaja.

Y con candidaturas tácitas como las de Claudia López y Sergio Fajardo, por el conocido centro, y la posibilidad de que entren al juego personajes del calado del exvicepresidente Vargas Lleras, lo que ha generado cierta incertidumbre es conocer cuál será el encargado de llevas las banderas de Gustavo Petro para buscar, voto a voto, la prolongación de su proyecto político.

En una amplia baraja de posibilidades, se manejan nombres como los de la congresista María José Pizarro y la exministra Carolina Corcho, además de otros que empezaron a sumar en las encuestas, como el del polémico exalcalde de Medellín Daniel Quintero; el actual ministro de Relaciones Exteriores, Luis Gilberto Murillo, y del hoy director del Departamento de Prosperidad Social, Gustavo Bolívar.

A medida que avance el 2025, se despejará el sendero para el que tenga como propósito ser el sustituto de Petro en el poder; el mismo que, si bien amagó con la posibilidad de establecer una constituyente, lo que le abriría puerta a una eventual reelección, parece haber reculado en su propuesta, aunque con anuncios contradictorios entre sí.

8. La pelea casada entre Gustavo Petro y los presidentes del Congreso: ni Name ni Cepeda le dieron tregua

Uno de los blancos predilectos del primer mandatario para descargar su frustración y, según sus críticos, endilgar responsabilidades por sus fracasos, ha sido la figura del presidente del Congreso. Llámese Name Vásquez o, en este caso, Efraín Cepeda: pues al primero lo acusó de interponerse en sus reformas, pese a que se le señala de haber recibido un millonario soborno para facilitar algunos trámites en el legislativo; en tanto que con el segundo, ha protagonizado un enfrentamiento mediático, al declararlo como el responsable de un presunto intento golpista en su contra.

Petro apuntó hacia Name, que estuvo hasta el 20 de julio de 2024 como titular del legislativo, como el hombre que “engavetó” en su momento la reforma pensional, de acuerdo con su versión, durante 13 meses, haciendo énfasis que si bien estaba listo para su discusión en el Senado desde el 20 de junio de 2023, el debate en plenaria solo arrancó hasta abril de 2024; mientras corría el riesgo de que se archivara, justamente, por falta de trámite.

Entretanto, en lo que respecta a Cepeda, lo ha responsabilizado del hundimiento del proyecto del Presupuesto General de la Nación del 2025 y, por ende, de la referida ley de financiamiento, o mejor conocida como reforma tributaria 2.0. Al igual que de haber promovido el revés con la reforma política, que pretendía reformar el CNE, por lo que no dudó en decir que estaba “frenando el debate democrático”.

Una de las hipótesis que ha querido implantar el jefe de Estado es que se buscaría su destitución a través del Consejo Nacional Electoral y, posteriormente, por el legislativo, con un juicio político, para que sea el veterano congresista barranquillero el que asuma el mando. Un camino que, según expertos constitucionalistas, sería improbable que sucesa.

Los ataques del gobernante, por desgracia, no solo han tenido como destinatarios a los titulares del cuerpo legislativo, sino a los que rechazan sus iniciativas. Al final de la legislatura del 2024, de hecho, categorizó como “malditos” a los parlamentarios que se opusieron a aprobar su ley de financiamiento, como una muestra, en sí, pequeña, de los variados insultos que han recaído contra los que hacen parte de la corporación.

9. La crisis entre Colombia e Israel y los nombramientos en el exterior que salpicaron al Gobierno del Cambio

Lo que era una amenaza velada, el presidente de la República la hizo realidad y el 1 de mayo rompió definitivamente relaciones diplomáticas y comerciales con Israel: teniendo como principal motivo el conflicto bélico con Palestina, en la zona de la Franja de Gaza, y que según la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha dejado más de 30.000 víctimas; en una confrontación que inició el 7 de octubre de 2023, con el ataque terrorista de Hamas, que dejó más de 1.200 víctimas.

A sabiendas de las consecuencias que traería esta decisión en diferentes frentes, pues el país asiático es proveedor de tecnología y armamento militar, pero del mismo modo, cliente en exportaciones de cárnicos y carbón, entre otros productos, el accionar fue la de cortar, de tajo, cualquier vínculo con el estado israelí. Es más, Petro apoyó respalda la orden de captura emitida por la Corte Penal Internacional (CPI) en contra del primer ministro Benjamin Netanyahu, al que equiparó, en su momento, con el dictador alemán Adolf Hitler: el responsable del holocausto en la Segunda Guerra Mundial.

Pero así como Petro ha estado ensimismado en establecer una postura de índole internacional, en cierto modo vehemente contra lo que ha considerado un genocidio, también ha sido responsable de llamativas controversias: sobre todo en relación con la defensa de diplomáticos que, pese a determinaciones judiciales en algunos casos, al no cumplir los requerimientos para el cargo en mención, han contado con el respaldo del Ejecutivo.

Álvaro Moisés Ninco y Andrés Hernández, embajador y cónsul en México; y Sebastián Guanumen, en Chile, que hicieron parte de la campaña petrista; y lo más fresco en el repertorio, el fallido nombramiento del escritor, abogado y realizador audiovisual Daniel Mendoza, como representante de la diplomacia colombiana en Tailandia, generaron un intenso debate sobre la forma en la que se estaría desprestigiando la carrera diplomática, en favor de los que han estado del lado del presidente.

10. Antioquia, Bogotá y la Costa se plantaron ante Gustavo Petro, mientras que Cali disfrutó la COP16

Con el inicio de los periodos de los mandatarios locales en el territorio nacional, empezaron a ratificarse los liderazgos regionales, que hicieron contrapeso a las decisiones, a juicio de analistas, centralistas, que buscaron imponerse en zonas en las que hay una marcada tendencia opositora. Una de ellas es Antioquia, en la que tanto el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, como el gobernador Andrés Julián Rendón, zanjaron distancia con el Ejecutivo; debido a los constantes señalamientos del jefe de Estado.

El túnel del Toyo, obra cuya el 50% estaba a cargo de la nación, y la famosa ‘Vaca’ promovida por el mandatario seccional, generó un punto de inflexión en las relaciones entre el Gobierno y el departamento; a tal punto de forzar al Ejecutivo a ceder el control de parte de la obra de infraestructura. Así como en la Costa Atlántica, la bancada Caribe del Congreso, y los alcaldes de Cartagena, Dumek Turbay, y de Barranquilla, Alejandro Char Chaljub, se oposieron a la intención del Ministerio de Transporte de cobrar valorización a los precios aledaños a la inconclusa vía al Mar.

En Bogotá, el panorama no fue distinto, pues el alcalde Carlos Fernando Galán no permitió que desde la Casa de Nariño se pusieran talanqueras al avance de las obras de la primera línea del Metro de Bogotá, y la discusión con Gustavo Petro, en su pretensión de que fuera este subtérraneo, aun cuando ya esta fase estaba en marcha. Una disputa mediática en la que, por lo visto, salió bien librado el burgomaestre.

Al mencionado asunto, se sumó el conflicto por las estrategias implementadas desde la administración distrital para el racionamiento de agua, debido a la crisis de llenado en los embalses. Aun así, de los señalamientos de Petro, la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, y de la senadora María José Pizarro, el esquema se ha mantenido; a la par de que suben los niveles en Chingaza y Tibitoc.

En Cali, por su parte, las relaciones con el Gobierno fueron más benévolas, entre otras, por la realización de la Conferencia de Biodiversidad COP16, organizada por la Organización para las Naciones Unidas (ONU): evento del que su anfitrión, el alcalde Alejandro Éder, entregó un balance positivo: en materia de seguridad, pues logró contar con 10.000 efectivos, entre Policía y Ejército, y la economía se dinamizó, con ingresos por 66 millones de dólares, según cifras de la Alcaldía Distrital.

Las encuestas reflejan cómo los mandatarios locales tienen mejores índices que Petro, pues el que tiene menor índice de popularidad, Galán, llega al 47% según Invamer en su medición de diciembre; mientras que la del presidente no llega ni siquiera al 35%.