Magnicidio Carlos Pizarro: Estado reconoció ante la Cidh la responsabilidad internacional por crimen del excomandante del M-19

Se llevó a cabo el lunes 11 de noviembre en Washington (Estados Unidos), la audiencia pública ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) en la que el Estado reconoció su responsabilidad en el magnicidio de Carlos Pizarro Leongómez, excombatiente de la extinta guerrilla del M-19, y excandidato presidencial, que fue asesinado el 26 de abril de 1990 cuando adelantaba su campaña, luego de haber entregado las armas.

Durante la audiencia, participaron la senadora María José Pizarro, hija del exinsurgente y político cartagenero; y Laura García, mamá de la representante a la Cámara, María del Mar Pizarro y expareja sentimental del asesinado, que entregaron su testimonio ante los miembros de la comisión, que escucharon de manera atenta lo sucedido con el exguerillero y posteriormente político, que firmó la paz con el gobierno de Virgilio Barco en 1990.

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También César Palomino Cortés, director general de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (Adje), que reconoció la responsabilidad del Estado por las violaciones a los derechos a la vida e integridad personal, referente a lo que se denominó una ejecución extrajudicial de Pizarro. “Las investigaciones han permitido esclarecer que agentes del DAS planeaban, facilitaban, ejecutaban y encubrían asesinatos selectivos de líderes de oposición en Colombia”, afirmó.

“Me arrebataron a mi padre, me arrebataron la seguridad de un hogar, me arrebataron a mi familia. Esas son las circunstancias en las que crecí yo y en las que crecieron millones de colombianos y colombianas”, indicó la senadora Pizarro, que contó cómo su adolescencia se vio marcada por la ausencia de su padre. Y la posibilidad de recuperar una vida normal, de crecer en un hogar y de superar las ausencias que vivió a lo largo de su vida. “De crecer con mis hermanos”, agregó.

En cuanto a los avances de la investigación de su padre, la parlamentaria reconoció que “prácticamente” se encuentra en etapa inicial. Destacó que los avances son pocos, debido a que se han perdido testigos claves para desentrañar este suceso, además de que el fiscal Mauricio Ponce, que desde 2014 estaba a cargo de la investigación del crimen de Pizarro, no ha tenido a su disposición el cuerpo técnico para avanzar en las respectivas investigaciones del caso.

“El caso no avanza y mientras tanto mueren personas que tienen información, quienes podrían ser investigadas, juzgadas y condenadas por el asesinato de mi padre”, precisó la senadora Pizarro, que acto después lanzó una frase demoledora. “A mi padre no lo mató la guerra, lo mató la paz. La paz, para mí, fue profundamente dolorosa. De alguna manera he tenido que autorrepararme en el camino en estos 34 años”, agregó la parlamentaria.

En lo que espera en este proceso, María José fue clara en decir que continuará en el proceso de reivindicación de la figura y de la memoria de su progenitor. “El empeño por construir una paz duradera para Colombia. Y por supuesto, creo que repararnos como movimiento político, porque no solamente se perdió el líder, sino que toda la organización política fue lesionada”, destacó.

A su vez, Laura García, que es mamá de la representante a la Cámara, María del Mar Pizarro y que está vinculada al Dapre, indicó que al momento de los hechos no contaban con seguridad, por lo que vivían de manera clandestina o, durante algún tiempo, en el exilio. “La persecución era enorme. Esta situación permaneció después de la muerte de Carlos Pizarro; persistieron los seguimientos, las llamadas”, insistió en su relato la mujer, en medio de la mirada atenta de los comisionados.

Del mismo modo, hizo una contundente afirmación, en relación con el papel que debería asumir el Estado en relación con este magnicidio. “Creo que debe asumir la responsabilidad por los hechos y debe garantizar los espacios de representación política, y en los medios dar a conocer las razones por las que Carlos luchó. Debe hacerse un reconocimiento respetuoso y una reparación en todos los sentidos”, reafirmó la mujer.

A su vez, se mostró preocupada por los esquemas de seguridad de las dos hijas de Pizarro que ocupan escaños en el Congreso, en especial cuando son víctimas de constantes señalamientos en las redes sociales. A su vez, recordó cómo desaparecieron piezas vitales en los archivos de la aerolínea Avianca que hubieran permitido, en su concepto, tener más luces sobre la forma en que se cometió el crimen, “por lo que se han ido al cuerpo de Carlos” para buscar algunas pistas.

“Cómo se repara el dolor de una madre, el dolor de unas hijas. Nosotras hemos pagado un precio muy alto por atrevernos a reclamar democracia, paz en Colombia y respeto a los derechos humanos”, reiteró García, como una de las víctimas del crimen del líder insurgente.

Rafael Barrios, del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar), hizo énfasis en que el último deseo del excombatiente, como firmante del Acuerdo de Paz, era que la paz se hiciera posible. “Dado el contexto colombiano, solicitamos a la Cidh que tome en cuenta en su decisión los efectos que tuvo el homicidio de Pizarro en una sociedad que desde hace décadas se esfuerza en generar confianza para construir una paz estable y duradera para las actuales y futuras generaciones”, afirmó.

En su concepto, “el asesinato de Pizarro es una herida abierta para nuestra sociedad, por lo que es imperativo evitar cualquier negación de lo ocurrido. Esta es una oportunidad para que Colombia🇨🇴pueda avanzar en el reconocimiento y garantía de los derechos políticos”.

Por su parte, Óscar Ramírez abogado de la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), expresó que, si bien el Estado ha señalado que protegió la vida de Pizarro al brindarle, según ha descrito, un esquema de protección y adelantar la inspección de seguridad a la aeronave, “lo cierto es que está demostrado que parte del plan criminal incluyó debilitar dicho esquema y facilitar que se ocultara el arma homicida en el baño del avión”.

En ese sentido se pronunció Ana Rodríguez, directora del CCJ, expresó que desde el homicidio de Pizarro han transcurrido 34 años de impunidad, “en los que el Estado ha incumplido su deber consagrado en los artículos 8 y 25 de la Convención Americana, de investigar, enjuiciar y sancionar a los responsables”. A su juicio, la actuación de la justicia ha sido lenta, “superando todo plazo razonable de esclarecimiento”.