
Luego de la discusión en el primer debate en la Comisión I del Senado se logró que quedara excluido el artículo 7 del proyecto, que pretendía rebajar la pena en un 25% para aquellos que cometan delitos en contra de menores de edad y que aceptaran los cargos.
Carlos Fernando Motoa, senador de Cambio Radical, aseguró que “son siete los temas que contempla la reforma a la justicia, y tenemos un acuerdo al interior de la coordinación de ponentes en el sentido de eliminar el artículo séptimo que pretendía conceder ciertos beneficios bajo precisos parámetros de colaboración o allanamiento cargos o lo que han llamado rebaja de penas frente a delitos atroces contra menores”.
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No obstante, el senador ha propuesto una reducción de penas para aquellos involucrados en delitos graves como extorsión, secuestro y financiación del terrorismo, siempre que colaboren eficazmente con la Fiscalía para desmantelar organizaciones criminales. Esta medida se encuentra dentro del principio de oportunidad y el allanamiento a cargos, según declaraciones recientes.

En conversación con Caracol Radio la Ministra de Justicia Ángela María Buitrago se refirió a esta decisión: “En una construcción colectiva hay que escuchar las voces, la Fiscalía, la Corte Suprema de Justicia y el Ministerio de Justicia, entendiendo las razones y los congresistas ponentes hemos llegado a proponer una construcción nueve frente a las clausulas de esa ley”.
También comentó que este tipo de espacios para que las conversaciones puedan darse deben generarse y partiendo de ello: “tramitar un proyecto que tiene potros elementos par ale principio de oportunidad y preacuerdos que son importantes para la agilidad en la eficiencias, y la eficacia del sistema penal”.
Afirmo que entiende que el ambiente no es propició para que se logre considerar un tipo de propuesta como este que esta sustentada en un a razón jurídica, y que algunas de las propuestas que los mismo ponentes pusieron sobre la mesa son importantes ponerlas a consideración.

Por otro lado, la propuesta busca incentivar acuerdos previos con la Fiscalía, donde la colaboración de los acusados sea clave para desarticular redes delictivas. Este enfoque pretende no solo reducir las penas de los implicados, sino también fortalecer la lucha contra el crimen organizado al obtener información valiosa que permita desmantelar estas estructuras.
Así mismo, se habló sobre el proceso de la captura de estos individuos mientras cometen el delito y lo que representaría para la justicia y el proceso investigativo este hecho, evitando que varias de estas personas quedara en libertad acogiéndose a la mediad de vencimiento de términos: “Además la prueba anticipada se podrá utilizar durante un juicio y no se someterá a un nuevo procedimiento para evitar vencimiento de términos y algunas actuaciones de abogados que buscan dilatar los procesos en materia penal”, mencionó.
Una de las polémicas con respecto a este artículo radicó luego de conocerse el lamentable caso de la menor de 12 años Sofia Delgado que fue asesinada en el corregimiento de Candelaria, Valle del Cauca, acusando que la disminución en la condena agilizaría todo el proceso de resolución, sin embargo, el argumento en contra es que no habría razón para la reducción de la condena, aún más, cuando se trata de delitos sexuales y homicidios en infantes, y jóvenes.
Por su parte, la Comisión Disciplinaria, máxima instancia judicial, explicó claramente que la solución no está en la rebaja, por lo que solicitaron en su momento que este artículo fuera eliminado.

A nivel general, se dieron otros cambios en el proyecto. Se plantea que una de las formas en la que la imposición de la pena queda obsoleta es cuando se realiza una reparación de manera integral a las víctimas, sea cual sea el caso. Sobre esta “indemnización integral” se establece que el momento debe ser considerado por las aparte afectada el monto de dicho acuerdo.
Hace un par de días Ángela María Buitrago dijo que no tenía problema en que este artículo saliera del proyecto, siempre y cuando no se considerará que se quiere favorecer a los delincuentes: “Creo que es importante entender que hay gente que, a raíz de muchas cosas, piensa equivocadamente que se está favoreciendo la situación, cuando lo que se quiere es imponer una pena, pero no tendría ningún inconveniente (en retirar el artículo)”, explicó la funcionaria.

Buitrago acotó que también se busca la imposición de penal que sean reales, se pueda avanzar de manera adecuada en el proceso para esclarecer lo ocurrido y sobre todo, que se combatan este tipo de crímenes.
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