Este es el ejecutivo de Ecopetrol que Gustavo Petro quiere sacar de la junta: hay diferencias sobre la continuidad de Ricardo Roa

La eventual salida de Juan Gonzalo Castaño de la junta directiva de Ecopetrol volvió a generar cuestionamientos sobre la independencia de las decisiones dentro de la principal empresa estatal del país.

El movimiento se produce en medio de tensiones internas relacionadas con la continuidad de Ricardo Roa como presidente de la compañía y de las recientes advertencias de organismos internacionales sobre el gobierno corporativo de la petrolera.

La discusión tomó fuerza luego de que el 12 de mayo medios como Blu Radio y La República informaran que la junta directiva estudiaría la convocatoria de una Asamblea Extraordinaria de Accionistas para formalizar la salida de Castaño.

Según las versiones conocidas hasta ahora, la decisión estaría vinculada a diferencias surgidas por sus posiciones críticas frente a la administración de la empresa y a cuestionamientos internos sobre la continuidad de Ricardo Roa al frente de Ecopetrol.

Aunque el procedimiento está contemplado dentro de las reglas corporativas de la compañía, el episodio reabrió el debate sobre el alcance real de la autonomía de la junta directiva frente al Gobierno nacional, accionista mayoritario de la petrolera.

De acuerdo con la estructura de gobierno corporativo de Ecopetrol, el presidente de la República puede solicitar la renuncia de integrantes de junta, aunque la decisión final debe ser avalada por la asamblea de accionistas.

Fuentes citadas por distintos medios señalaron que, por ahora, no existiría un reemplazo inmediato para Castaño, por lo que la junta quedaría integrada temporalmente por ocho miembros.

La situación ha despertado inquietud en sectores empresariales y financieros debido al impacto que puede tener sobre la percepción de estabilidad institucional de la compañía.

La salida del directivo adquiere relevancia por su perfil técnico y su trayectoria dentro del sector energético colombiano.

Castaño trabajó durante más de 20 años en Ecopetrol y ocupó cargos relacionados con exploración, yacimientos y recuperación mejorada de crudo hasta su salida en 2021. Posteriormente se desempeñó como consultor independiente y asesor en temas energéticos.

Además de su experiencia profesional, es ingeniero de petróleos y cuenta con una maestría en ingeniería de la Academia Estatal del Petróleo y Gas I.M. Gubkin de Moscú, así como estudios de ingeniería industrial en la Universidad de los Andes.

Uno de los elementos que más ha llamado la atención alrededor de este caso es que Castaño participó en la elaboración de informes técnicos utilizados por el presidente Gustavo Petro para sustentar sus críticas al fracking y cuestionar la permanencia de Ecopetrol en la cuenca del Permian, en Estados Unidos, considerada uno de los activos más rentables de la empresa estatal.

Sin embargo, pese a haber llegado a la junta con respaldo del Gobierno, las diferencias recientes sobre la gestión interna de la compañía habrían deteriorado la relación con sectores cercanos a la Casa de Nariño.

Según versiones divulgadas por Semana y replicadas por otros medios nacionales, la molestia del presidente Petro se habría originado tras cuestionamientos internos de Castaño sobre la continuidad de Ricardo Roa como presidente de la petrolera.

La controversia ocurre además en un momento complejo para la empresa. La calificadora Standard & Poor’s incluyó recientemente problemas relacionados con el gobierno corporativo entre las razones que explican la rebaja de la calificación crediticia de Ecopetrol.

La firma advirtió sobre riesgos asociados a la influencia política en las decisiones estratégicas y a la inestabilidad administrativa dentro de la compañía.

El episodio ocurre además en un momento especialmente sensible para Ecopetrol por la situación judicial de su presidente, Ricardo Roa Barragán.

En la tarde de este lunes se realizó la audiencia de imputación en su contra por presuntas irregularidades relacionadas con la financiación de la campaña presidencial “Petro Presidente”, diligencia en la que Roa no aceptó los cargos y se declaró inocente.

La Fiscalía aseguró que, como gerente de campaña, habría permitido superar los topes electorales establecidos por la autoridad electoral y posteriormente reportar balances que aparentemente cumplían con los requisitos legales.

Durante la audiencia, el ente investigador presentó facturas, soportes contables y registros financieros que, según su tesis, demostrarían gastos asociados a logística, seguridad y eventos de campaña que no habrían sido reportados correctamente ante el Consejo Nacional Electoral.

La Fiscalía sostiene que los topes habrían sido excedidos en más de 1.388 millones de pesos en primera vuelta y 276 millones en segunda vuelta, un proceso que aumenta la presión política e institucional sobre la petrolera estatal en medio de los cuestionamientos por su gobierno corporativo y las recientes tensiones dentro de su junta directiva.