En un nuevo intento por superar el retraso de años y promesas incumplidas, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) firmó un contrato de $80.750 millones para retomar el proyecto habitacional Sauces II en Mocoa, Putumayo. El objetivo es construir 909 viviendas destinadas a las familias afectadas por la avalancha que azotó la ciudad en 2017, una tragedia que dejó alrededor de 300 fallecidos y causó severos daños a la infraestructura de la región. Hasta el momento, el proyecto había sido suspendido en varias ocasiones, lo cual mantuvo a las familias damnificadas en condiciones precarias e incertidumbre.
La Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial, Enterritorio S.A., será la encargada de retomar el proyecto. Esta entidad, una empresa mixta adscrita al Ministerio de Hacienda, asumió la responsabilidad que otros contratistas abandonaron, lo cual generó escepticismo en la comunidad. El director de la Ungrd, Carlos Carrillo, expresó con determinación la importancia de este contrato: “La reconstrucción de Mocoa ha sido uno de los grandes fracasos de Colombia como Estado, en esta tarea ya han fallado tres gobiernos. Hoy podemos decir que hemos firmado un contrato con Enterritorio para comenzar finalmente la construcción de esas 909 viviendas por las cuales los mocoanos llevan años esperando”.
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Como primer paso, la empresa comenzará las obras de adecuación del terreno en los próximos días, realizando tareas de descapote, limpieza y preparación del lote, garantizando que el espacio sea óptimo para la construcción de las viviendas proyectadas. Adicionalmente, la entidad trabaja en los estudios y diseños de las primeras 333 viviendas, procurando lograr un impacto urbanístico que beneficie a las familias y al desarrollo de Mocoa, así como a la sostenibilidad de la infraestructura. Este enfoque, aseguran las autoridades, tiene el objetivo de prevenir futuros desastres y ofrecer una mayor calidad de vida a los beneficiarios.
En un esfuerzo por dinamizar la economía local y ofrecer una solución verdaderamente participativa, el proyecto involucra a la población afectada. Según el director de la Ungrd, el 80% de los trabajadores que contrate Enterritorio deberán ser damnificados de la avalancha, una medida que busca no solo la reconstrucción física de la ciudad, sino también brindar empleo y dignidad a quienes más lo necesitan. “Queremos que ellos mismos participen en el alistamiento del terreno”, señaló Carrillo, enfatizando la importancia de la inclusión de la comunidad en la reconstrucción de su propio entorno.
No obstante, la reubicación de los damnificados y la reconstrucción de viviendas no son las únicas necesidades de infraestructura en Mocoa. Durante estos años, surgieron también demandas para completar obras de mitigación y construir infraestructura esencial como una plaza de mercado en un terreno que permanece desatendido. Además, se expresaron preocupaciones por la falta de proyectos adicionales para evitar futuras tragedias, algo que expertos consideran crucial en una región vulnerable a los desastres naturales.
Este nuevo compromiso de Enterritorio se suma a otros proyectos que la entidad suscribió en el país. En 2024, firmó contratos con el Ministerio de Salud, el Fondo Nacional de Vivienda y la Agencia de Desarrollo Rural, todos orientados a mejorar infraestructuras y servicios esenciales en distintas áreas. Por ejemplo, en La Guajira, Enterritorio trabaja en la supervisión de subsidios y en la ampliación de Centros de Atención Primaria de Salud (Caps), parte de un contrato valorado en $82.000 millones.
Con los años de retraso y la urgente necesidad de vivienda, las familias en Mocoa ahora esperan que este esfuerzo sea la solución definitiva para su reubicación y estabilidad. La expectativa es que las nuevas inversiones logren, al fin, hacer justicia a una comunidad que ha sufrido las consecuencias de promesas incumplidas y una crisis habitacional prolongada.
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