
En un desenlace favorable para la política local, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca decidió no proceder con la demanda de pérdida de investidura presentada contra ocho concejales de Bogotá, quienes habían respaldado la reactivación de la Avenida Longitudinal de Occidente (ALO Norte) en el Plan Distrital de Desarrollo (PDD) del alcalde Carlos Fernando Galán.
Este proyecto, que busca mejorar la movilidad en la capital, había puesto en riesgo las curules de los concejales por varios meses, tras la denuncia de un ciudadano preocupado por la relación entre la ALO Norte y una ciudadela educativa.
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Contexto de la demanda y decisiones judiciales

Los concejales involucrados son Sandra Forero Ramírez (Centro Democrático), Daniel Briceño (Centro Democrático), Juan David Quintero Rubio (En Marcha), Julián Uscategui Pastrana (Centro Democrático), Marco Acosta Rico (Colombia Justa Libres), Clara Sandoval (Partido Liberal), Juan Manuel Díaz (Nuevo Liberalismo) y Cristina Calderón Restrepo (Nuevo Liberalismo). La acción legal fue impulsada por el ciudadano José Romilio Correa Muñoz, que argumentó que los concejales habían incurrido en la indebida destinación de recursos públicos al aprobar el PDD.
Además, el demandante aseguró que la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá había adjudicado un contrato a la firma Constructora Las Galias S. A. S. para llevar a cabo la Ciudadela Educativa y del Cuidado en Suba. “Dado que cambiaron la finalidad de los bienes destinados para la ejecución de la Ciudadela Educativa y del Cuidado previsto en el POT”, menciona la demanda.
Aunque todavía no se han emitido fallos para todos los demandados, cinco de ellos han recibido decisiones a su favor. “No se demostró que su participación constituyera una indebida destinación de dineros públicos, ni que hubiese desviado recursos con fines distintos a los establecidos en la ley o el Plan de Ordenamiento Territorial (POT)”, aclaró el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en varios de sus fallos.
Gestión de recursos y futuro del proyecto

La ALO Norte se considera uno de los proyectos de infraestructura más cruciales para la movilidad en Bogotá. Su objetivo es mejorar la conectividad entre el norte y el sur de la ciudad, reduciendo los tiempos de viaje y facilitando el desarrollo económico y social. La reactivación del proyecto se había convertido en un tema candente, especialmente después de que la administración de la exalcaldesa Claudia López lo había hundido, priorizando en su lugar la creación de la Ciudadela Universitaria en la localidad de Suba.
“Esta reactivación no es un capricho, es una necesidad que hemos identificado a través de estudios y consultas con expertos en urbanismo y movilidad”, explicó el concejal Juan Manuel Díaz. Actualmente, la ALO Norte está incluida en el PDD, abarcando un tramo entre la calle 80 y la calle 153, y dentro de este plan, se han priorizado 113 obras, con una asignación de $5.000 millones para el año 2025, destinados a complementar los estudios y diseños del proyecto.

El Distrito también aseguró que se estima que la ALO Norte costará alrededor de $3 billones y que el objetivo es contratar la obra en 2026, dependiendo de los estudios en curso. “Gracias al trabajo diligente de mis defensores, hemos respondido a esta denuncia con argumentos sólidos y basados en la legalidad y la transparencia de nuestras acciones”, aseguró el concejal Juan Manuel Díaz, uno de los demandados.
La decisión del tribunal reafirma la importancia del trabajo legislativo en la búsqueda de soluciones que impacten positivamente a la comunidad, dejando claro que las decisiones tomadas en el Concejo deben estar alineadas con las necesidades, el bienestar y las expectativas de la población local.
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