
El presidente Gustavo Petro se mantiene en el “desacato público” que anunció el 12 de septiembre de 2024, al no cumplir con el fallo emitido por el Consejo de Estado en el que se le ordena retractarse de señalamientos que hizo contra Enrique Vargas Lleras, hermano del exvicepresidente Germán Vargas Lleras. Pues, desde la Presidencia de la República se impugnó el fallo de tutela en cuestión.
El primer mandatario acusó a la familia Vargas Lleras (sin mencionar a Enrique Vargas Lleras) de estar detrás de presuntos desfalcos por billones de pesos que se registraron en la Nueva EPS. Esto, lo afirmó en publicaciones en X correspondientes al 28 y 31 de mayo y al 4 de junio de 2024, y en una alocución que hizo el 6 de junio de 2024.
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“Los interesados en defender el sistema de salud mercantil han salido a decir que destruimos la salud. Pero esta es la realidad: En la Nueva EPS, manejada por la familia Vargas Lleras, ocultaron 5.5 billones en deudas mientras hacían gastos billonarios innecesarios. ¿Cómo se reparará esta salud destruida por la codicia?”, señaló el presidente en la publicación del 31 de mayo.

El Consejo de Estado ordenó entonces que se retractara de estas afirmaciones, pero el jefe de Estado no lo hará: “Ahora las tutelas me dicen que tengo que retractarme cuando estoy diciendo verdades”, dijo en un evento público llevado a cabo en Florencia (Caquetá).
Según el máximo juez de la administración pública, aunque no se hizo mención directa del hermano del exvicepresidente, es claro que se refieren a él. “Para la sala es evidente que las comunicaciones anteriores se refieren a las actuaciones del accionante Enrique Vargas Lleras y se sustentan en la investigación adelantada en la Nueva EPS, de la cual formó parte”, precisó en su fallo.

Añadió que, desde su perspectiva, el primer mandatario fue más allá de expresar meras opiniones con respecto a la situación de la EPS, así como tampoco se limitó a informar a la opinión pública sobre la investigación que se está adelantando por presuntas irregularidades en el manejo de los recursos en la entidad promotora de salud.
“En estas comunicaciones se imputó concretamente la existencia de un desfalco millonario, por el que debía responder la familia Vargas Lleras”, precisó el Consejo de Estado.
No obstante, en la impugnación al fallo de tutela, se argumenta que no hubo ninguna vulneración al buen nombre y a la reputación del hermano del exvicepresidente, por lo que la Presidencia solicitó que se nieguen las pretensiones de la misma. Esto, teniendo en cuenta que no solo no se mencionó a Enrique Vargas Lleras, sino que tampoco se hizo claridad de algún cargo en concreto que haya desempeñado como exdirectivo de la EPS.

“Las personas que gozan de un amplio reconocimiento en la esfera pública y política, como el accionante, exigen que este deba acreditar un daño concreto y específico para buscar la protección de su buen nombre y reputación. Esta afectación no se probó en el caso concreto”, se lee en el documento, revelado por Semana.
A la par, se aclaró que, con sus declaraciones, el primer mandatario buscaba comunicar “información objetiva y verificable” en lo que concierne a las irregularidades en la Nueva EPS. A esto se suma que, en ningún momento, hizo una imputación específica de delitos y mucho menos se afirmó que haya sido el responsable de autorizar gastos billonarios “innecesarios”.

Se añade en el documento: “El accionante no acreditó la existencia de un daño concreto que hubiese sufrido como consecuencia de estas declaraciones y publicaciones”.
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